La nueva ola feminista que viene desde el Sur: irrupción, memoria y esperanza

Ante la pasividad, desorientación e inmovilismo de las élites políticas tradicionales, eran las Mulheres Unidas Contra Bolsonaro quienes se ponían al frente de las manifestaciones y lideraban la defensa de los derechos humanos y las conquistas sociales. Conseguían, así, remecer a la sociedad brasileña y enviar un mensaje de advertencia al mundo entero frente al peligroso avance y fortalecimiento del neofascismo.

La imagen de las mujeres apoderándose de las calles también se había hecho visible meses antes en Argentina y Chile. Entre junio y agosto las redes sociales se inundaron de pañuelos verdes en apoyo a las mujeres argentinas que salieron a la calle para exigir su derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Las manifestaciones de solidaridad, que se sucedieron en distintas ciudades del mundo, y el emotivo mensaje de apoyo de las milicianas de las Unidades de Autodefensas Femeninas Kurdas (YPJ) ponían de relieve, una vez más, la enorme capacidad de los feminismos del Sur para romper fronteras y construir alianzas internacionalistas frente al patriarcado.

La histórica vigilia que congregó a más de un millón de personas en las puertas del Congreso Argentino, mientras se debatía la ley de interrupción voluntaria del embarazo, fue la expresión culmine de la fuerza de un movimiento que había ido en aumento con el paso del tiempo. Las feministas argentinas recuerdan que en 1986 cerca de 1.000 mujeres acudieron al primer Encuentro Nacional de Mujeres; mientras que el último, realizado en Trelew-Patagonia, congregó a más de 65.000. Sin duda, el movimiento feminista está en auge, pero tras él hay una genealogía de mujeres y décadas de luchas. Porque en Argentina, es imposible entender el poderío actual del activismo sin regresar a las grandes movilizaciones del año 2015, que tras la consigna “Ni Una Menos” exigían el fin de la violencia de género y los feminicidios; o sin recordar a ese grupo de madres que en 1977, en plena dictadura militar, se ataron un pañuelo blanco en la cabeza y acudieron a la Plaza de Mayo para reclamar la aparición con vida de sus hijos/as desaparecidos/as.

Un poco antes de las movilizaciones argentinas, en el mes de mayo, era la imagen de un grupo de mujeres chilenas danzando encapuchadas y con los pechos al descubierto la que daba la vuelta al mundo. Era la expresión más llamativa de una masiva manifestación callejera contra la violencia sexual y de decenas de acciones que mantenían paralizados centros educativos y facultades de diversas universidades del país. Las protestas habían comenzado en el mes de abril en la universidad Austral después de una denuncia de acoso sexual, que se sumaba a decenas de casos similares, en otras universidades, que permanecían en total impunidad. Y se agudizaron, tras la violación y asesinato de una niña de 2 años y la violación múltiple de una joven por parte de un grupo de hinchas de un popular equipo de fútbol, en un caso que se conoció como “la manada chilena”.

“Nos matan, nos violan y nadie hace nada” gritaban las chilenas en las calles, al mismo tiempo que en las asambleas estudiaban y debatían sobre feminismo. De esta manera, y en un hecho sin precedentes, el “mayo feminista” chileno lograba romper el cerco moral y el silencio cómplice de las élites conservadoras consiguiendo que la educación no sexista y la violencia sexual se convirtieran en el principal tema de debate mediático, político y académico durante semanas. Además, forzaban a las autoridades universitarias a dejar de encubrir la cultura de la violación obligándolas a comprometerse en la creación de protocolos para sancionar y prevenir el abuso sexual. Una vez más el importantísimo movimiento de estudiantes de Chile, el único actor social que había conseguido remecer las bases del modelo neoliberal chileno desde el retorno de la democracia, hacía tambalear los cimientos del país pero, esta vez, la transformación estaba liderada por mujeres con demandas claramente feministas y anticapitalistas, capaces de interpelar al conjunto de la sociedad. Sin embargo, la efervescencia de las luchas feministas no es lo único que tienen en común estos 3 países. Además de su herencia colonial Argentina, Brasil y Chile, el ABC de América latina, comparten estados desmantelados por las reformas neoliberales, enormes desigualdades en la distribución de los ingresos y una desgarradora historia de dictaduras militares. A lo que, últimamente, se suma el auge de influyentes fundamentalismos religiosos y poderosas campañas de desinformación y manipulación de la verdad al servicio de la extrema derecha. El panorama es desolador porque al igual que en Europa en los tres países existe una creciente incapacidad de las élites políticas y de los actores sociales tradicionales de canalizar la frustración de millones de personas frente a las consecuencias del capitalismo extractivista, interpretar sus demandas y construir alternativas capaces de disputar la hegemonía de los sectores conservadores, cada vez más autoritarios, intolerantes y peligrosos. En este complejo contexto muchas miradas se dirigen hacia el movimiento feminista reconociendo en él una fuerza capaz de disputar el relato hegemónico, tensionar el neoliberalismo, enfrentar el neofascismo y cambiar el escenario político de América latina. Efectivamente, las experiencias de Argentina, Brasil y Chile permiten vislumbrar la irrupción de una nueva y vigorosa ola feminista, nacida en el Sur y capaz de poner en evidencia las estrechas relaciones entre capitalismo, patriarcado y fascismo. Elementos constitutivos de las dictaduras cívico-militares que ya tuvieron que enfrentar las feministas de finales del siglo pasado. Porque esta nueva ola feminista es, también, continuidad de una historia de resistencia, desobediencia y luchas compartidas. Y es fruto del riguroso y arduo trabajo llevado a cabo por activistas y organizaciones feministas, en tiempos donde ser feminista era un estigma y no estaba en absoluto de moda. Quizá por ello, las jóvenes que hoy salen a la calle gritan que son hijas y nietas de aquellas brujas que no pudieron quemar y reconocen, con el gesto político y simbólico de llevar un pañuelo, la memoria histórica feminista.

Las últimas movilizaciones han demostrado una gran capacidad para aglutinar, movilizar y politizar a mujeres y hombres. Se ha roto el silencio frente a las agresiones sexuales gracias a un modelo de acción colectiva exitoso, basado en alianzas transversales e inclusivas entre mujeres de diferentes edades, procedencias, orígenes y clases sociales. La fuerza conseguida es esperanzadora, pero uno de los grandes riesgos que enfrenta el movimiento es que este triunfo mainstream del feminismo y su éxito en redes sociales, termine por simplificar el mensaje y despolitizadar las demandas, transformándolas en objetos de consumo o consignas vacías alejadas de la raíz radical y crítica que las originó, hasta convertirlas en una tecnocracia de género a la usanza del feminismo liberal.

A su favor, el feminismo latinoamericano tiene como sello su conexión con los problemas y necesidades reales de las mujeres y su lejanía con las retóricas posmodernas y esencialistas que abundan en el feminismo eurocéntrico. También se nutre de las experiencias de opresión, racismo e invisibilización que sufren, a diario, las miles de mujeres que han debido migrar a países del norte. Por ello, en línea con el manifiesto: “Un feminismo para el 99%” que firmaron activistas e intelectuales como Angela Davis, Zillah Eisenstein o Nancy Fraser para la Huelga del 8 de Marzo en Estados Unidos, las chilenas Luna Follegati y Daniela López plantean que un feminismo que pretenda constituirse en movimiento social y alternativa al feminismo liberal debe ser de fundamentalmente de clase, popular, antirracista, inclusivo y diverso.

Ello supone asumir enormes desafíos. Por una parte, es necesario ampliar el marco de debate a todas las violencias machistas (física, psíquica, sexual, económica, estructural, social, cultural y/o simbólica) e incorporar otras problemáticas que define la economía feminista como la crisis de los cuidados, la explotación, la precariedad, la subordinación, la división sexual del trabajo o el saqueo de la naturaleza. Y, por otra parte, es preciso contextualizar temas como la violencia sexual y el aborto, en el marco de las dinámicas capitalistas y coloniales que crean las condiciones para existan las opresiones de género, raza, clase y orientación sexual. En esta línea debatir, por ejemplo, sobre las relaciones entre aborto, racismo y clase social en el espacio público puede contribuir a la ruptura de los paradigmas culturales y económicos en los que se sustenta la desigualdad. Todo ello sin perder la pluralidad del movimiento, evitando su fragmentación y sin renunciar a las particularidades de cada contexto.

El escenario actual es peligroso, las narrativas de odio antifeministas que propaga la ultraderecha por el mundo exigen a gritos construir redes internacionalistas, enfrentar las disputas que atomizan el feminismo, expandir la ética de la sororidad y practicar el cuidado. Lo que me hace recordar a Alain Touraine, que hace un par de años en un encuentro organizado por chilenos/as en Barcelona, nos decía refiriéndose al feminismo: “sólo los movimientos sociales radicalmente éticos y democráticos tendrán trascendencia”. Entonces, en tiempos oscuros toca mirar, escuchar, acompañar, aprender de los feminismos del Sur y no perder la esperanza.

Artículo de Judith Muñoz Saavedra. Activista, investigadora y docente chilena

Fotografía de Nico Avelluto

A 3 años de la siembra de Berta Cáceres “Derechos para las personas, obligaciones para las multinacionales – Stop ISDS”

➡️ Caso Berta Cáceres: Hubo sentencia, pero no justicia

Este 2 de marzo se cumplen ya tres años de la siembra de Berta Cáceres. Son ya más de mil días desde que en algún despacho alguien ordenara su asesinato mientras dormía, es decir, mientras soñaba. Los sueños de Berta Cáceres eran los de su gente, los mismos de tantas comunidades campesinas e indígenas de todo el mundo: vivir en paz con la tierra, los ríos y los bosques que les dan sentido y subsistencia como pueblo y que, a la vez, protegen el clima y el futuro de toda la humanidad.

Berta fue asesinada por ser la portavoz del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y de la resistencia de su pueblo, porque hay empresas que incluyen la violencia y el homicidio en su estrategia de inversión. Fue asesinada como las otras 1.238 defensoras y defensores ambientales que también lo han sido en los últimos 10 años y como los centenares y miles de personas que, sin llegar a ser asesinadas han sufrido extorsiones, amenazas, desplazamientos forzosos, agresiones sexuales, judicialización, campañas de desprestigio mediático, etc., por cruzarse en el camino de empresas y gobiernos sin escrúpulos.

Empresas como la nacional Desarrollos Energéticos S. A. (DESA), la costarricense Concreto Preesforzado de Centroamérica SA (Copreca), la alemana Voith Hydro Holding (participada por Siemens) y las entidades financieras Banco Holandés de Desarrollo (FMO) y Fondo Finlandés para la Cooperación Industrial (FINNFUND) participaban en el proyecto cuando fue asesinada Berta Cáceres. No fue sino tras una gran presión internacional, que las empresas europeas implicadas se fueron retirando a regañadientes del proyecto.

Tras un juicio plagado de irregularidades el 19 de octubre de 2018 el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa emitió un veredicto de condena contra los acusados como autores materiales del asesinato, pero, tanto la familia de Berta, como el COPINH, denunciaron la impunidad en que siguen quedando los autores intelectuales e inductores del asesinato. Como se dijo en esos días, “Hubo sentencia, pero no hubo justicia”.

Esa impunidad forma parte del entramado de corrupción y violencia que sostiene el modelo extractivista multinacional, que saquea comunidades de los cinco continentes, destruyendo los medios de vida de millones de personas y agotando los ciclos naturales de la vida. Al mismo tiempo se persigue, hostiga y criminaliza a quienes los defienden.

Desde el crimen de Berta el movimiento de solidaridad ha conseguido que gran cantidad de entidades sociales, instituciones públicas, ayuntamientos, parlamentos, gobiernos, incluido el español y la Comisión Europea, se pronunciaran en diferentes momentos y de diferentes formas sobre la necesidad de una verdadera justicia para Berta Cáceres, así como para las decenas de defensores y defensoras de movimientos, organizaciones sociales y comunitarias que han sido asesinados o criminalizadas con total impunidad.

A pesar de todo esto, y a pesar de lo que se ha dado a entender, hoy el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca sigue vigente. Este pasado mes de enero el pueblo lenca, a través del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia MADJ i el COPINH, todavía ha tenido que presentar una acción legal ante la Corte Suprema de Justicia para exigir que se cancele la concesión del proyecto.

Las personas y comunidades afectadas per las violaciones de derechos humanos y ambientales cometidos por las transnacionales en todo el mundo no consiguen acceder a la justicia. En cambio, éstas, amparándose en los Tratados de Comercio e Inversión, pueden demandar a los gobiernos por cualquier decisión que consideren que perjudica sus “legítimas expectativas” de beneficios a través de los llamados Tribunales de arbitraje entre empresas y estados (ISDS).

Ya es hora de acabar con esta impunidad. Necesitamos un sistema de justicia global que ponga en el centro a las personas y al planeta, garantizando los derechos humanos universales. Por eso, desde la Campaña contra los Tratados de Comercio e Inversión (TCI), estamos impulsando la campaña europea “Derechos para las personas, obligaciones para las multinacionales – Stop ISDS”, que se articula en base a una recogida masiva de firmas para involucrar a millones de personas en toda Europa en torno a dos objetivos:

Exigir la eliminación de los “tribunales corporativos” ISDS en todas sus formas, salir de los tratados de comercio e inversión que contengan el ISDS u otro mecanismo similar, y no firmar nuevos tratados de este tipo en el futuro.

Promover el establecimiento de un Tratado Vinculante de las Naciones Unidas capaz de exigir responsabilidades a las multinacionales por la violación de los DDHH, así como establecer leyes europeas y nacionales para poner fin a la impunidad corporativa.

¡Justicia para Berta y para todas las defensoras asesinadas y criminalizadas!

¡Derechos para las personas, obligaciones para las multinacionales-Stop ISDS!

#JusticiaParaBerta #FaltanLosAtala #3AñosSinJusticia #StopISDS #ParemosMultinacionales

Marzo, 2019

 

Caso Berta Cáceres: Hubo sentencia, pero no justicia

 Gustavo Castro Soto. Otros Mundos AC · Chiapas, México

Los dueños de DESA, la familia Atala, cuentan con bancos y otras grandes empresas así como estrechos vínculos con la clase política que se impuso en el golpe de Estado del 2009. Habría entonces que eliminar al COPINH empezando por la líder indígena. Pero cometieron un error. Hubo un sobreviviente, un testigo.

No se había dado una movilización social, mediática y política en todo el mundo como el que se generó con el asesinato de Berta. Inmediatamente el Poder Judicial, Ministerio Público, jueces, magistrados y todo su arsenal intentaron blindar a la empresa DESA como a sus dueños, para deslindarlos del asesinato que conmovió al mundo entero. Pero al parecer también a sí mismos, ya que muchos políticos están involucrados de una u otra manera. Por ello, desde un principio manipularon pruebas y evidencias, falsearon testimonios, me impidieron salir del país de manera ilegal, lo que considero un secuestro de Estado, prohibieron ilegalmente a mi abogada ejercer la profesión para dejarme en indefensión, intentaron criminalizar a la propia organización de Berta. Hubo más hostigamiento y represión contra su organización, entre tantas anomalías e ilegalidades.

Entonces decretaron “secretividad” del expediente para no hacer patentes tantas irregularidades procesales y el gobierno se negó a la creación de una Comisión Independiente que investigara la verdad del crimen. Y ante la fuerte presión para liberar el expediente y que las víctimas tuviéramos acceso a los documentos, seis meses después la magistrada del caso decide llevarse el expediente a su casa, y se lo roban en el camino.

Dos meses después del asesinato, el gobierno no tuvo opción y se vio obligado a avanzar la investigación sobre los autores materiales y retiene en prisión preventiva a los primeros sospechosos de haber participado en el crimen. Durante 2016 y principios de 2017 se llevaron a cabo el resto de las detenciones y el calvario de anomalías y bloqueos por parte del gobierno para avanzar en las investigaciones. Durante las audiencias que se suspendieron continuamente, el Ministerio Público y la Fiscalía se negaron sistemáticamente a presentar información y los peritajes necesarios permitiendo que la fecha final de los dos años y medio para dar fin a la prisión preventiva se acercara: el 5 de noviembre de 2018.

Pese a todas las demandas y recursos interpuestos, el Tribunal convocó al Juicio en junio de 2018, que fue suspendido, luego en septiembre y luego en octubre, de forma ilegal, sin haber terminado el debido proceso, sin haber solucionado los amparos interpuestos y la recusación del Tribunal. Así reza el comunicado firmado por muchas organizaciones internacionales: “Ha sido evidente cómo la conducción de la fiscalía integrada por los fiscales Ingrid Figueroa, Melissa Aguilar, Javier Núñez, David Salgado, Roger Matus, Roberto Blen, bajo la dirección del Fiscal General, Oscar Chinchilla, ha significado, de mala fe e incluso dolo, la obstaculización del proceso judicial, al evitar la realización de peritajes, entorpecer el debido proceso, ocultar información, operar con negligencia en las investigaciones, imposibilitar el análisis de pruebas y peritajes, así como evitar a toda costa el análisis de pruebas de los allanamientos que implican a la empresa DESA y la familia Atala”.

Los jueces del Tribunal de Sentencia responsables de la resolución, Esther Carolina Flores, José Anaím Orellana y Delia Lizeth Villatoro, han negado que el COPINH sea reconocido como víctima; tampoco se ha admitido la solicitud de testigos claves que den fe de la actuación de empleados de DESA frente al crimen; niegan la transmisión en vivo de las audiencias y del juicio y se encierran con cadenas rodeando el Tribunal de policías para impedir incluso el acceso a las familias y miembros del COPINH al “Juicio Oral y Público”.

Así, el Juicio no sólo se convoca de manera ilegal en tres ocasiones, sino que además es ilegítimo. No tiene credibilidad procesal, jurídica, legal, ni de las víctimas ni de la opinión pública nacional e internacional. Se ha caído en responsabilidades penales. Ha actuado el Tribunal violando el debido proceso y sus propias leyes. El Juzgado, el Tribunal de Sentencia, la Corte de Apelación, la Sala de lo Constitucional y el pleno de la Corte Suprema de Justicia, todas las instancias del Poder Judicial han cerrado filas a la ilegalidad y la impunidad. Ya nadie les cree.

A pesar de estar recusado por el COPINH y la familia de Berta, el Tribunal fue convocado desconociendo la representación legal de las víctimas. Así, sin documentos suficientes, sin peritajes adecuados, sin todos los testigos, sin abogados de las víctimas, encerrados bajo candado, rodeados de policías, sin dejar de entrar a familiares de Berta y miembros del COPINH para escuchar el proceso, han llevado a cabo el juicio más vergonzoso para la historia de Honduras. Este es el marco de la sentencia de los imputados.

El 2 de marzo de 2016, a las 11:40 de la noche asesinaron a Berta. Pero no murió, porque se multiplicó y regresó en miles y miles que claman justicia. El COPINH seguirá su lucha valiente en defensa de la vida y a favor del hermoso pueblo hondureño. Y pese a todo, se ha derrotado al sistema judicial de Honduras porque no se cayó en sus trampas para justificar y avalar la impunidad. Bien dijo Berta: “Vos tenes la bala… yo la palabra. La bala muere al detonarse…. la palabra vive al replicarse”.

Este 21 de febrero nos sumamos al Paro en Catalunya

Desde la oficina técnica de Entrepueblos/Entrepobles/Entrepobos/Herriarte os comunicamos que este jueves 21 de febrero nos sumamos al paro y a las movilizaciones convocadas en Catalunya en protesta por el conocido como juicio al “procés”, en el que representantes políticos y dirigentes de la sociedad civil catalana se sientan en el banquillo de los acusados por la organización del referéndum del 1 de octubre de 2017 y donde se acusa a los representantes de las entidades sociales ANC i Ómnium Cultural de incitar a la violencia por la concentración ante la Conselleria d’Economia i Hisenda del día 20 de septiembre.

En palabras del reciente comunicado de Lafede.cat (Federación catalana de ONG de cooperación, paz y DD.HH.) consideramos que “este juicio no se tendría que haber realizado nunca, ya que lo que hay es un conflicto político que necesita de soluciones políticas y no judiciales. Así lo ha defendido la LaFede.cat desde el inicio del “procés” donde siempre ha reclamado diálogo por parte de las dos partes y respeto a los derechos fundamentales, como el derecho a la autodeterminación, y a la libertad de expresión, de manifestación y de información”.

Diferentes organizaciones e instancias internacionales han señalado graves irregularidades en la instrucción del proceso como la tergiversación de las figuras delictivas de rebelión y sedición (ya señaladas repetidamente por los tribunales de todos los países europeos que han tenido que intervenir hasta ahora en el caso); la prisión preventiva injustificada; la falta de tiempo y recursos para la preparación de la defensa; el acceso a la información de los casos; las condiciones de los desplazamientos de los y las presas, etc.

Independientemente de nuestras ideas políticas sobre la mejor salida al conflicto planteado por la demanda de soberanía para Catalunya, nos reafirmamos en la defensa del derecho a la autodeterminación, y la defensa de los derechos y libertades (de expresión, de protesta, de decisión, de manifestación, de información…) para todos los pueblos del Estado español.

Barcelona 19 de febrero de 2019

Carta abierta a los y las eurodiputadas sobre la ratificación de los Acuerdos de pesca UE-Marruecos

Desde unas 250 organizaciones vinculadas con la defensa de los Derechos Humanos (incluyendo observatorios, organizaciones ecologistas, organizaciones de la sociedad civil y personas individuales, entre las que figuran profesores de derecho internacional) enviamos una  carta abierta a los y las europarlamentarias, para pedirles que voten en contra de la ratificación del Acuerdo de Colaboración UE- Marruecos en el sector pesquero.

  • El acuerdo afecta a aguas adyacentes al Sáhara Occidental, y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se ha pronunciado en repetidas ocasiones sobre acuerdos anteriores concluyendo que el Sáhara Occidental no forma parte de Marruecos y que, por tanto, sus recursos no pueden ser explotados por otra potencia. Por ende, los acuerdos firmados con Marruecos no son extensibles al Sáhara Occidental.
  • El Acuerdo incumple el requisito de consulta previa a la población saharaui.
  • Falta de transparencia y opacidad del proceso de negociación.
  • La propuesta a votar menciona de forma repetida la sostenibilidad pero no establece ningún tipo de garantía de la misma.
  • El Acuerdo pone en grave riesgo el desarrollo económico de la región norteafricana occidental y su aprobación tendría consecuencias nefastas sobre los recursos naturales del Sahara Occidental.
  • El Acuerdo legaliza un derecho extractivo postcolonial de empresas europeas habilitadas para explotar los recursos naturales del Sáhara Occidental.
  • Se trata de un acuerdo con efectos extraterritoriales a las partes que lo concluyen y que abre las puertas a una sistemática vulneración de derechos sociales y económicos, a partir de idénticas praxis con las que se ha devastado el sector marítimo y las pesquerías mediterráneas.

 

📤 Texto de la carta abierta a los y las eurodiputadas en PDF

 

 

Carta abierta a los y las eurodiputadas sobre la ratificación de los Acuerdos de pesca UE-Marruecos

Estimado/a Sr./ Sra.,

Desde diferentes observatorios vinculados con la defensa de los Derechos Humanos y organizaciones ecologistas nos ponemos en contacto con usted, ya que en los próximos días se tomarán importantes decisiones en el Parlamento Europeo que afectarán de manera directa a la población del Sáhara Occidental en relación con el futuro y sostenibilidad de los recursos naturales de este territorio.

El 13 de febrero en Estrasburgo, está previsto que el Parlamento Europeo someta a votación la renovación del Acuerdo de Colaboración con Marruecos en el sector pesquero, Sustainable Fisheries Partnership Agreement between the European Union and the Kingdom of Morroco, y que afecta a aguas adyacentes al Sáhara Occidental.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se ha pronunciado en varias ocasiones sobre estos acuerdos (1), concluyendo que el Sáhara Occidental no forma parte de Marruecos y que, por tanto, sus recursos no pueden ser explotados por otra potencia. Por ende, los acuerdos firmados con Marruecos no son extensibles al Sáhara Occidental.

Igualmente, es importante llamar la atención sobre el pre-requisito obligatorio de consulta previa a los y las saharauis, señalado en su momento como indispensable por el TJUE (2) y que no ha sido respetado.

La opinión desfavorable a la firma de los Acuerdos de pesca del Frente Polisario, representante saharaui reconocido por parte de las Naciones Unidas e interlocutor legítimo con las instituciones comunitarias, ha sido ignorada de manera deliberada. En su lugar, tal y como denuncian varias organizaciones de la sociedad civil saharaui, en procesos de consulta recientes, como la ampliación del acuerdo de asociación, se han consultado a empresas y organizaciones sospechosas de connivencia con el Reino de Marruecos y con la ocupación del Sáhara Occidental (3).

Por otro lado, desde el punto de vista de la sostenibilidad de los recursos, resulta preocupante que en el texto se afirme que el Reino de Marruecos es “la única entidad con la que puede celebrarse un acuerdo de este tipo, habida cuenta de que ninguna otra entidad podría garantizar el carácter sostenible de la explotación de dichos recursos”, puesto que Marruecos es quien impide que los propios habitantes del Sáhara Occidental, los mayores interesados en la sostenibilidad de sus recursos, puedan ser quienes así lo garanticen.

La propuesta a votar menciona de forma repetida la sostenibilidad pero no establece ningún tipo de garantía de la misma: los caladeros más al sur, los pertenecientes al Sáhara Occidental, son los más expuestos a la pesca industrial ya que son los más alejados de las costas europeas, mientras que las embarcaciones que en el acuerdo se denominan “artesanales” quedan reducidas a los caladeros del norte, en aguas marroquíes. En el reglamento no figura ningún límite de pesca para la mayoría de los barcos beneficiarios de este acuerdo: únicamente quedan fijadas las posibilidades de pesca de la flota industrial pelágica, lo cual abre la puerta a la sobreexplotación de los recursos.

Este Acuerdo, que avanza en la destrucción de empleos fruto de la expansión de la pesca industrial y de gran potencia, pone en grave riesgo no sólo el desarrollo económico de la región norteafricana occidental sino que además legaliza un derecho extractivo postcolonial de empresas europeas habilitadas para explotar los recursos naturales del Sáhara Occidental. Se trata de un acuerdo con efectos extraterritoriales a las partes que lo concluyen y que abre las puertas a una sistemática vulneración de derechos sociales y económicos, a partir de idénticas praxis con las que se ha devastado el sector marítimo y las pesquerías mediterráneas.

Exportamos un modelo extractivo insostenible y antisocial, con el que no se fomentará un modelo económico respetuoso con los derechos humanos: ¿La UE y los Estados de la Unión están dispuestos a aplicar la misma política en el Sáhara Occidental que la que nos llevó al riesgo de desaparición del preciado atún rojo, el chanquete o la sardina, entre otras? ¿Hasta dónde se pretende seguir promoviendo la gran captura de tipo industrial, de competencia desleal y claramente desigual, con efectos insostenibles a medio plazo? ¿Cuánto habrá que esperar para que la Unión Europea lidere la recuperación de la pesca selectiva de artes menores?

Por todo ello, frente al flagrante incumplimiento de la jurisprudencia comunitaria referida a la situación del Sáhara Occidental, y por la necesidad de evitar sus graves efectos sociales y ambientales, instamos a su señoría a votar en contra de la ratificación del Acuerdo de pesca entre UE y Marruecos, hasta que excluya explícitamente la explotación de los recursos provenientes del territorio de Sáhara Occidental y, en todo caso, asegure un desarrollo bajo criterios democráticos, sociales y culturales. .

ORGANIZACIONES FIRMANTES (Por orden alfabético):

  • CEAS (Coordinadora estatal de Asociaciones amigas del Sàhara) – 16 asociaciones
  • Consell Nacional de la Joventut de Catalunya – El Consejo Nacional de la Juventud de Cataluña (CNJC) es la plataforma que reúne casi cien entidades juveniles de Cataluña y consejos locales de juventud.
  • Ecologistas en Acción
  • Entrepobles
  • Federació ACAPS (Federació Catalana d’Associacions Amigues del Poble sahrauí)
  • Federación de Asociaciones de Solidaridad con el Pueblo Saharaui del País Valencià.- 20 entitats federades
  • Lafede.cat, federación formada por 117 organizaciones por la justicia global
  • Mundubat
  • NOVACT
  • Observatori del Deute en la Globalització
  • Observatori DESC
  • ODHE – Observatori Drets Humans i Empreses a la Mediterrània
  • La Plataforma Valenciana de Solidaridad con el Pueblo Saharaui- aglutina a cerca de 40 personas individuales, que incluyen a profesores de derecho internacional de la universidad de Valencia, y entre otros a Javier de Lucas, Director del Instituto de DDHH.
  • SUDS
  • _________________________________________________

(1) Sentencia del TJUE C-104/16 P del 21 de diciembre de 2016 y sentencia en el asunto C-266/16 de 27 de febrero de 2018 y Acto en el asunto T -180/14, de 19 de julio de 2018)

(2) Según la organización Western Sahara Resource Watch, el proceso de consulta de la ampliación del acuerdo de asociación, recientemente aprobado, sólo ha conseguido el apoyo de 18 personas y empresas, sin poder demostrar de qué manera estas entidades consultadas son relevantes para el pueblo del Sahara Occidental. Como explica la organización, “Las 18 son empresas estatales marroquíes, institutos de investigación marroquíes, parlamentarios pro marroquíes elegidos en elecciones ilegales en los territorios ocupados, ONG marroquíes y grupos de empresas marroquíes.

(3) En ocasión a la firma del Acuerdo de Asociación Marruecos-UE, las organizaciones de la sociedad civil saharaui enviaron un comunicado al Comisario Moscovici, con fecha 9 de enero de 2019 expresando su total disconformidad con el desarrollo del proceso de consulta. https://www.wsrw.org/files/dated/2019-01-11/20190111-saharawi_ngos-moscovici.pdf

Defender los derechos humanos en América Latina: acceso a mecanismos de protección internacional frente a la criminalización

Curso para defensores y defensoras para exigir sus derechos mediante el acceso al sistema universal y al sistema interamericano de protección de derechos humanos.

Formación | Del 25 de febrero al 26 de abril del 2019

 

Tanto el Sistema Interamericano de Derechos Humanos como el Sistema Universal y otros sistemas regionales han reconocido la existencia del derecho de los defensores y defensoras a defender lo derechos humanos (DDH) , así como la obligación de los estados de favorecer un entorno favorable para el ejercicio de este derecho.

Sin embargo, tal y como refleja la Comisión Interamericana (CIDH), las personas defensoras aún enfrentan no pocos obstáculos para el ejercicio de sus actividades de promoción y defensa de los derechos humanos en varios países de la región.

Objetivos del Curso

El objetivo  de este curso, organizado por la Asociación Entrepobles y el IDHC, es  fortalecer los conocimientos y las herramientas de los defensores y defensoras para afrontar y prepararse ante las amenazas existentes en su trabajo a través de los siguientes objetivos específicos:

  1. Analizar en profundidad las amenazas y peligros existentes , especialmente los mecanismos y herramientas más utilizadas para su criminalización.
  2. Mejorar el conocimiento sobre los fundamentos de los derechos humanos y los sistemas de protección universal e interamericano, así como ampliar las capacidades de acceso a estos mecanismos por parte de DDH y sus organizaciones.
  3. Introducir las herramientas básicas para elaborar estrategias incidencia generales en el ámbito internacional mediante el acceso a los mecanismos existentes para la protección y exigibilidad de sus derechos y trabajarlas en un caso práctico.

Este curso se imparte en castellano

Destinatarios

El curso está dirigido a defensores y defensoras de derechos humanos que lleven a cabo su labor en América Latina, así como a miembros de organizaciones de derechos humanos, movimientos sociales y otros agentes de cambio que apoyen a las personas defensoras y/o tengan entre sus objetivos el fortalecimiento de sus derechos.

Profesorado

Mirtha Vasquez

Abogada. Especialista en Derechos Humanos y Magister en Gerencia Social por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Docente universitaria en pre grado y Post grado en la Universidad Nacional de Cajamarca- Perú. Miembro directivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Asesora legal de la ONG. GRUFIDES dedicada a la defensa de derechos de comunidades afectadas por actividades extractivas.

Karlos Castilla 

Doctor en derecho por la Universitat Pompeu Fabra, profesor asociado de Derecho Constitucional de la Universitat de Barcelona, responsable de investigación en el IDHC, especializado en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Derecho Constitucional y Migraciones.

June Orenga

Responsable de formación del Institut de Drets Humans de Catalunya. Licenciada en Psicología social, máster en Cooperación Internacional y máster en Derechos Humanos. Ha trabajado en estos ámbitos, tanto desde ONG como desde el sistema de Naciones Unidas en Américal Latina y en Europa.​

 

Datos prácticos

Fecha
Del 25 de febrero al 26 de abril del 2019

Inscripción – https://bit.ly/2srUafF 🖊

Tipo
Formación virtual

Lugar
aulaIDHC.org

Precio
Precio general: 45€
Precio reducido (socios y socias -entidades y personas- de Entrepobles y el IDHC): 35€

Plazas limitadas a 30 personas.

Opciones de descarga

Guatemala: anhelos democráticos y ruido de sables

➡️ Comunicado de las organizaciones sociales ante la crisis institucional en Guatemala

Rosalinda Hernández Alarcón, periodista mexicana, residente en Guatemala, integrante de la Asociación Feminista La Cuerda

De un lado, están las fuerzas conservadoras que recurren por todos los medios a mantener las fuentes de financiamiento ilícito y exacerbar las posturas reaccionarias que violentan derechos democráticos conquistados; y por otro, diversidad de grupos que demandan continuar la lucha contra la corrupción y la impunidad, así como defender la laicidad y la función del bien común que corresponde al Estado.

Esta confrontación de posiciones toma forma en un contexto en el que altos funcionarios públicos y privados cuestionan resoluciones de la Corte de Constitucionalidad (CC), cuyos dictámenes deben ser acatados ya que es la máxima institución del ordenamiento jurídico guatemalteco; proliferan las descalificaciones y la criminalización de voces opositoras; se engavetan iniciativas de ley progresistas, reactivan controles militaristas y reprimen al movimiento indígena y campesino, principalmente.

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE CORTE EVANGÉLICO

A pesar de que la Constitución Política de Guatemala establece la libertad de creencias y ha suscrito convenios internacionales que reconocen los derechos de las mujeres y de la población LGBTI, el mandatario Morales y dirigentes de su partido reivindican sus convicciones religiosas mientras actúan en su función pública.

A toda costa pretenden descalificar las posiciones emancipadoras en un país donde se registra la tasa más alta de natalidad en América Latina, el empobrecimiento de las personas crece al igual que las migraciones y van en aumento los embarazos en niñas (11 y 14 años) y las denuncias por violencias machistas.

Morales defiende como la pareja única permitida, la que integra un hombre y una mujer; que la mal llamada “ideología de género” atenta contra la armonía familiar; que la educación sexual únicamente corresponde a padres y quienes propugnan por postulados distintos a los suyos son “enemigos internos” (concepto utilizado durante la guerra para reprimir), ya que fomentan la polarización social.

Además de sus sesgos pentecostales, en los que la palabra de dios sobresale, altos funcionarios de la presidencia de la República han externado su oposición a obedecer la resolución de la CC que ordena dejar entrar a Guatemala, a Iván Velázquez, quien ha sido ratificado como titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) por el jefe de Naciones Unidas, Antonio Guterres, contrario a una orden presidencial que lo prohibió porque supuestamente atenta contra la soberanía nacional.

Asimismo, han manifestado su rechazo hacia otro dictamen de la CC, que ordena la realización de una consulta comunitaria previo a que la Mina San Rafael reanude sus funciones (explotación de plata, cobre, zinc, y en menor medida oro). En esta oposición, además de funcionarios de gobierno de alto nivel, figuran cámaras empresariales y ex magistrados conservadores que coinciden en imponer los proyectos “de desarrollo” a pesar de que son rechazados por la población de los territorios donde se ejecutan, porque destruyen bienes naturales, benefician principalmente a inversionistas extranjeros y es escasa su oferta laboral.

CONGRESO DE LA REPÚBLICA CON MAYORÍA REACCIONARIA

La legislatura actual ha concertado un “pacto de corruptos”, integrado por diputados que intentan legislar en función de las exigencias evangélicas, califican de “enfermos” a la población LGTBI y como un atentado a la familia y el derecho a la vida los postulados feministas.

Otra de sus características es favorecer los intereses empresariales que han acumulado capitales a través del modelo extractivista. Los integrantes del “pacto de corruptos” defienden las fuentes de financiamiento ilícito como son: la construcción de infraestructura, la compra de medicamentos, la contratación de servicios, entre otras. Aspiran a cooptar el Sistema de Justicia.

Este grupo de parlamentarios también pretende la reelección ininterrumpida y el cambio de bancada sin restricción alguna, así como restar poder de decisión al Organismo Judicial en casos de desafuero de funcionarios públicos, inculpados en hechos de corrupción, tarea que quieren sea exclusiva al Congreso de la República.

Las demandas sociales, como la ley que buscaba una reparación digna para niñas violentadas sexualmente y apoyos económicos para mujeres rurales, son ignoradas. La agrupación Justicia Ya denunció que 129 (del total de 158) diputados intentan cambiar las reglas del manejo de financiamiento electoral para salvar a financistas y secretarios generales de partidos políticos.

ALTOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS SENTENCIADOS

La función pública ha estado impregnada por hechos de corrupción en este país centroamericano, en los que se ha simulado hacer actividades comerciales a fin de apoderarse de recursos del Estado, práctica que –a partir de 2015– se demostró mediante la actuación conjunta del Ministerio Público (MP), a cargo de Thelma Aldana, y de CICIG, dirigida por el comisionado Velázquez.

A pesar del litigio malicioso ejercido por ex funcionarios gubernamentales y sus abogados, existen varias sentencias que demuestran plenamente cómo éstos se apoderaron bajo el amparo de sus cargos de importantes sumas de dinero; por ejemplo: la ex vicepresidenta de la República, Roxana Baldetti; el ex ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla; y el ex titular del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), estos dos últimos pertenecieron a la cúpula militar.

En los procesos judiciales que se siguen figuran como presuntos inculpados además: el ex presidente de la República, Otto Pérez Molina; varios ex magistrados y ex ministros, entre ellos, Williams Mancilla, ex titular de la cartera de la Defensa Nacional, así como dos familiares de mandatario, Sammy Morales y José Manuel Morales, hermano e hijo.

Todos estos casos han sido presentados por MP y CICIP, en los que también figuran grandes empresarios, cuyos resultados son los que motivaron a Jimmy Morales a cerrarle el ingreso a Guatemala al comisionado Velázquez y oponerse a la extensión del mandato de dicha comisión de Naciones Unidas.

En sentido contrario, movimientos ciudadanos departamentales y en la capital, donde resalta la participación estudiantil y de población urbana, demandan intensificar la persecución penal contra las personas corruptas. Exigen la renuncia del presidente de la República y de los diputados, respetar el ordenamiento constitucional, reencauzar la acción legislativa y defender el Estado laico.

UN GOLPE DE ESTADO ESTÁ EN MARCHA

Mujeres indígenas y mestizas, quienes participan en diferentes espacios, se han constituido en una asamblea permanente para rechazar enérgicamente el Golpe de Estado que se está implantando, ante la desobediencia de las resoluciones de la CC y la militarización, que se observa con el fortalecimiento del ejército, su mayor injerencia en decisiones nacionales y presencia constante en las calles y comunidades donde hay movimientos de resistencia.

Para la denominada asamblea de mujeres, la impunidad “afecta de manera importante porque se nos niega el acceso a servicios públicos, impone peores condiciones de trabajo y alimentación, reproduce violencias en distintos ámbitos de nuestra vida, además suprime oportunidades en comunidades rurales y barrios urbanos”.

Representantes de los diferentes movimientos sociales denuncian de manera constante los ataques contra defensoras y defensores de derechos que luchan por sus recursos naturales y territorios. El más reciente hecho ocurrido en octubre, fue en la comunidad de Ixquisis (departamento de Huehuetenango), donde se ha puesto de manifiesto la existencia de un plan para promover una nueva ola de criminalización contra pueblos que rechazan los proyectos mineros, hidroeléctricas, agricultura extensiva.

En Guatemala se está violando el libre acceso a la información, así como la libertad de expresión y de creencias, mediante la difusión de discursos de odio, campañas de desprestigio y manipulación de informaciones públicas. Lo que importa resaltar es que en este país, al igual que en otros del continente (Brasil, Colombia, Costa Rica), la difusión de consignas religiosas fundamentalistas tiene el objetivo de controlar a las personas para mantener sus proyectos de acumulación, mientras que la militarización busca reprimir el descontento social y fomentar el miedo en la ciudadanía. Todo ello, contrario a las exigencias democráticas.

Artículo del Boletín 70 “La nueva ola feminista”

 

 

 

COMUNICADO DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES ANTE LA CRISIS INSTITUCIONAL EN GUATEMALA

Las Organizaciones abajo firmantes:

MANIFESTAMOS

1. Que las acciones que el Gobierno de la República, encabezadas por el Presidente Jimmy Morales, ha realizado desde octubre de 2018 son constitutivas de delito de desobediencia a resoluciones del máximo órgano constitucional.

2. El día de ayer en horas de la noche el investigador de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala -CICIG- Yilen Osorio fue retenido ilegalmente con la pretensión de regresarlo a su país de origen por funcionarios de migración y de la Policía Nacional Civil, bajo órdenes de la Ministra de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Gobernación y el propio Presidente de la República. Este acto es constitutivo de delito, en la medida que varios tribunales y la propia Corte de Constitucionalidad, habían dado un plazo de 12 horas para extenderles visa y permitir el ingreso de 11 investigadores de la CICIG entre ellos el señor Osorio.

3. Luego de varias acciones delictivas por parte del Presidente, la Canciller, el Ministro de Gobernación, el Procurador General de la Nación y funcionarios de Migración, a pesar de que el delito se ha realizado en flagrancia, el Ministerio Publico no ha coordinado las acciones de captura de los funcionarios responsables del delito de desobediencia y detención ilegales.

Frente a estos hechos, demandamos:

1. Al Ministerio Público ordenar el inmediato encausamiento penal de los funcionarios implicados flagrantemente en la desobediencia de la resolución del Juzgado 6to y de la Corte de Constitucionalidad.

2. A la Corte de Constitucionalidad certificar lo conducente contra: a) Presidente Jimmy Morales, b) Ministra de Relaciones Exteriores Sandra Jovel, c) Ministro de Gobernación Enrique Degenhart, d) Procurador General de la Nación Donaldo Vivar y los funcionarios de la Dirección de Migración y de la PNC que hayan participado en la retención ilegal.

3. A la ciudadanía manifestar su repudio frente al duro golpe a la institucionalidad, que está asestando el Pacto de Corruptos encabezados por Jimmy Morales y de ser necesario salir a las calles en defensa de la institucionalidad y democracia en Guatemala acogiéndose al principio constitucional de resistencia pacífica. Así como estar atentas y atentos ante la posibilidad de que el gobierno de Guatemala cancele unilateralmente el convenio firmado con Naciones Unidas. 4. A la comunidad internacional manifestar su condena ante los delitos que se han cometido por parte del gobierno de Guatemala y solicitar prevalezca el Estado de Derecho y la certeza jurídica en el país.

Guatemala, 06 de enero de 2019.

Firmantes: 1. ADRI 2. Alianza Política Sector de Mujeres 3. Asamblea Ciudadana contra la corrupción y la impunidad 4. Asamblea Social y Popular 5. Asociación Comunidad Esperanza, Cobán 6. Asociación Gente Positiva 7. Asociación de Estudiantes Universitarios AEU 8. Asociación La Alianza Guatemala 9. Asociación La Cuerda 10. Asociacion para el mejoramiento habitacional de Guatemala MEJORHA 11. Asoq’nil Chimaltenango 12. Asociación de mujeres indígenas de Santa Maria Xalapan 13. Asociación de mujeres empleadas y desempleadas unidas contra la violencia 14. Autoridades ancestrales mayas y garífunas de Guatemala 15. Consejo de mujeres cristianas 16. Articulación por la vida contra la impunidad y la corrupción 17. CALAS 18. Capítulo Guatemala de Afiliadas y Afiliados de Maryknoll 19. Cer Ixim 20. CIPREVICA 21. Colectiva Actoras de Cambio 22. Convergencia nacional maya Waqib Kej 23. Convergencia por los Derechos Humanos: 24. CAFCA, CALDH, CIIDH, ECAP, ICCPG, ODHAG, SEDEM, UDEFEGUA, UNAMG 25. Comité Cambridge 26. Covip Peten 27. Codevi Alta Verapaz 28. Concodig Huehuetenango 29. Conavigua 30. Consejo Nacional de Victimas 31. Consejo de autoridades ancestrales Maya Achi 32. CPR –Sierra- 33. Comité de Unidad Campesina 34. DEMOS 35. Educa Guatemala 36. Estudiantes por la Autonomía -EPA- 37. FADS 38. Frente Nacional de Juventud 39. Fundación Guillermo Toriello 40. Fundación Myrna Mack 41. Fundacion Rigoberta Menchu 42. Federación de organizaciones y asociaciones para el hábitat popular FODHAP 43. Impunity watch 44. IEPADES 45. Mujeres Transformando el Mundo – MTM 46. Mesa Nacional para las Migraciones – MENAMIG 47. Movimiento de trabajadores Campesinos MTC San Marcos 48. Otra Guatemala Ya 49. Oxlajú Kej Peten 50. Plantones por la Dignidad 51. Radio urbana 52. REDNOVI 53. Refugio de la Diversidad Quiche 54. Red de mujeres positivas en acción 55. Red de Defensoras de Derechos Humanos de Guatemala 56. Sagrada Tierra 57. Sector Religioso Centinelas 58. SEFCA 59. SERJUS 60. UNSITRAGUA HISTORICA 61. Voces de Mujeres

El plan económico y social del gobierno Bolsonaro

Por João Pedro Stedile, João Marcio *

El capitán Bolsonaro ya se comprometió con el “Mercado” a entregar todas las decisiones del área económica al gran Capital, bajo hegemonía del capital financiero y de las empresas extranjeras (personificado en Paulo Guedes y sus Chicago boys, que ponen a Lewy en el BNDES (Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social). Por las declaraciones del presidente electo, será un gobierno comandado directamente por hombres de negocio comprometidos con la reducción del “costo Brasil”, o sea, con el aumento de la ganancia privada. Un gobierno con ese perfil no solo continuaría, sino que radicalizaría la agenda de Temer, a fin de implantar:

  1. La reducción brutal de los costos de remuneración de la fuerza de trabajo (esto es, la reducción del salario mínimo y el fin de diversos derechos laborales, combinados con el deterioro de las condiciones de trabajo, por medio de la generalización del trabajo intermitente, de la tercerización y del desmonte de la justicia laboral);
  2. Apropiación privada de todos los recursos naturales posibles (petróleo, minerales, tierra, agua y biodiversidad), eliminando cualquier traba burocrática o legal. Pasando por encima de las poblaciones tradicionales y preocupaciones ambientales. Vean las declaraciones sobre revisar la demarcación de la Reserva Indígena Raposa Serra do Sol; hay 90(noventa) empresas que presentaron pedidos para explotar sus riquezas minerales. Vean la riqueza del Pré-sal, que la FUP (Federación Única de Petroleros), estimó en un trillón de dólares ya subastados y que irá en aumento. Para eliminar cualquier barrera ambiental colocó un ministro agresivo, sin experiencia y totalmente alineado con el agronegocio y los grandes capitalistas, que los financiaron.
  3. Privatización de todas las 149 empresas estatales. Dejarán solo una parte de Petrobras. Ellos estiman que puede recuperar para los cofres públicos cerca de 850 billones de reales, que van a ayudar a enmascarar el déficit público, sin embargo, representa apenas dos años de intereses que el gobierno paga a los bancos. Y en ese proceso entreguista, entra la aprobación de la entrega de EMBRAER a Boeing. Ya en proceso final de venta, pero aun sin aprobación final del gobierno por la cláusula de reserva.
  4. Privatización de la seguridad social. El problema no es el déficit ni los privilegios, sobre todo de jueces y militares que no serán modificados. Sino que los bancos quieren el derecho de implementar un sistema previsional privado, soñando con los grandes fondos de pensiones, como el ahorro nacional a ser accesado sin costos. Como ya ocurre ahora con el Banco de Brasil, con la previsión de la caja y de Petrobras. Que se convirtieron en grandes operadores en el mercado especulativo de inversiones.
  5. El desmonte y la privatización de la educación pública, mediante la reducción de recursos e inversiones crónicas en escuelas y universidades, la implantación masiva de la enseñanza a distancia a través de empresas privadas, la sustitución de concursos públicos para técnicos y profesores por la contratación por tercerización, la reducción de las becas de estudio, investigación y apoyo a la permanencia en las universidades, la imposición de rectores por el MEC (Ministerio de Educación) contra la elección democrática de comunidad académica y la persecución ideológica a la libertad de enseñanza e investigación;
  6. El desguace y la privatización de la salud pública (mediante el desfinanciamiento del SUS (Sistema Único de Salud), la mala regulación de las empresas privadas de salud, la generalización de las asociaciones público-privadas como modelo de gestión y la sustitución de concursos públicos por la contratación temporal por tercerización);
  7. Además de la privatización del sistema público financiero (Banco de Brasil, BNB, Caixa Federal), habrá un proceso de tercerización y privatización de los servicios públicos en general. Todo lo que puede dar ganancia, será transferido para ganancia de las empresas capitalistas.
  8. El favorecimiento de la industria armamentista (nacional y extranjera), mediante la liberación del porte de armas y la prioridad presupuestaria orientada a las demandas de las policías y las fuerzas armadas.
  9. Un modelo de seguridad publica todavía más belicoso, menos responsable frente a la sociedad y menos responsable jurídicamente; con liberación de venta de armas, disminución de la mayoría de edad penal has los 16 años, y un proceso punitivo que va a llenar los presidios, más de lo que están.
  10. El alineamiento externo de Brasil y su subordinación a los intereses económicos de los EEUU y también un alineamiento político con los gobiernos de derecha como Italia, Israel, Taiwan; colocando al país en una agenda militarista que contraria a su tradición diplomática, pone en riesgo la paz en la región.

Conclusión:

Para implantar una agenda de este tipo (el “libre mercado” para los de arriba y el “sálvese quien pueda” para los de abajo), solo es posible con intimidación, persecución y violencia.

Desde el punto de vista personal, el presidente es un imbécil, tosco, sin cultura, que nunca fue tomado en serio, ni en las fuerzas armadas. Solo es confiable para el “mercado” (la burguesía, como se decía) porque va a tercerizar todas las decisiones estratégicas de su eventual gobierno, dejando sólo pautas secundarias para soltar sus amenazas y lanzar factoides a la opinión pública. Esta es la lectura de los agentes económicos relevantes que están pagando la cuenta de su campaña. El problema (para ellos) es que Bolsonaro está poco preparado hasta para entenderlo, lo que coloca un horizonte de imprevisibilidad e incertidumbre para los “inversores” (los capitalistas). Además, el sujeto no tiene base social organizada y partidaria, capaz de darle sustentación de masas (el PSL es un fenómeno de ocasión, sin consistencia programática).

Por otro lado, Bolsonaro carga con un autoritarismo que es constitutivo de su figura pública, del cual no puede renunciar sin negarse a sí mismo. Y eso es lo que genera una reacción contraria a él que es socialmente plural e internacionalmente consensual hasta ahora.

En suma, el sujeto sólo convence de hecho a los fanáticos que lo siguen. Los capitalistas lo están utilizando ahora, pero ya fue preavisado, estableciendo como plazo de validez la ejecución de las reformas neoliberales (el paquete de maldades contra el pueblo y contra el patrimonio nacional, al estilo terapia de choque -uno o dos años, como máximo). Después de eso, el sujeto será dispensable.

También utilizará el combate “espectacular” y selectivo a la corrupción, a cargo del ministro Moro, reforzando el lava-jatismo, uso político y selectivo de las leyes, combinado con violación de garantías constitucionales, siempre calibrados según la coyuntura. ¡Vuelve a la ley Borges, a los amigos todo, para los enemigos la Ley!

La incerteza (para todos), consiste en que, después de abierta la caja de Pandora, los demonios no vuelven fácilmente y, como dice la ley de Murphy, nada esta tan malo que no pueda empeorar.

 

Traducción: Gerardo Gamarra

 

– João Marcio es professor em Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ)

– João Pedro Stédile es miembro de la Coordinación Nacional del MST y de la Vía Campesina Brasil.

 

Fuente: https://www.alainet.org/es/articulo/197244

Liberada Imelda Cortez, criminalizada por emergencia obstétrica en El Salvador

#HuboJusticiaParaImelda 

Tras 1 año y 7 meses en prisión a la espera de un juicio, ayer, 17 de diciembre, el Tribunal de Sentencia de Usulután absolvió a Imelda Cortez, acusada del delito de tentativa de homicidio agravado, supuestamente por tratar de abortar.

Finalmente, hubo justicia para Imelda gracias al apoyo de todas las voces que se sumaron a la petición de justicia de muchas organizaciones nacionales e internacionales, organizaciones de mujeres y feministas alrededores del mundo en una sola voz.  #SalvemosAImelda y #JusticiaParaImelda

El Salvador es uno de los cinco países en el mundo donde el aborto está completamente prohibido, sin importar las circunstancias.

Seguiremos pidiendo justicia para todas las mujeres encarceladas injustamente. Nos quedan 17 más LibertadAlas17 #Las17ymás

9 de noviembre de 2018

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Agrupación Ciudadana y la Colectiva Feminista, solicitan medidas de protección ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exigiendo al Estado respuesta ante su situación de riesgo y urgencia de Imelda Cortez, y lanzan la campaña #SalvemosAImelda y #JusticiaParaImelda buscando “sensibilizar y amplificar apoyos ciudadanos para exigir al sistema judicial de El Salvador que se reconozca la inocencia de Imelda  criminalizada por emergencia obstétrica.

Entrepueblos/Entrepobles/Entrepobos/Herriarte nos sumamos a esta campaña.

Imelda, a sus 20 años, lleva un tercio de su vida sobreviviendo a la violencia sexual constante, y hoy carga con un delito que no cometió. El 17 de abril del 2017, Imelda fue acusada de homicidio tras un parto extrahospitalario. El 17 de diciembre se celebrará el juicio, tras suspenderse el 12 de noviembre por enfermedad de la Fiscal del caso. Es treméndamente injusto que Imelda tenga que esperar un mes más para saber si será condenada 20 años de cárcel o recuperará su libertad y se hará justicia.

Imelda deberá seguir en prisión por un delito que no cometió

➡Comunicado CEJIL: https://www.cejil.org/es/lanzan-campana-exigir-liberacion-imelda-cortez-criminalizada-emergencia-obstetrica-salvador

➡Link para firmar la petición: https://www.change.org/p/fgr-sv-liberen-a-imelda-justicia-para-las-mujeres-en-el-salvador

➡Súmate al Tuitazo (aquí a las 20h) pide #JusticiaParaImelda #SalvemosAImelda #ElSalvador

¡La vida y la libertad de las mujeres importan! ¡No más criminalización!

Entrepueblos en el 20 aniversario de la declaración sobre defensoras y defensores

Cada día, numerosas defensoras y defensores de derechos humanos y ambientales sufren persecución, amenazas, encarcelamiento, torturas, asesinatos o son víctimas de desaparición forzada por su compromiso con la defensa de los derechos. Las mujeres defensoras sufren, además, un impacto diferenciado: violencia sexual, ataques a sus familias, se cuestiona su liderazgo como mujeres y cuentan con menos respaldo social y menor acceso a las medidas de protección existentes. Legislaciones y mecanismos de protección fallan a la hora de garantizar su vida, libertad sexual, integridad.

Según datos de los informes de ONG internacionales especializadas en el tema como Global Witness o Front Line Defenders, el número de personas defensoras de derechos asesinadas no han parado de crecer en los últimos años. Desde que se adoptó la Declaración sobre Defensores y efensoras en 1998, más de 3.500 personas han sido asesinadas por su labor pacífica de defensa de sus derechos y de sus comunidades. El año 2017 fueron asesinadas más de 300 personas sólo en el ámbito de la defensa del medio ambiente, más de 1.200 en la última década, el 70% de las cuales en América Latina.

Además, constatamos que existe una estrategia internacional, apoyada y financiada por parte de las élites globales, para promover en todos los continentes corrientes políticas y religiosas ultra-derechistas, ultra-patriarcales, ultra-nacionalistas, anti-derechos, homofóbicas y racistas. En el marco de la crisis sistémica global, con una perspectiva de pugna creciente por recursos básicos cada vez más escasos, con las previsiones de proliferación de mayores crisis humanitarias y de una precarización de las condiciones de vida de cada vez mayores sectores sociales, se están recuperando en todas las latitudes, en diferentes grados, modelos políticos que tienen como referencia el militarismo y los regímenes fascistas surgidos en la primera mitad del siglo XX.

Estamos viendo la creciente emergencia de gobiernos y formaciones políticas autoritarias en el continente americano, pero también en Europa y en el mismo seno de la Unión Europea.

En diferentes latitudes observamos también la utilización de determinados sectores del poder judicial por parte de las élites políticas y económicas, como recurso para obtener fines políticos, cuando no lo pueden hacer a través de las instituciones electas.

Y es en este contexto donde también debemos situar los recortes de derechos y libertades fundamentales en nuestro país, inicialmente con la aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana (conocida como ‘Ley mordaza’) y la reforma del Código Penal, y que se ha intensificado con registros, imputaciones, juicios y sentencias por opiniones y acciones, artículos, expresiones artísticas, manifestaciones pacíficas, etc.

Observamos cómo se reproducen en nuestro entorno los mismos patrones de criminalización de la defensa de derechos, que hemos conocido de primera mano en otros continentes, el hostigamiento mediático, parapolicial y judicial de activistas de derechos humanos, como el caso de Helena Maleno, o de sindicalistas imputados e imputadas en el ejercicio de sus derechos de huelga, expresión y manifestación, el de activistas por la independencia de Catalunya –como ocurrió durante años en el País Vasco-, activistas feministas o en el caso de las movilizaciones impulsadas por el SAT en Andalucía.

También hemos visto la creciente utilización al acoso judicial como recurso político, como en los casos de los presos y presas políticas del llamado “proceso catalán”, tanto miembros de organizaciones sociales, como cargos electos de las instituciones, o con los jóvenes de Altsasu.

Y cada vez se hace más patente el sesgo retrógrado, ultra-patriarcal y los prejuicios racistas de una parte importante del poder judicial y del aparato estatal. Al mismo tiempo que constatamos la lentitud y las enormes resistencias a  cualquier avance en los procesos de recuperación de la memoria histórica y reparación de las víctimas del franquismo.

Por todo esto, en este vigésimo aniversario de la Declaración de Defensores y Defensoras, como organización de solidaridad y cooperación internacional pueblo a pueblo, nos reafirmamos, tal como contempla nuestro documento de estrategia vigente, en que “las organizaciones y los movimientos de defensa de los DD.HH. son un campo de trabajo y una alianza importante para Entrepueblos, ya que apelan a la solidaridad nacional e internacional hacia los y las activistas sociales frente a la criminalización de la protesta, promueven la recuperación de la memoria histórica y la lucha contra la impunidad, cuestionan la agenda neoliberal priorizando los derechos por encima de las leyes del mercado, en algunos casos posicionan la agenda amplia de derechos de las mujeres frente a la violencia y las leyes heteropatriarcales. Por todo ello constituyen una forma de protección hacia el resto de movimientos”.

En esta perspectiva entendemos que esta situación nos demanda, en la medida de nuestras limitadas fuerzas:

– Colaborar en la creación de redes internacionales de denuncia, apoyo e incidencia para la protección de las personas y colectivos criminalizados por la defensa de sus derechos.

– Entender que una visión internacionalista de este trabajo requiere la asunción de la situación de privilegio en que vivimos una gran parte de la sociedad europea en el contexto internacional y, por tanto, nuestra responsabilidad en la presión ante los gobiernos y élites económicas de nuestros países implicadas en las vulneraciones de derechos fuera de nuestras fronteras.

– Entender también que existe un continuum entre las tendencias que se observan en el mundo y las que vivimos en nuestro propio entorno y que, por tanto, la solidaridad empieza por ser conscientes de hasta qué punto nuestro futuro está cada vez más ligado a los procesos de resistencia en condiciones muy duras, que tanta gente está soportando en otras latitudes. Del mismo modo que el suyo está cada vez más ligado a nuestra capacidad de hacer frente a las vulneraciones de derechos, al ascenso del fascismo, las políticas del miedo y la seguridad, y al poder corporativo en nuestros propios países.

– Finalmente que nada de esto es posible sin una estrategia de alianzas y cooperación, amplia e inclusiva, entre múltiples actores sociales y políticos, movimientos sociales, a nivel local y global. Y que el empeño de hacer frente a las políticas de criminalización, reducción de las libertades y derechos, y al fascismo cultural, social y político, implica en primer lugar la lucha activa por la emancipación social, anti-colonial, feminista, por la defensa de la vida y del planeta que la sostiene.

Diciembre 2018

Berta Cáceres: hay condenas, pero no hay justicia

Como era de prever en el veredicto pronunciado por el Tribunal de Sentencia hondureño, continúa sin condenar a las estructuras y a las personas que pagaron a los criminales que asesinaron a Berta Cáceres e intentaron asesinar a Gustavo Castro.

La familia de Berta Cáceres y el COPINH denuncian que, a pesar de las innumerables pruebas incriminatorias que el Tribunal recibió, los autores intelectuales, entre ellos la familia Atala Zablah, accionistas dueños de la empresa DESA, siguen gozando de la libertad, porque se ha negado sistemáticamente esta línea de investigación. Con este fallo se condena unicamente al grupo sicarial y a la estructura intermedia relacionada directamente la empresa DESA.

¿Qué intereses están en juego y motivan que el Estado y sus instituciones protejan a los máximos responsables cuyos nombres no son un secreto? ¿Por qué existiendo evidencia de su participación no han sido procesados al día de hoy después de casi 3 años del vil crimen? ¿Qué esperan para cumplir con su responsabilidad??

La impunidad que hasta hoy muestran y disfrutan los autores intelectuales de este crimen, hace parte del entramado de corrupción y violencia que sostiene al modelo extractivista que saquea nuestros pueblos, ante el cual las víctimas juntos a las demás personas, comunidades y organizaciones nos comprometemos a seguirles enfrentando, como lo hizo Berta Cáceres, hasta que la Dignidad, la Verdad y la Justicia, prevalezcan en esta causa y en todas las luchas que ahora mismo se están librando en distintos territorios de Honduras y el mundo.

Desde el asesinato de Berta Cáceres gran cantidad de instituciones públicas, ayuntamientos, Parlamentos autonómicos, el Congreso, el Gobierno español y el Parlamento y la Comisión Europea, se han pronunciado en diferentes momentos y de diferentes formas sobre la necesidad de una verdadera justicia en torno al asesinato de Berta Cáceres, del intento de asesinato a Gustavo Castro, así como a las decenas de defensores y defensoras de movimientos, organizaciones sociales y comunitarias que han sido asesinadas o criminalizadas con toda impunidad.

Si, a pesar de la financiación recibida durante estos años por la cooperación internacional para mejorar el aparato judicial hondureño –especialmente por parte de la cooperación estatal española- los tribunales hondureños muestran esta clamorosa incapacidad de actuar de acuerdo al debido proceso, llega la hora de que la comunidad internacional se pronuncie sobre si estos asesinatos deben quedar impunes.

Desde las organizaciones y plataformas de solidaridad con el pueblos hondureño hacemos un llamamiento a la opinión pública, a las organizaciones y movimientos sociales, para seguir presionando a nuestros respectivos gobiernos para que se hagan responsables de que se haga justicia en unos hechos, en la raíz de los cuales no podemos olvidar que están implicados fondos de inversión públicos europeos.

Comunicado de la Familia de Berta, el COPINH, Gustavo Castro y los equipos legales de la causa ante el fallo que juzga a Sergio Rodríguez, Mariano Díaz, Douglas Bustillo, Elvin Heriberto Rápalo, Edilson Duarte, Oscar Haroldo Torres y Emerson Duarte. (Dado en la ciudad de Tegucigalpa, a los 29 días del mes de noviembre del año 2018.)

[Noticia previa]

Hoy jueves 29 de noviembre, a las 4 PM en Honduras, el Tribunal de Sentencia dictará fallo en el juicio contra los primeros ocho imputados por el asesinato de la defensora de derechos humanos, lideresa lenca y coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), Berta Cáceres.

El 2 de marzo del 2016 personas desconocidas ingresaron a la vivienda de Berta Cáceres Flores, ubicada en La Esperanza, Intibucá y la asesinaron. En los hechos también resultó herido el defensor de derechos humanos Gustavo Castro Soto, de nacionalidad mexicana.

En el marco de este juicio, hemos observado las múltiples irregularidades y violaciones al debido proceso que se han producido hasta la fecha en dicho juicio. Durante la etapa de investigación de los hechos, la representación privada de la familia enfrentó constantes obstáculos para acceder a la prueba recabada por parte del Ministerio Público; siendo así que en por lo menos treinta y cinco ocasiones se realizaron solicitudes expresas sin obtener ninguna respuesta.

Posteriormente en agosto del presente año, a más de dos años de haberse realizado los allanamientos, el Ministerio Público había informado que la mayoría de los elementos incautados no habían sido analizados. Entre ellos, había equipos electrónicos como computadoras, celulares e incluso, el arma de uno de los imputados. Incluso, el Tribunal realizó cuatro órdenes en las que dispuso su entrega, las cuales se incumplieron.

En la audiencia de proposición de pruebas, el Tribunal rechazó dos solicitudes de transmisión vía digital y de grabación en video y audio que se hicieran para garantizar la publicidad del proceso, además, denegó sistemáticamente la incorporación de prueba elemental para demostrar la culpabilidad de empleados y directivos de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), la cual se considera la principal responsable del asesinato.

El máximo acto de parcialidad del Tribunal consistió en dejar sin representación privada a las víctimas y la familia en el proceso, negando la posibilidad a las víctimas de participar en el proceso y obligándoles a aceptar la representación del Ministerio Público, quien como ya se señaló, ha obstaculizado y ocultado información a las víctimas.

El antecedente de dicha decisión ilegal del Tribunal se basa en que, en vista de que se estaban consolidando las condiciones de un proceso irregular y arbitrario, se interpusieron varios recursos, entre ellos uno de recusación que fue denegado y que habilitó la interposición de una serie de recursos de amparo que a la fecha no ha sido resuelto y mantiene vigente la recusación en contra del Tribunal. Esta acción implica que la convocatoria a juicio realizada es ilícita, por lo cual los representantes de las víctimas no se presentaron a la audiencia, señalándole estos aspectos al Tribunal mediante una comunicación previa.

Consideramos que los autores materiales deben ser debidamente juzgados y sancionados, sin embargo, no se alcanzará justicia y no se esclarecerá la verdad respecto del asesinato, hasta que pueda desmantelarse la estructura criminal que está detrás del mismo.

El Estado de Honduras tiene la obligación internacional adquirida en virtud de la firma de diversos instrumentos internacionales y de su propio ordenamiento interno, de garantizar la plena representación de la familia de la víctima y el del COPINH en el procedimiento judicial, así como garantizar una investigación diligente, independiente y conforme al debido proceso, para que se identifiquen, juzguen y sancionen a todos los responsables, materiales e intelectuales de todos los hechos y circunstancias en torno al asesinato de Berta Cáceres.

Hay condenas, pero no hay justicia.
#CapturaALosAutoresIntelectuales
#FaltanLosAtala
#JusticiaParaBerta