Ja tenim la nova revista número 81 d’Entrepobles que inclou una anàlisi sobre la resistència de les comunitats de Pal Cremat i Les Pampes, a…
La victoria del Sí en la Consulta del Yasuní, el pasado 20 de agosto de 2023, abre un periodo esperanzador para Ecuador y para los pueblos latinoamericanos. Este plebiscito nacional ha dejado claro que una mayoría social de todo Ecuador apuesta por una alternativa económica, social y ambiental, por dejar de lado el modelo del petróleo y la minería (ese mismo día arrasó la Consulta para proteger de la megaminería el Chocó Andino, otra de las reservas naturales del país), por preservar la naturaleza y a las comunidades que habitan en ella. El resultado, sin duda, marcará un antes y un después en la lucha por los pueblos y los territorios en todo el mundo: son muchos los Yasuní, muchas las consultas pendientes en todo el Planeta. Pero tendrá también sus dificultades, tal y como explica en este artículo, nuestro activista Àlex Guillamón.
Para el Norte global, en deuda ecológica con Ecuador, es el momento de aprender de esta Consulta, lograda gracias a la unidad y la perseverancia de las organizaciones sociales, indígenas y ecologistas del país. Nuestras legislaciones deben recoger la posibilidad de que sea la ciudadanía la que decida directamente sobre política climática, algo que actualmente no es posible en el Estado español.
Igualmente, urge impulsar organismos e instrumentos legales para que las empresas que operan en el extranjero, especialmente las petroleras y las compañías de minería, no vulneren los derechos humanos ni los derechos de la naturaleza. Iniciativas como el Centre d’Empreses i Drets Humans van en este camino y es importante seguir trabajando para que realmente contribuyan a una transición social y económica justa i equitativa en Latinoamérica.
Tras la victoria del domingo 20, las entidades y organizaciones que han impulsado la consulta ofrecieron una rueda de prensa, de la que recogemos cuatro extractos. Ha sido un orgullo para Entrepueblos colaborar en esta campaña, justa, bella y diversa, que nos recuerda que la naturaleza es la casa grande, que la vida siempre debe estar en el centro, y que la democracia solo tiene sentido desde abajo, escuchando a quienes habitan y cuidan los territorios.
(Ver firmas al final del manifiesto)
La Consulta por el Yasuní “es un precedente extremadamente importante, que puede replicarse en todo el mundo y debería ser una señal de esperanza (…) de que la gente puede decidir en qué dirección quiere ir“. (Helena Gualinga, activista kichwa sarayaku).
El miércoles 10 de mayo recibimos la noticia de que la Corte Constitucional de Ecuador había aprobado la Consulta Popular por el Yasuní, impulsada por el colectivo YASunidos desde 2013 y que permitiría a los ecuatorianos y ecuatorianas frenar la explotación petrolera en una de las zonas con mayor riqueza biológica del planeta.
Una semana más tarde, se confirmaba que el 20 de agosto de 2023, coincidiendo con las elecciones legislativas y presidenciales tras la llamada ‘muerte cruzada’ (disolución de la Asamblea Nacional) del presidente Guillermo Lasso, tendrá lugar la consulta popular bajo la pregunta:
“¿Está usted de acuerdo en que el gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT, conocido como bloque 43, indefinidamente en el subsuelo?”.
En concreto, la ciudadanía decidirá acerca de la permanencia bajo tierra del crudo de los campos Ishpingo, Tiputini y Tambococha, el bloque petrolero 43 (que hace frontera con Perú), también llamado ITT, en el entorno del Parque Nacional Yasuní, declarado reserva de la biosfera por la Unesco en 1989.
“Aunque una gran parte de la infraestructura petrolera ya está construida, tocará decidir si el crudo que aún está en el subsuelo permanece allí y que con esto la frontera petrolera no se extienda sobre el Ispingo –campo que linda con la zona intangible–, territorio de los pueblos Tagaeri y Taromenane (en aislamiento voluntario)”, escribía Esperanza Martínez, de Acción Ecológica, una de las organizaciones que integran Yasunidos y con la que cooperamos en Entrepueblos, en su artículo para la Revista Entrepueblos 78.
El fallo judicial confirma que Petroecuador (petrolera estatal que opera ya en esta zona) tendría por tanto que salir de la zona ITT en el plazo de un año de forma ordenada y progresiva si la consulta tiene un resultado positivo, explicó Jorge Espinosa, integrante de Yasunidos, en una entrevista a Wambra Medio Comunitario.
Éxito para la democracia participativa
Además del reconocimiento de los derechos ambientales y la oportunidad histórica de no avanzar más en la destrucción del Yasuní, en su sentencia, la Corte Constitucional “reprocha el conjunto de acciones estatales que en su momento obstaculizaron el pleno ejercicio de los derechos de participación de los solicitantes”. En efecto, las integrantes de Yasunidos fueron acosadas y criminalizadas por su reivindicación de la consulta, boicoteada a lo largo de esta década por los sucesivos gobiernos de Correa, Moreno y Lasso.
“Todos estos actores políticos no se comprometían, en parte, porque el extractivismo encadena al sector político, no es posible hacerlo dentro de toda esta lógica del crecimiento absoluto del Estado a cambio de la extracción de los recursos. Por eso esta consulta es un ‘bypass’ a toda esta lógica de la corrupción y la abundancia, a todo el sistema. Por primera vez, en todo el Planeta, estamos decidiendo colectivamente dejar el petróleo, y es la única medida real de hacer frente al cambio climático”, añade Espinosa.
“El Yasuní llegó a ser una de las utopías más concretas del ecologismo ecuatoriano. Los últimos 12 años han sido una franca batalla por la utopía, por la comprensión de otras formas de pensar la existencia y por abrir fisuras con la participación ciudadana para conservar este territorio”, subraya también Esperanza Martínez.
Tras 10 años de lucha y activismo, esta decisión de la Corte supone un hecho histórico en Ecuador, ya que es la primera consulta popular de alcance nacional propuesta por la ciudadanía. Esto también marca un precedente mundial sobre la defensa de los derechos humanos y de la naturaleza.
Para Yasunidos, “esta consulta popular realza la importancia de la participación ciudadana y demuestra que podemos fiscalizar directamente al Estado e incluso detener actividades extractivas a través de procesos democráticos“.
“El haberla conseguido es una muestra clara de que la organización popular puede defender derechos, impulsar cambios significativos y frenar el extractivismo que está destruyendo al planeta. Este proceso democrático abrirá un importante debate sobre el modelo de desarrollo actual y plantea nuevas opciones para el futuro del Ecuador. Estamos seguros de que este será el primero de muchos casos impulsados por una ciudadanía que busca un mejor futuro para todos y todas“, concluye Yasunidos.
La pregunta que desde YASunidos se propone para la consulta es:
Fuente: Comunicado Yasunidos.
El pasado 5 de mayo, finalizó la caravana de 10 días por el sur de México, para recorrer las zonas afectadas por los megaproyectos del mal llamado Tren Maya y el Corredor Interoceánico. Una caminata que culminó en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, México. Allí tuvo lugar el encuentro internacional ‘El Sur Resiste 2023: Contra el capitalismo corporativo, patriarcado planetario, autonomías en rebeldía’, en el CIDECI, Universidad de la Tierra de Chiapas, los días 6 y 7 de mayo.
“Luchamos contra los megaproyectos que quieren poner aquí en Chiapas, y si no hacemos nada, entonces donde quedarán nuestros hijos el día de mañana cuando hayan hecho todo lo que dicen“.
Saludo a la Caravana “El Sur Resiste” de las compañeras de Palenque, Chiapas.
Durante el encuentro, más de 1.200 personas, entre ellas una representante de Entrepueblos, se encontraron para “visibilizar el despojo de territorios a nivel nacional y mundial por empresas y proyectos capitalistas, y extractivistas; la violencia que viven los Pueblos Originarios, las mujeres, las infancias como resultado de las guerras y la violencia del crimen organizado; y la imposición de megaproyectos que destruyen el medio ambiente en todo el mundo“, tal y como explica la organización de El Sur Resiste.
En la clausura del encuentro, se subrayaron el dolor y los destrozos que provoca en los cuerpos y los territorios la voracidad del gran capitalismo mundial y, más en concreto, de los daños del tren turístico y otros megaproyectos, así como la cultura de la violencia que ha permeado toda la sociedad, afectando especialmente a las mujeres, las jóvenes, las personas migrantes y los y las defensoras de derechos humanos y ambientales. “Esta infraestructura refleja la profundización de un modelo, basado en la extracción de hidrocarburos fósiles, que durante el siglo XX aceleró, de manera nunca antes vista, los indicadores de contaminación y del calentamiento global, reforzado por energías supuestamente limpias en manos del gran capital extranjero que no representa ninguna transición energética justa para los pueblos”, señalaron las portavoces en la lectura del pronunciamiento del Encuentro Internacional.
Las jornadas unieron en torno a este grito de resistencia a un total de 940 personas del Congreso Nacional Indígena pertenecientes a 38 pueblos originarios, así como a activistas y pensadores de varias partes de todo México y visitantes internacionales de América, Europa y otros lugares como Kurdistán.
La red de incidencia EU-LAT, de la que formamos parte en Entrepueblos, ha emitido un nuevo comunicado en relación a la crisis social y política que atraviesa Perú, haciendo énfasis en la necesidad de proteger y respetar los derechos humanos de todos y todas las manifestantes. Así, en una Carta al Parlamento Europeo con fecha del 14 de abril, EU-LAT pide que la cámara representativa europea exija al Estado de Perú “poner fin a la criminalización de la protesta haciendo uso político del derecho penal, llegándose al extremo de utilizar el tipo penal terrorismo, para garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos al conjunto de la sociedad“.
De igual manera, EU-LAT y la Plataforma Europa Perú (PEP), demandan al Parlamento Europeo que en sus intercambios con el Gobierno peruano insista en que se ponga “fin a la estigmatización y la discriminación racial a las personas que se manifiestan activamente y a las acusaciones de “terrorismo”, y que se atienda y proteja a la población indígena, cumpliendo con el respeto de sus derechos individuales y colectivos así como los compromisos en el desarrollo del país“.
En la Carta, que puedes leer íntegramente aquí, EU-LAT insiste en que la urgencia de investigaciones “imparciales, diligentes, exhaustivas y transparentes“, que esclarezcan los
hechos y establezcan las responsabilidades penales derivadas de ellos, con un seguimiento de los mecanismos fundamentales; que se garantice una reparación integral a las víctimas de las graves violaciones a los derechos humanos y que la Fiscalía peruana destine personal suficiente para realizar todas las diligencias de forma exhaustiva con condiciones de seguridad para los testigos y familiares de las víctimas.
EU-LAT/EU-LAT Network, a la que pertenece Entrepueblos, es una red reconocida de más de 40 organizaciones europeas desde la que se incide en las políticas europeas respecto a América Latina. Se promueven, entre otros elementos, el respeto de los derechos humanos, la protección de personas defensoras y el medio ambiente en América Latina, para que sean incluidos de forma prioritaria en el diálogo político, la cooperación y el comercio de la UE con la región.
Según la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), al menos 49 personas han sido asesinadas en ejecuciones extrajudiciales y uso excesivo de la fuerza durante la represión de las protestas. Por su parte, la Defensoría del Pueblo ha dado cuenta de 1.335 personas heridas (civiles y policías) en protestas, entre el 8 de diciembre de 2022 y el 10 de marzo de 2023.
Tras su misión a Perú a mediados de enero, el vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Stuardo Ralón, condenó el “exceso del uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad” y la “fuerte estigmatización por factores étnico, raciales y regionales por algunas autoridades que se han referido hacia todas la personas indígenas y campesinas como terroristas, terrucos, senderistas o indios, entre otras formas despectivas”. Asimismo, Amnistía Internacional alertó que esta violencia se ha desplegado mayoritariamente contra población indígena aymara y quechua, que hasta la fecha continúan su movilización demandando el cambio de las autoridades porque se sienten marginadas y excluidas. Es más, señaló que las fuerzas del orden hicieron uso indiscriminado de armas letales en contra de los manifestantes, que se puede vincular con el racismo sistémico arraigado en la sociedad peruana y en sus autoridades durante décadas.
Entre el estallido de las protestas y el 10 de enero de 2023, la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) también registró al menos 72 casos de violaciones al trabajo de los medios y agresiones a periodistas. La mayoría de estos ataques fueron perpetrados por la policía y el ejército.
El proyecto pretende contribuir al fortalecimiento de los procesos de autodeterminación de los pueblos indígenas, liderado por mujeres y jóvenes, en…
Proyecto para fortalecer las capacidades en la defensa y exigencia de los DDHH y Derechos de la Naturaleza de la Unión de Afectados/as por Texaco (UDAPT)…
Este proyecto tiene como objetivo promover el fortalecimiento organizativo de 86 comunidades mayas q’eqchies para la defensa de sus derechos ambientales…
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