A través de este proyecto, se promoverá que comunidades y personas defensoras en territorios afectados por actividades extractivas promuevan cambios…
Entrevista a Emilia Salazar, de Demus Perú
Hablamos sobre la crisis política y social de Perú con la socióloga feminista Emilia Salazar, que forma parte del equipo de Demus, una de nuestras organizaciones hermanas en el país andino, todo un referente en la lucha por los derechos de las mujeres. Emilia asistió recientemente en Ginebra al Examen Periódico Universal (EPU) de Naciones Unidas, que evaluó a Estado peruano en materia de derechos humanos.
Lo que está ocurriendo en Perú es un estallido social. Como respuesta hay una represión estatal violenta e inédita, no vista desde hace décadas. Las principales demandas son la renuncia de Dina Boluarte a la Presidencia y la salida del Congreso, nuevas elecciones y una Asamblea Constituyente.
El Ejecutivo, el Congreso, la Policía y las fuerzas militares están cumpliendo un papel bastante represor e indolente en el país. Solo para relatar algunas de las masacres, el 15 de diciembre del 2022 en la región de Ayacucho, 10 personas fueron víctimas fatales de la violencia desproporcionada del Ejército en los alrededores del aeropuerto de la ciudad de Huamanga. Y el 9 de enero de este año, en la ciudad de Juliaca (Puno), la Policía asesinó a 18 personas en cuestión de horas. En las regiones de Apurímac, Arequipa, Cusco, Junín, La Libertad y Lima la represión también ha sido feroz e indiscriminada. Las víctimas fatales presentan impactos de bala, perdigones y bombas lacrimógenas en la cabeza y el torso superior del cuerpo. En total, hay más de 60 personas muertas y más de 1200 personas heridas.
Por otro lado, las detenciones arbitrarias son el nunca acabar. No permiten el ingreso de abogados, de la Defensoría del Pueblo, ni de representantes de organizaciones de derechos humanos a las comisarías hasta horas después de las intervenciones policiales. La gran parte de detenidas y detenidos son ciudadanos de las regiones, comunidades andinas y dirigentes comunales que han llegado a Lima, pero también se viene interviniendo a periodistas y personas que tratan de brindar ayuda a las delegaciones regionales que se encuentran en Lima para ejercer su derecho a la protesta.
Lo que ocurrió en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos fue la gota que colmó el vaso. El 20 de enero, en un claro abuso policial se intervino sin presencia de la Fiscalía, con tanquetas y haciendo uso indiscriminado de la fuerza detuvieron arbitrariamente a más de 200 personas. La mayoría de detenidos fueron campesinas y campesinos, dirigentes de pueblos indígenas, personas quechuahablantes y estudiantes universitarios. Se pueden ver en internet los videos del trato humillante y denigrante que hubo en dicha intervención.
“Llamar terroristas, violentistas o subversivos a quienes están saliendo a las calles –o a quienes se pronuncian en las redes sociales- se está convirtiendo en una cuestión cotidiana”.
A todo esto, se suma el terruqueo por parte de las propias autoridades y los medios de comunicación hegemónicos. Llamar terroristas, violentistas o subversivos a quienes están saliendo a las calles –o a quienes se pronuncian en las redes sociales- se está convirtiendo en una cuestión cotidiana. Los discursos de odio y discriminatorios es la base de la doctrina política que están construyendo y afianzando las élites de poder para deslegitimar cualquier reclamo, protesta o idea que cuestione la desigualdad en el Perú. Esta estigmatización y criminalización tiene raíces profundamente racistas y clasistas. No es difícil ver de dónde viene el terruqueo y a quiénes está dirigido.
La historia en el Perú se está repitiendo en cuanto a la violación de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, como entre los años 1980 y 2000. No se garantiza el derecho a la justicia ni reparaciones integrales con los crímenes cometidos en estas últimas semanas, así como con los casos emblemáticos de violencia sexual durante el conflicto armado y las esterilizaciones forzadas.
Desde Demus nos estamos pronunciando de manera constante sobre la situación político y social del país; creemos que actualmente no hay nada parecido a la democracia y denunciamos la comisión de crímenes de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos a la vida, la integridad, la libertad sexual y la libertad de expresión.
Es difícil hablar de una salida inmediata por las condiciones actuales, al corto plazo te diría que la renuncia de Dina Boluarte, la convocatoria de nuevas elecciones y una reforma policial.
La comunidad internacional parece tener una mejor lectura y estar más conectada de lo que viene ocurriendo. Hablo de los gobiernos y hasta de la prensa porque los medios de comunicación internacionales han cubierto con mayor objetividad. ¿Cómo se puede defender a un régimen que tiene más de 60 muertos encima, cientos de heridos y detenidos? Es imposible.
En la sesión 42 del Examen Periódico Universal (EPU) de Naciones Unidas se examinó al Estado peruano en materia de derechos humanos y varios países de Europa y Latinoamérica manifestaron su preocupación por el estallido social en Perú y lamentaron las muertes. Estos países fueron Noruega, Rusia, Reino Unido, Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, Dinamarca, Estonia, Irlanda, Francia, Paraguay, Polonia, Suiza, Venezuela y Costa Rica. Han condenado los abusos cometidos por la policía y las fuerzas armadas e invocaron a frenar la violencia. Incluso recomendaron respetar el derecho a la protesta y proteger a las defensoras y defensores de derechos humanos, investigar casos de vulneración de derechos humanos durante las manifestaciones, proporcionar medidas que contrarresten las detenciones arbitrarias y el uso desproporcionado de la fuerza, generar condiciones adecuadas para un diálogo respetuoso y constructivo, y juzgar a los responsables de violaciones a los derechos humanos ante tribunales civiles.
Ojalá que esa línea se mantenga porque la situación en Perú es insostenible. El Ejecutivo y el Congreso creen que viven en el mundo de las maravillas. Nunca antes vi una desconexión como esa. Es un régimen que ha perdido toda legitimidad. No puede haber más muertos y heridos. La respuesta política no puede ser seguir disparando y detener arbitrariamente.
Las problemáticas sociales están muy ligadas al estallido social actual. Las regiones donde se vienen llevando a cabo las protestas son las regiones con mayores índices de pobreza y desigualdad en el país. Eso no es casualidad. En el área rural, un 39.7% de la población es pobre. Solo en la sierra rural se estima que un 44.3% de su población está afectada por la pobreza.
El extractivismo también golpea duro a las regiones. Por ejemplo, en Cusco un estudio realizado entre 2018 y 2020 por Amnistía Internacional, en colaboración con la organización Derechos Humanos Sin Fronteras, confirmó que los habitantes de 11 comunidades quechuas de la provincia Espinar ubicados dentro del área de influencia de un proyecto minero, están expuestos a metales pesados. Por otro lado, Cusco es la región que provee de gas natural al país desde hace varios años e increíblemente las cuzqueñas y cusqueños aún no cuentan con el servicio de conexión de gas natural en sus casas.
“Cusco es la región que provee de gas natural al país desde hace varios años e increíblemente las cuzqueñas y cusqueños aún no cuentan con el servicio de conexión de gas natural en sus casas”.
El racismo y la discriminación también es una problemática social muy arraigada en Perú. Somos un país con una subjetividad e imaginarios sociales muy coloniales y racistas. En la actual crisis se ha agudizado y está muy ligada a la estigmatización y terruqueo de quienes protestan. A pesar de este panorama hay algunas voces que confrontan estos discursos de odio, como la de Kelyn Leonela Labra Panocca -presidenta de la Federación Universitaria del Cusco- quien sostiene que ya no se puede implantar el miedo a los campesinos llamándoles terroristas.
En Perú estamos viviendo un retroceso en relación a la igualdad de género y los derechos de la diversidad de las mujeres incluso antes del estallido social. Se han venido presentando iniciativas legislativas que afectarían directamente el acceso al aborto terapéutico, la educación sexual integral y busca eliminar el enfoque de género y derechos humanos en algunas políticas públicas.
Desde hace varios años tenemos una composición mayoritaria conservadora y antiderechos en el Congreso. Lo que nos ha correspondido es resistir para que no nos quiten lo que hemos logrado en los últimos años.
Montse Barba, Comunicación Entrepueblos
Dos pescadores afectados por el vertido de Ventanilla recorrerán, del 14 de febrero al 3 de marzo, seis ciudades del estado español para reclamar la restitución del ecosistema dañado.
Zenón Gallegos y Luis Antonio Díaz, pescadores artesanales y dirigentes de las asociaciones de pescadores de Chancay y Aucallama, junto al sociólogo peruano Alejandro Chirinos, director de CooperAcción, se reunirán en Barcelona, Valencia, Alicante, Madrid, Bilbao y A Coruña con representantes políticos y de la sociedad civil para reivindicar justicia y reparación para los y las afectadas por el derrame de Ventanilla y sus familias, unas 51.000 personas según datos de CooperAcción Perú, así como la restitución de los ecosistemas dañados en las 11.060 hectáreas afectadas por el vertido.
La visita se producirá en el marco de una gira organizada por Asociación Entrepueblos y CooperAcción, con la colaboración de Ecologistas en Acción y el Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL), para reivindicar el fin de la impunidad y el colonialismo de las empresas transnacionales.
Además del impacto socioeconómico de este ecocidio en la pesca, el comercio y el turismo, las principales ocupaciones de la zona, 900 especies animales, algunas en peligro de extinción como la nutria marina o el pingüino de Humboldt, 48 playas y dos áreas naturales protegidas han sido afectadas por el vertido de 10.397 barriles.
Inicialmente la empresa comunicó a las autoridades que solo se habían vertido siete galones (0.16 barriles de petróleo) y que el área afectada era de apenas 2.5 metros cuadrados. RELAPSA, empresa subsidiaria de Repsol, indicó primero que el desastre fue causado por el oleaje anómalo debido a la erupción de un volcán en Tonga. Esta tesis fue desmentida por informes técnicos y datos meteorológicos.
En las semanas previas a cumplirse un año del derrame, la empresa publicó una serie de comunicados señalando que prácticamente todos los problemas generados por el derrame habían sido solucionados. Sin embargo, las autoridades peruanas siguen reportando 71 áreas afectadas, entre las que se encuentran las playas analizadas como Costa Azul, Bahía Blanca y Cavero.
En la actualidad, Repsol afronta 13 procesos administrativos sancionadores por parte de las autoridades peruanas: siete iniciados por el OEFA, cinco por el Osinergmin y uno por el Serfor. De los siete procesos en OEFA por la contaminación con hidrocarburos, cuatro corresponden al incumplimiento de medidas administrativas. A estos se suman uno por incluir información falsa en el reporte de emergencia, otro por no remitir información solicitada por el organismo, y uno más por no adoptar las acciones de primera respuesta establecidas en la normativa ambiental y en el plan de contingencia.
Además, Repsol habría intentado, según las mismas fuentes, que las asociaciones de pescadores afectadas no pudieran personarse como parte en las demandas y además, aprovechando la situación económica desesperada de la población afectada y la falta de apoyo de las autoridades peruanas. Sigue, por tanto, una estrategia de conseguir renuncias a posibles demandas por parte de quienes aceptan unos pagos exiguos en concepto de anticipo.
Marcha de afectados por el vertido de Repsol en Chancay, Perú. Foto: CooperAcción
Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), los daños por el derrame afectarán a la costa peruana entre seis y diez años.
Según el Observatorio de la Sostenibilidad, Repsol es la principal empresa emisora de gases de efecto invernadero del Estado español. Como el resto de empresas del Ibex35, Repsol ha contado durante décadas del apoyo incondicional de todo el aparato de la diplomacia española para extender internacionalmente sus inversiones, maximizando beneficios y disfrutando de impunidad. La misma refinería de Ventanilla responsable de este vertido se amplió en 2017 con un crédito asegurado por la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE), empresa con mayoría de capital público. Y Felipe VI presidió su inauguración en noviembre de 2018. Es decir, que todas nosotras avalamos la inversión en ese desastre.
En las últimas décadas, la regulación de los impactos de las actividades de las empresas transnacionales sobre los derechos humanos y el planeta ha sido una cuestión central en la agenda de numerosas organizaciones indígenas, campesinas, sociales, ecologistas, sindicales y de cooperación en todo el mundo.
En el contexto de la emergencia climática, ecológica y energética en la que nos encontramos, cada vez más gente reclama que el ecocidio debe ser reconocido como un delito universal y que se acabe con esta situación de impunidad corporativa.
Avanzar en el establecimiento de mecanismos efectivos para controlar y sancionar los abusos cometidos por las grandes corporaciones, reparar a las poblaciones afectadas y remediar los impactos socioambientales generados, se ha convertido en uno de los grandes desafíos actuales para la humanidad.
CONSULTA EN NUESTRA AGENDA LAS ACTIVIDADES DE LA GIRA REPSOL
DOSSIER DE LA GIRA REPSOL HAZTE CARGO
Desde Entrepueblos nos solidarizamos con el pueblo peruano, ante los asesinatos, personas heridas y detenciones que vienen aconteciendo en el país, fruto de la represión de la legítima protesta. Estos hechos constituyen graves violaciones de derechos humanos que deben ser investigadas y sancionadas.
Compartimos los pronunciamientos suscritos en el marco de las plataformas de las cuales formamos parte:
En una Carta Abierta dirigida a las autoridades europeas, la Red EU-LAT y la Plataforma Europa Perú (PEP) expresan su gran preocupación sobre las violaciones de Derechos Humanos ocurridas a la luz de los recientes acontecimientos políticos en Perú.
Desde los acontecimientos del 7 de diciembre de 2022, un alarmante número de más de 50 ciudadanos peruanos han muerto y más de 500 nacionales han sido heridos durante las protestas ciudadanas. Mientras tanto, manifestantes y personas defensoras de los derechos humanos han sido víctimas de detenciones arbitrarias y de la negación del derecho al debido proceso.
Teniendo en cuenta la gravedad y la duración de la situación, la Red EU-LAT insta a la Unión Europea a que en sus intercambios con el gobierno peruano insista en el cumplimiento de las normas internacionales de derechos humanos. A tal fin, es esencial mantener canales de comunicación abiertos y articulados con las organizaciones locales de la sociedad civil y las personas defensoras de los derechos humanos en todas las zonas afectadas de Perú.
Lee el Comunicado (24 de enero) aquí.
Otros manifiestos a los que nos hemos adherido (desde el inicio de la crisis en diciembre de 2022).
Jóvenes víctimas de violencia de Cajamarca realizan un mural para sensibilizar a la población de su ciudad sobre las agresiones a las mujeres
¿Cómo manifestar el dolor, la tristeza, la angustia, las heridas que nos produce la vida cuando faltan las palabras? Las habitantes de la Casa Hogar de la Niña Belén, albergue femenino ubicado en Cajamarca (Perú), tienen una respuesta contundente para esta difícil pregunta: la sororidad. Así, al menos, lo expresaron en el taller de tres días que tuvo lugar entre el 16 y el 18 de noviembre de 2022, en el que se planteó a las menores emprender un proceso de creación colectiva que desembocaría en el diseño y confección de un mural para decorar una de las paredes de esta ciudad, emplazada en plenos Andes peruanos.
Para ello, se empleó la técnica de Teatro Foro. Impulsada en la década de los setenta por Augusto Boal en Brasil tomando los aportes de la Pedagogía Crítica de Paulo Freire, forma parte de lo que se conoce como Teatro del Oprimido. Tal y como señala Pierre Medina, actor, director teatral y responsable del taller realizado en la Casa Hogar de la Niña Belén, el Teatro Foro sitúa al actor o a la actriz frente a su propio contexto. “A partir de lo que entienden como su realidad se explica lo que sucede en escena”, puntualiza. Es, así, un camino alternativo para conocer indirectamente las vivencias de las menores en el albergue de manera menos agresiva e invasiva. De acuerdo con Medina, esta es precisamente la clave del éxito de ese modo de abordarlas, ya que lo expresado “parte de ellas“: “Hay libertad, soltura para poder trabajar con las menores”.
Durante las sesiones, se invitó a estas niñas y adolescentes, todas ellas procedentes de entornos en los que han padecido distintas vulneraciones de derechos, incluidas agresiones físicas, a reflexionar en torno a una solución pacífica a los conflictos. Las escenas debían ser representadas, además, sin mediar palabra. El taller, por tanto, les proponía una valiosa lección: expresarse cuando una realidad resulta inefable. De acuerdo con el responsable de las sesiones, “esa comunicación no verbal podría servirles a ellas para momentos en que hablar les cueste. Por ejemplo, en las imágenes que salían durante el taller relativas a la sororidad estaba muy presente el tomarse de las manos, el abrazarse. Ello es una muestra clara de apoyo y de entendimiento. A todo el mundo nos cuesta hablar muchas veces y solamente un gesto, una acción puede ayudarnos”.
Mujeres que son perseguidas, acosadas, violentadas por una sombra amenazante que se vislumbra en los márgenes del marco. Mujeres que caen en brazos de otras iguales para, al fin, salvarse. Porque, ante un contexto que las agrede sistemática y estructuralmente, las mujeres aprenden a protegerse entre ellas casi por instinto.
Ante un contexto que las agrede sistemática y estructuralmente, las mujeres aprenden a protegerse entre ellas casi por instinto.
Esta es la propuesta visual que, finalmente, fue destilada del taller realizado con las menores de la Casa Hogar de la Niña Belén. El trabajo plástico dio comienzo con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, conmemorado el 25 de noviembre, concluyéndose el 11 de diciembre de 2022. En palabras de Aarón Medina, director artista técnico del pintado del mural, se buscó visibilizar lo expresado por las menores “sin victimizarlas, sino sacando lo positivo de ellas”. Así, según el artista, el mural pretende dar a entender la problemática que las envuelve, matizada por ese sentimiento de sororidad compartida.
En este proceso encaminado a promover la sensibilización de la sociedad cajamarquina acerca de la violencia machista, otra de sus fortalezas fue contar con trabajo voluntario para plasmar la apuesta visual. Así, durante las más de dos semanas en que fue llevado a cabo el pintado del mural, voluntarias y voluntarios dieron forma a las ideas expresadas por las menores. Como valora Medina: “Las personas que estuvieron lo hicieron con mucho corazón, empeño y compromiso”.
En sociedades patriarcales como las actualmente existentes, este empeño concienciador resulta indispensable. En este sentido, los Centros de Emergencia Mujer (CEM), dependientes del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), atendieron en Cajamarca un total de 2.857 casos por violencia hacia la población femenina entre enero y noviembre de 2022, según señala la Defensoría del Pueblo. De acuerdo con esta fuente, para el mismo periodo, se registraron, asimismo, 344 denuncias por desaparición, de las cuales el 70%, esto es, 240 afectaron a mujeres en todo su ciclo vital. Sesenta y tres de ellas permanecían en paradero desconocido en el momento en el que el organismo público ofreció el reporte (22 de diciembre de 2022).
Cabe recordar, además, que en contextos de conflicto ecoterritorial, como los que viven algunas comunidades emplazadas en el departamento de Cajamarca, la violencia hacia las mujeres se agudiza. Dada su condición de género, ellas están expuestas a tipos específicos de violencia como las violaciones, el acoso sexual y las agresiones verbales de contenido sexual.
Tanto la puesta en marcha del taller como la creación posterior del mural conmemorativo con motivo del 25N han sido impulsados por la Red Nacional de Promoción de la Mujer-Cajamarca. Esta entidad está conformada por más de 700 personas e instituciones procedentes de todo el Perú que trabajan para “la promoción y defensa de los derechos de las mujeres y la mejora de su posición y condición, en un marco de desarrollo humano sostenible”, tal como se expresa en su página web. Grufides, socia local de Entrepueblos desde el 2007, pertenece a dicha red, habiendo tomado parte activa en todo el proceso descrito. La organización cajamarquina, promotora de la defensa de los derechos humanos y el medio ambiente, lleva a cabo sus intervenciones desde criterios de equidad de género, entendiendo que se trata de un elemento esencial en la construcción de su propuesta en favor del buen vivir.
Reportaje y fotografías de Laura Ibáñez, Perú.
Vídeo de Edgar Mejía
Revista 78 Desde Entrepueblos os traemos la nueva revista número 78 donde la activista Esperanza Martínez escribe acerca de la consulta del Yasuní,…
04-06 de octubre de 2022
Ante un contexto de crisis política y ambiental, inflación, avance del discurso fundamentalista y de la economía neoliberal, cerca de sesenta mujeres procedentes de la Red de Mujeres de Carabayllo (Lima), Red kuskalla (Acomayo), Mujeres Integrantes del COREMUJ (Cusco), Jóvenes de la Declaratoria de la Juventud – Lago Titikaka (Puno), Asociación de Mujeres Defensoras del Territorio y Cultura K’ana (Espinar) así como mujeres de los equipos de DEMUS, KALLPA y Entrepueblos, participaron del 04 al 06 de octubre en el Encuentro de Redes Sociocomunitarias de Mujeres – Por el Buen Vivir Colectivo desde nuestros Feminismos Comunitarios. Este espacio fue organizado por la Asociación KALLPA, en el marco del Convenio AECID: Por el derecho de las mujeres, adolescentes y niñas a una vida libre de violencias, en las regiones de Cusco y Lima, y dentro de la campaña nacional Vivir Sin Miedo.
El objetivo de este encuentro fue el de compartir y conectar entre mujeres sus reflexiones y luchas por una vida libre de violencias desde las practicas vivenciales del Sur Andino. Este espacio fue facilitado por La activista de los derechos de las mujeres y líder indígena del territorio Iximulew (denominado Guatemala tras la colonización), Lolita Chávez.
En el primer día del encuentro, Lolita Chávez estuvo compartiendo sus experiencias del Buen Vivir colectivo en las comunidades originarias y promoviendo diversas reflexiones sobre la política, cultura y economía, así como las diversas violencias que atraviesan tanto a los territorios como a los cuerpos de las mujeres. 
Diversas mujeres han denunciado el hostigamiento y las violaciones de derechos humanos que sufren en sus territorios por parte de las empresas mineras, encontrando muchas dificultades para poder aplicar los mecanismos de denuncia judicial.
Se ha denunciado que la actividad minera ocasiona daños irreparables en los suelos, agua, aire y en la comunidad. Debido a ello, ya no pueden producir en sus tierras y no tienen acceso a agua potable, por lo que dependen de un camión que la trae cada quince días. Los animales beben agua contaminada provocando que muchos expulsan los fetos y en aquellos que logran nacer, muchos lo hacen con malformaciones. Igualmente, se ha denunciado que en sus comunidades hay diversas personas con enfermedades respiratorias y con cánceres debido a la exposición a metales pesados, que incluso está afectando a los embarazos de las mujeres y a la salud temprana de niñas y niños. Este cuadro se agrava con las dificultades que sufren para acceder a los servicios de salud.
También, se ha denunciado el asesinato del exalcalde de Espinar, Oscar Mollohuanca Cruz, cuyo cadáver fue encontrado el día 07 de marzo de 2022. Oscar Mollohuanca fue un gran defensor de los Derechos Humanos y Ambientales1. Una de las activistas presentes en el encuentro también denunció que sufre un continuo hostigamiento y amenazas de muerte.
Sin duda, fue una jornada llena de dolor, rabia y también de sanación. Lolita Chávez en todo momento supo conducir estas denuncias hacia un diálogo de sanación, cuidado y justicia cósmica mediante el acuerpamiento del feminismo comunitario. Así, las mujeres experimentaron que pese a las múltiples violaciones que sufren, no están solas y que sus luchas son las de todas.
En el segundo día del encuentro se viajó hacia el territorio acomaino, con el objetivo de promover el Intercambio de experiencias de la Red de Carabayllo (Lima) y de la Red Kuskalla (Acomaio).
Las mujeres acomainas compartieron su cultura y alimentos, demostrando que la lógica del feminismo comunitario es la del compartir. Tras ello, Lolita promovió una inmersión mística de agradecimiento al Sol, a la Luna, a los Cerros y al Agua. También realizó una limpieza energética con ruda, romero y agua florida, invitando al acuerpamiento y al sentir de los cuerpos de las mujeres.
Después de este momento tan simbólico, se compartió un espacio de diálogo y reflexiones a partir de las experiencias de cada red sobre la Genealogía Ancestral del Feminismo Comunitario. Este proceso generó un ambiente de tal confianza entre las mujeres que permitió dialogar sobre los abusos, violaciones y embarazos no deseados que han sufrido a lo largo de sus vidas. Incluso se trató del placer femenino, algo desconocido para algunas de ellas, consiguiendo estimularlas a profundizar en el conocimiento de sus cuerpos sin que la edad sea una barrera para ello.
El tercer y último día de encuentro estuvo marcado por la visita e intercambio con las mujeres de tejido ancestral comunitario en Chincheros. Tuvimos la oportunidad de conocer de cerca sus milenarios métodos de producción textil de carácter ecológico. Cabe resaltar que muchas de ellas fueron protagonistas del libro “Ellas, Tejiendo Historias desde el Hilo Rojo” promovido en el marco del Convenio.
Se cierra este encuentro con la satisfacción de haber alcanzado su objetivo, vivenciando que, ante tanta injusticia, las mujeres se organizan para romper con la cadena de la impunidad y de la violación de los derechos humanos, asumiendo sus heridas y sanando dentro del acuerpamiento feminista, ya que VIVIR SIN MIEDO ES NUESTRO DERECHO.
PRYSCILA MARQUES RANGEL -Cooperante Entrepueblos en Perú.
Entrepueblos, a través de la Plataforma Europa Perú (PEP) se suma al rechazo de organizaciones nacionales e internacionales al indulto a Alberto Fujimori, sentenciado por los crímenes de lesa humanidad en las masacres de la Cantuta y Barrios Altos.
La Plataforma Europa Perú[1] (PEP) rechaza firmemente la decisión del Tribunal Constitucional peruano que restituye el indulto otorgado al expresidente Alberto Fujimori, culpable por delitos de lesa humanidad y condenado a 25 años de prisión por las masacres de Cantuta y Barrios Altos. Esta decisión contraviene lo dictado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su Resolución de mayo de 2018, en la que establece que el otorgamiento de un indulto en casos de graves violaciones a los derechos humanos va en contra del derecho internacional y constituye una flagrante violación al derecho a la memoria, la verdad, justicia y reparación de las víctimas. Alberto Fujimori cumple condenas por homicidio calificado, secuestro y lesiones graves, que constituyen crímenes contra la humanidad según el Derecho Internacional Penal.
Respaldamos la solicitud de medidas urgentes y de una audiencia a la Corte Interamericana realizada por las organizaciones representativas de las víctimas y pedimos que el Estado peruano no retroceda en sus obligaciones internacionales de derechos humanos. La decisión del Tribunal Constitucional – la última instancia legal en el Perú – elimina la posibilidad de otro recurso de apelación interna para las víctimas, lo cual significa un retroceso en la búsqueda de justicia, verdad y reparación, y fomenta la impunidad en el país.
La PEP se une a las voces de organizaciones nacionales e internacionales que denuncian esta sentencia y reclaman que el Estado Peruano cumpla con sus obligaciones internacionales de derechos humanos, rechazando el indulto. Asimismo, recordamos a las autoridades la necesidad de garantizar el ejercicio legítimo del derecho a la protesta social en las movilizaciones que se han generado en el país como rechazo a la decisión del Tribunal Constitucional.
[1] La PEP es una red que agrupa 15 organizaciones de derechos humanos europeas que velan por la protección de los derechos en el Perú: Perú Support Group (United Kingdom), 11.11.11 (Belgium), Commission Justice et Paix (Belgium), Entraide et Fraternité (Belgium), CATAPA (Belgium), Broederlijk Delen (Belgium), FOS (Belgium), Informationsstelle Perú (Germany), Centro de Investigación y Documentación Chile-América Latina (Germany), Campaña Perú País Minero (Germany), Secours Catholique (France), Perú Kommitten for MR (Sweden), Entrepueblos (Spain), Asociación pro Derechos Humanos de España (Spain), ASTM (Luxembourg).
Defendiendo derechos, protegiendo el planeta. Comunidades originarias, organizaciones de base y defensoras/defensores ejercen sus derechos y participan…
La propuesta pretende contribuir a la disminución de la discriminación y la impunidad que afecta los derechos de las personas LGTBIQ. Para ello, se promoverá…
Carrer d’en Blanco, 73 1º pis
BARCELONA – 08028
+34 93 268 33 66 – +34 690 743 407
Web bidez finantzatutako proiektua: 