Los pueblos indígenas de Ecuador se han movilizado una vez más, como ya lo vienen haciendo desde el histórico levantamiento indígena de los 90, desde este 13 de junio de 2022, para rechazar las políticas neoliberales del Gobierno ecuatoriano que atentan contra el bienestar de la población ecuatoriana en general.

Tal y como resalta la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) que, junto con otras organizaciones indígenas y movimientos sociales (feministas, movimiento estudiantil, ecologistas) está liderando las protestas, el paro nacional es la única vía que ha dejado el gobierno neoliberal de Guillermo Lasso para avanzar en la consecución de derechos colectivos y en la consolidación de una democracia real en el país.

La movilización social comenzó en los territorios a nivel nacional, para trasladarse en la noche del 19 de junio a Quito, donde fue recibida multitudinariamente por los sectores populares de la ciudad al grito de ¡fuera Lasso fuera!

El último levantamiento social con gran alcance registrado en Ecuador fue el también liderado por el movimiento indígena en octubre de 2019, año de movilización social en América Latina. Ecuador no resultó ajeno a esta circunstancia regional y durante el mes de octubre presentó fuertes manifestaciones en respuesta al llamado “paquetazo económico” que incluía la eliminación de los subsidios a los combustibles, entre otras medidas.

Estas movilizaciones sociales del 2019 fueron fuertemente reprimidas por fuerzas policiales y militares, en el entonces gobierno de Lenin Moreno, dejando un saldo de 11 personas fallecidas y cerca de 100 personas con pérdida de ojos por el impacto de perdigones y bombas lacrimógenas. Según el informe elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “se cometieron graves violaciones de Derechos Humanos en contra del movimiento indígena”, sin embargo, a día de hoy, estos hechos continúan en la impunidad.

En un contexto de crisis social y económica en Ecuador, las políticas del gobierno de Guillermo Lasso, dirigidas en gran parte por el acuerdo suscrito con el FMI por el anterior gobierno de Lenin Moreno, suponen la aplicación de drásticos recortes a servicios sociales básicos y gasto público, especialmente en salud y educación. La firma de Tratados de Libre Comercio (recientemente con México en preparación para la entrada a la Alianza del Pacífico, y actualmente en fase de preparación del TLC con China), la promoción de la agroindustria y la falta de cadenas de comercialización que garanticen condiciones justas para pequeñas productoras y productores, ahogan a la agricultura campesina e indígena que, paradójicamente, sustenta el 70% de la demanda de alimentos en el país.

Por otra parte, el aumento del precio de los combustibles desde la entrada del gobierno de Lasso, agudizado por la guerra de Ucrania, ha incrementado el coste de la vida y las condiciones de pobreza de la población. De esta forma, el Ecuador del 2022 es un país donde las desigualdades son cada vez más hirientes, el coste de la vida y la canasta básica sigue subiendo, y esta carestía de la vida no encuentra una correspondencia en un incremento salarial de la gran mayoría de la población, que difícilmente llega a cubrir sus necesidades básicas. A esto se suma la carencia de medicinas en hospitales, la deficitaria educación, y unos niveles de inseguridad ciudadana en aumento.

Además, el gobierno de Guillermo Lasso ha intensificado el modelo económico extractivista, con el pretexto de paliar la crisis económica. Así, durante su primer año de mandato, se propuso duplicar la producción petrolera y promover la inversión en proyectos megamineros en el país. Sin embargo, gran parte de las concesiones mineras otorgadas por el gobierno ecuatoriano se encuentran en territorios de pueblos y nacionalidades indígenas, y no han pasado por un proceso de consulta previa, libre e informada, a pesar de que este derecho está recogido en convenios internacionales ratificados por Ecuador y en la propia Constitución ecuatoriana. En el informe a la nación de mayo 2022, el presidente afirmaba que “ahora que la tendencia mundial es el abandono de los combustibles fósiles, llegó el momento de extraer hasta la última gota de nuestro petróleo”, lo que augura una mayor presión sobre los territorios y un aumento de la conflictividad socioambiental.

A pesar de ser promovido como la solución para el desarrollo y para la salida a la crisis económica por parte del Gobierno ecuatoriano, la imposición del modelo extractivista genera y agudiza las condiciones de pobreza en las comunidades indígenas y rurales por sus nefastas consecuencias. La situación es especialmente grave en el caso de los pueblos y nacionalidades indígenas, que tienen con sus territorios ancestrales no sólo un vínculo material, como proveedor de medios de vida y sustento, sino también un vínculo identitario y espiritual.

A su vez, las recurrentes masacres en las cárceles del país, que en 2021 costaron la vida al menos a 316 personas privadas de libertad, han dado lugar a la peor crisis carcelaria de la historia de Ecuador. En este contexto, la criminalización y judicialización de personas defensoras de derechos y de la naturaleza es doblemente amenazadora, ya que las personas encarceladas, aún en prisión preventiva y sin sentencia firme, sufren el riesgo de ser asesinadas en las cárceles, como sucedió con el defensor Víctor Guaillas, detenido durante las protestas sociales de octubre 2019 por delito de “sabotaje” y asesinado en la masacre de la Penitenciaría del Litoral en Guayaquil, en noviembre de 2021.

Estas circunstancias se configuran como el detonante del paro nacional que se está desarrollando en Ecuador desde el 13 de junio. El movimiento indígena, que se constituye como el actor con mayor poder de convocatoria y de organización en las protestas sociales en el país, y reivindica no sólo los derechos de los pueblos indígenas sino también de los sectores populares, campesinos y empobrecidos, ha concretado sus demandas y solicitudes en 10 puntos prioritarios en materia económica y de derechos.

Las demandas incluyen aspectos como la congelación del precio de los combustibles; el establecimiento de precios justos en los productos del campo y no firmas de TLC que destruyen la producción nacional; la mejora del empleo y derechos laborales; la no ampliación de la frontera extractiva minera / petrolera, y reparación integral por los impactos socioambientales; el respeto a los 21 derechos colectivos de pueblos indígenas; y el aumento de presupuesto urgente para salud y educación, entre otras.

Estas demandas han sido reivindicadas durante más de un año por la CONAIE, sin respuesta por parte del gobierno nacional. De hecho, la CONAIE reclama las burlas, engaños, deslegitimación y narrativa racista y colonial, que se ha instalado en el país como respuesta a sus legítimas reivindicaciones, razón por la que han puesto en marcha la medida de hecho del Paro Nacional.

La respuesta del gobierno nacional del Ecuador a la protesta social ha sido la represión y criminalización, mediante detenciones ilegales y arbitrarias de manifestantes, incluida la de Leónidas Iza, presidente de la CONAIE, que mantuvo en vilo a gran parte del país hasta su liberación; el uso abusivo de la fuerza por parte de la policía nacional y fuerzas armadas, amparado en un Estado de Excepción decretado de forma ilegítima por el presidente Guillermo Lasso, con la práctica sistemática de torturas y el empleo de bombas lacrimógenas y balas de perdigones directas al cuerpo de las y los manifestantes; el ataque con bombas lacrimógenas a universidades que han sido establecidas como centros humanitarios y de acogida; así como la campaña de estigmatización, racismo y odio en contra de los y las manifestantes indígenas, tachados de vándalos, salvajes y terroristas por parte de los discursos oficiales y medios de comunicación mayoritarios. Esta escalada de violencia tuvo su culmen el 24 de junio, cuando el Ministro de Interior, Patricio Carrillo, anunciaba el paso por parte de policía y fuerzas armadas de repeler las protestas a su represión, incluyendo el uso de carabinas con munición múltiple (perdigones).

De esta forma, según los últimos datos que ofrece la Alianza por los Derechos Humanos del Ecuador, a fecha 24 de junio se registran 68 reportes que suponen violaciones de derechos humanos, 5 muertos, 6 desaparecidos, al menos 166 heridos y 123 detenciones. En este contexto de represión, se considera especialmente preocupante el proceso judicial que enfrentará a partir del 4 de julio el presidente de la CONAIE, Leónidas Iza, que se encuentra en libertad preventiva con cargos por paralización de servicio público, ya que en la actualidad ingresar en el sistema carcelario ecuatoriano constituye un serio riesgo de muerte.

En el momento de cierre de este artículo, la Asamblea Nacional de Ecuador está debatiendo la destitución del presidente Gobierno Lasso, tras la solicitud de la bancada correísta de UNES, para la aplicación del artículo 130 de la Constitución ecuatoriana, que incluye la posibilidad de destitución del presidente de la República en caso de “grave crisis conmoción interna”. Desde el 27 de junio el movimiento indígena ha empezado un diálogo con el gobierno.

Ante la impunidad de la vulneración de derechos, se ha puesto en marcha una campaña de contribución solidaria de personas y organizaciones a la Asociación de Víctimas Inocencio Tucumbi, para el apoyo de víctimas y familiares de la represión estatal ejercida por el Gobierno ecuatoriano. Para más información entra en este enlace.

Campaña de contribución solidaria para el apoyo y acompañamiento de víctimas de la represión estatal ejercida por el Gobierno ecuatoriano

El pasado 13 de junio iniciaba en Ecuador una movilización social liderada por el movimiento indígena y sus principales organizaciones (CONAIE, FENOCIN, FEINE) y secundada por otros sectores sociales (estudiantes, movimiento feminista, trabajadores/as), en protesta contra las políticas neoliberales del gobierno ecuatoriano que están agudizando el encarecimiento de la canasta básica, la precarización laboral y el desempleo, la disminución de presupuestos y garantías de acceso a derechos de salud y educación, el incremento de inseguridad y violencia en varias zonas del país y la imposición de actividades extractivas (minería y petróleo) en clara violación del derecho a la consulta previa, libre e informada.

Las demandas sociales de las y los manifestantes, se sintetizan en diez puntos presentados al gobierno ecuatoriano, que constituyen exigencias legítimas de cumplimiento de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales gravemente vulnerados, demandas que han sido sistemáticamente ignoradas por el Gobierno nacional en diálogos previos a las protestas.

Como respuesta a este paro nacional, el Gobierno ecuatoriano ha instaurado la violencia estatal y la represión en el país que, en el marco de un estado de excepción decretado de forma ilegítima por el presidente de la República, a fecha del 22 de junio ha causado ya 81 detenciones ilegales y arbitrarias (incluida la de Leónidas Iza, presidente de la CONAIE, la mayor organización del movimiento indígena a nivel nacional) y el uso desproporcionado de la fuerza a través del ejército y policía, con la práctica sistemática de torturas y el empleo de bombas lacrimógenas y balas de perdigones directas al cuerpo de las y los manifestantes de manera letal, reportándose hasta la fecha 3 muertos, 65 personas heridas (de las cuales 2 están en estado crítico, 5 con pronóstico grave, 11 con lesiones en el rostro y ojo y una con amputación parcial de extremidad superior), así como un menor de edad de 15 años desaparecido.

La toma de la Casa de la Cultura Ecuatoriana por parte de fuerzas policiales, institución autónoma de gestión cultural que es tradicionalmente empleada en las movilizaciones como espacio de ayuda humanitaria; el ataque con bombas lacrimógenas a universidades que han sido establecidas como centros humanitarios y de acogida; el allanamiento de la sede de la organización indígena FENOCIN; así como la campaña sistemática de estigmatización, racismo y odio en contra de los y las manifestantes indígenas, tachados de vándalos, salvajes y terroristas por parte de los discursos oficiales y medios de comunicación mayoritarios; se suman a la larga lista de vulneraciones de derechos humanos y del derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del gobierno recogido en el artículo 98 de la Constitución de Ecuador.

En este contexto, y ante la previsible impunidad de la vulneración de derechos ejercida por parte del estado ecuatoriano, tal y como sucedió tras las protestas de octubre de 2019 acontecidas durante el gobierno de Lenin Moreno, solicitamos la contribución solidaria de personas y organizaciones a la Asociación de Víctimas Inocencio Tucumbi para el apoyo y acompañamiento de víctimas y familiares de víctimas de la represión estatal ejercida por el Gobierno ecuatoriano.

La cuenta corriente a la que pueden depositar sus donaciones es:
ES05 1491 0001 21 30 0007 9938 (concepto: donación emergencia Ecuador, nombre y DNI)

Para más información, comunicado del 21 de junio la Alianza por los Derechos Humanos, constituida por organizaciones sociales para la defensa de los Derechos Humanos en Ecuador.

DENUNCIA PÚBLICA URGENTE

En el marco del Paro Nacional convocado por el Movimiento Indígena de Ecuador, Leonidas
Iza, presidente de la CONAIE es detenido-desaparecido por miembros de FFAA y Policía
Nacional. Los hechos constituyen una nueva acción estatal de criminalización y persecución
del derecho a protesta social y movilización.

Ecuador, 14 de junio de 2022

La CONAIE, Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, denuncia que el día de hoy 14 de junio de 2022, en horas de la madrugada (00:30 aproximadamente), agentes no identificados, presumiblemente de comandos élite de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional detuvieron a Segundo Leónidas Iza Salazar, Kichwa panzaleo y actual presidente de la CONAIE. La detención es ilegal, arbitraria e ilegítima. Cuatro horas después de su detención su paradero sigue siendo desconocido y no se ha presentado ante ninguna autoridad competente a efectos de garantizar su derecho a legítima defensa y tutela judicial. El dirigente Iza permanece desaparecido, incomunicado de sus familiares y sin patrocinio legal. Durante el procedimiento, según quedó registrado, no fue debidamente informado de las razones para su detención ni de los derechos que lo asisten. Este estado de detención en indefensión constituye un trato cruel y degradante.

Según se observa en videos grabados por la ciudadanía y difundidos en redes sociales, la detención se llevó a cabo por individuos vestidos como miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, quienes detuvieron el vehículo de uso personal de Iza, irrumpieron con forcejeos, abuso de fuerza, y sin exhibir orden legal de detención, extrajeron al dirigente indígena. Se lo llevaron sin rumbo conocido en una camioneta marca Chevrolet de color blanco, de placa ordinaria PTR-3246. El vehículo no presenta distintivo de uso oficial y la placa no aparece registrada en servicios consultados, incluidos el Servicio de Rentas Internas (SRI), Agencia Nacional de Tránsito y Agencia Metropolitana de Tránsito.

Todo lo anterior ha ocurrido en el marco del paro nacional que la CONAIE y otras organizaciones sostienen desde el lunes 13 de junio. El paro, convocado con anticipación por el Movimiento indígena y respaldado por otros movimientos, organizaciones y colectivos sociales, es una medida legitima de protesta contra el gobierno por el encarecimiento de la vida, la especulación de precios de la canasta básica, la precarización laboral y el desempleo, la disminución de presupuesto y garantías de acceso a derechos de salud y educación, el incremento de la inseguridad y la violencia en varias zonas del país, la imposición de actividades extractivas (minería y petróleo) en violación de derechos colectivos, entre otros puntos. La convocatoria al paro ha sido respaldada por otras organizaciones y movimientos como el Frente Popular, la Unión Nacional de Educadores (UNE), la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, movimiento sindical; y, movimientos feministas y LGBTIQ, entre otros.

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Historias de resistencia frente a la pandemia y la violencia de género en Perú

Perú. Equipo Entrepueblos: Agustina Daguerre García, Elena Fraile del Río

En el norte de Lima, por la carretera que lleva a las montañas, se encuentra Carabayllo, un distrito histórico de unos 300 mil habitantes, que gracias a los procesos de migración interna fue creciendo en extensión de manera errática e informal. Precarias viviendas construidas sobre lomas de arena por miles de familias que, desde los años 60 y 80, buscaban dejar atrás primero la pobreza y luego la violencia extrema generada por el conflicto armado interno.

Carabayllo, a pesar de la precariedad y al igual que otros distritos de la periferia de la ciudad, ha salido adelante por la fuerza de su gente organizada. Personas que trabajando en comunidad lograron poco a poco mejorar la situación de extrema precariedad de sus pobladores; luchando y exigiendo a gobiernos locales y nacionales de turno el acceso a servicios básicos en esta zona de accidentada geografía cercada por el río Chillón.

En 2017, fruto de esa tradición de vecinos y vecinas preocupadas por el bien común de su distrito, ocho organizaciones sociales de base decidieron unirse. Nacía entonces la Red de Mujeres Organizadas de Carabayllo, una alianza que trabaja por la mejora de la calidad de vida de las mujeres y de su posición en la toma de decisiones sobre sus derechos y situaciones de violencia que enfrentan.

Solo las cifras de 2020, cuando se produjeron 135 feminicidios, 97.926 casos de violencia y 5.521 mujeres desaparecidas, dan cuenta de la grave situación a la que se enfrenta la Red. Eso teniendo en cuenta que las denuncias son ínfimas en relación a todos los casos que se producen. Según datos de Endes de 2019, sol 289 de cada 1.000 mujeres agredidas físicamente acudieron a alguna institución en busca de apoyo. El dato no extraña: ¿quién quiere acudir a un sistema que revictimiza, descree e incluso culpabiliza a la propia víctima?

En un contexto donde cada espacio vacío es ocupado a una velocidad vertiginosa por iglesias de todo tipo con las que disputamos el sentido de palabras tan importantes como vida, familia o comunidad, la apuesta de estas mujeres organizadas en red para prevenir las violencias es un paso fundamental para fortalecer un tejido social profundamente dañado por las lógicas del neoliberalismo, y la ceguera estatal hacia los problemas que atentan contra la vida misma.

Frente a ello, “¿puede ser el feminismo o los feminismos una respuesta real para el día a día de las mujeres peruanas o, por el contrario, dejaremos que el apoyo comunitario llegue atravesado de nuevos mandatos de sumisión, fundamentalismos, control de nuestros cuerpos?” Esta pregunta enunciada por el equipo de la organización feminista peruana, DEMUS– Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer y la Asociación Kallpa-, fue el germen que dio sentido a la alianza de Entrepueblos, Aieti y Enraiza Derechos, en el marco del Convenio de AECID:  Por el derecho de las mujeres, adolescentes y niñas a una vida libre de violencias, que desde el año 2019 trabaja en este barrio periurbano de Lima Norte (además de en Acomayo, zona rural de la región de Cusco).

La pandemia

Es marzo del 2020 y ante nuestra incredulidad inicial frente al paciente cero peruano, de un día para otro acabamos confinadas sin entender muy bien lo que está ocurriendo en el país. Las alas de ¿un murciélago? aletearon en Wuhan a cientos de miles de kilómetros y desencadenaron una crisis sanitaria letal para todo el planeta. Según los datos oficiales, el Perú ocupó, la mayor tasa de mortalidad en Sudamérica al finalizar el 2020[1]. Con su sistema de salud colapsado, con personal médico, paramédico, de fuerzas policiales y militares sin equipos de protección personal, con una crisis de suministro de oxígeno, sin respiradores mecánicos, sin Unidades de Cuidados Intensivos… el coronavirus puso en evidencia los graves problemas que el Perú escondía detrás de sus cifras macroeconómicas. Uno de los países con mayor desigualdad en Latinoamérica, con un sistema de salud precario y al borde del colapso. En Perú, la inversión pública en Salud es del 3,2% del PIB, la mitad de lo que se invierte por ejemplo en Uruguay o Costa Rica y la tercera parte de lo que se invierte en Cuba.

Por si fuera poco, de acuerdo con el índice elaborado por la Universidad de Oxford, Perú fue uno de los países del mundo que impuso medidas de distanciamiento social más estrictas para hacer frente a la pandemia. Desde esta Lima cerrada a cal y canto, más allá del miedo al contagio, nos quitaba el sueño imaginar los miles de mujeres obligadas a convivir con sus agresores a lo largo de cuatro ininterrumpidos meses que duraría la primera fase de inmovilización social obligatoria. Ante la imposibilidad de desplazarnos a los territorios y comunidades solo nos quedaba difundir los canales de denuncia del Centro de Emergencia Mujer, aún sabiendo que era insuficiente; estaban colapsados y no podían atender al teléfono o responder a conversaciones de chats. El Ministerio de la Mujer, a través de su línea de atención telefónica, recibió cerca de 235.791 llamadas de casos de violencia de género, de las cuales un 25% las hicieron niñas, niños, adolescentes. La sensación de impotencia fue enorme.

Las ollas comunes

Aunque la mayor parte de la población acató las normas de inmovilización, un elevado segmento, altamente dependiente de ingresos generados a diario, solo pudo cumplir las normas de manera parcial. El 57% de la población señaló tener fuertes problemas económicos debido a la falta total de ingresos, pese a los esfuerzos del Gobierno peruano por distribuir subsidios a las familias más necesitadas. Apoyo que, de llegar, eran insuficientes para sortear el hambre y las necesidades básicas de la población más empobrecida.

Pero las mujeres no se quedaron paradas. Nunca lo han hecho. Ante la inoperancia del Estado, cientos de ellas se organizan en barrios para hacer frente al hambre que asolaba al pueblo. Durante la pandemia solo en Lima la sociedad civil organizada impulsó 762 ollas en 31 distritos de Lima. 87.000 personas lograron beneficiarse de ello y, por tanto, hacer frente a la crisis alimentaria.

Las mujeres de la Red de Carabayllo son el motor en este distrito de Lima Norte, ellas ponen el cuerpo y la fuerza de trabajo para sacar esta inmensa tarea adelante que son las ollas comunes en los asentamientos de Torreblanca, El Mirador y Andy. Mediante colectas, desbordaron el confinamiento doméstico para cocinar en común y alimentar a familias hacinadas en casas sobre las que ondeaban banderas blancas con las que anunciaban la falta de comida.

“Para tener un alimento con dignidad, en solidaridad se han juntado estas mujeres” cuenta Fortunata Palomino, dirigenta de la Red de Mujeres y de la Red de ollas de Lima en un pequeño cortometraje que retrata y da voz a las protagonistas de la historia.

Las endebles casitas donde se cocina a leña para alimentar a 180 personas al día se han convertido también en un espacio seguro para compartir, identificar y acompañar los diferentes casos de violencias que muchas de ellas viven. Aire fresco frente las medidas de inmovilización social obligatoria. “Nosotras estamos organizando talleres en todas las comunidades de Carabayllo para prevenir la violencia contra la mujer porque los feminicidios no paran, nos siguen matando” recuerdan Fortunata y Carmen Ramírez.

Es indudable que la pandemia ha agudizado la situación de desprotección económica de las mujeres; ha acentuado la división sexual del trabajo, recargando a las mujeres con más trabajo de cuidados, sostenido de manera gratuita y autogestionaria. Frente a esta situación DEMUS, las mujeres de la Red y las ollas se movilizan en concentraciones, pasacalles y banderolazos para interpelar al Gobierno. Quieren saber si la nueva normalidad seguirá sosteniéndose a costa de la fuerza de trabajo de las mujeres. Exigen debatir sobre la importancia de dotar a las ollas de un presupuesto sostenido y adecuado, y de garantizar un sistema nacional de cuidados.

Una campaña para transformar imaginarios

En noviembre de 2020, seis meses después del inicio de esta crisis, nos damos cuenta de que necesitamos ir un más allá. Necesitamos repensar nuestras posibilidades para hacer ruido y generar impacto por encima de movimientos peligrosos que cuestionan los derechos de las mujeres. Cuando preguntamos a las mujeres del norte de Lima y del interior de Cusco, cuál era la principal barrera que encontraban en sus vidas para enfrentar las situaciones de violencia de género el “miedo” apareció en todas las respuestas. Miedo a perder a sus criaturas, miedo a no tener un techo donde vivir, miedo a sufrir represalias, miedo a la violencia sexual, a ser juzgada por el entorno, a ser revictimizada por el sistema.

Siglos de represión y dominación patriarcal habían logrado que el miedo atravesara los cuerpos de las mujeres; una emoción reactiva que, aunque ayuda a protegernos ante situaciones de peligro, también paraliza, inmoviliza, nos hace pequeñas, perdiendo en ese mar de sensaciones atenazantes nuestra capacidad de agencia para romper cadenas, para dar paso a vidas nuevas.

Eso nos llevó a buscar un lema para prevenir las violencias machistas y transformar los imaginarios que la reproducen y la sostienen. Fue la comunicadora afroperuano Sofía Carrillo, quien en una de nuestras reuniones pronunció la frase “Vivir sin miedo es nuestro derecho”. Y así nació esta campaña que busca parar la violencia contra las mujeres en Perú con poder, alegría, sororidad y música. Así se creó la canción Mujer montaña que, de la mano de artistas peruanas, hace referencia a las montañas de Acomayo en Cuzco y los cerros de Carabayllo en Lima, al mundo andino, a la migración, a esta idea que soñamos germinar: que las mujeres juntas podemos hacerle frente a todo, que allí donde el Estado no llega las mujeres organizadas podemos parar y poner freno a la violencia.

 

 

La voz de Susana Baca, cantante afroperuana, ex ministra de cultura y ganadora de un premio Gramy, retumba en la habitación y nuestro corazón se estremece escuchando las voces de estas mujeres coreando: “Si tocan a una nos tocan a todas porque despertamos, ya nunca más solas”. No hay duda que el arte es un gran vehículo para cambiar imaginarios, y los rostros reales de estas potentísimas mujeres que desde Carabayllo y Cusco sostienen la vida cada día, se comen la pantalla y demuestran que es posible. Esta canción constituirá poco después, un hito en este camino que emprendimos junto a Demus y Kallpa, la Red de mujeres organizadas de Carabayllo y la Red Kuskaya de mujeres de Acomayo.

Feminizando la famosísima frase del poeta César Vallejo, podemos decir que “aún queda mucho por hacer, hermanas”. Las caravanas y acciones feministas llegan a los territorios para seguir dando vida a estos procesos que se construyen de a poco, en diálogo y desde abajo. “Ya nunca más solas”.

Crónica publicada en coordinadoraongd.org