Habitatge Ciutat Meridiana: L’autoorganització veïnal i les lluites única via per garantir els drets

La greu problemàtica estructural vinculada a l’accés a un habitatge digne i la crisi social i econòmica agreujada per la Covid-19 continuen arrasant amb les condicions de vida de la classe treballadora arreu del territori. Aquestes condicions s’agreugen a barris empobrits i històricament deixats de banda per les administracions, com és el cas de Ciutat Meridiana.

A banda de les execucions hipotecàries i les enormes dificultats per pagar els elevats preus de lloguer, l’administració no ofereix tampoc solucions a aquelles persones que opten per l’ocupació d’habitatges en desús per abastir-se d’un dret bàsic que no se’ls hi està garantint. En aquest context, clama al cel com la moratòria de desnonaments, a la pràctica no s’estigui complint, abocant a aquelles famílies que ja tenen una situació difícil a una situació encara pitjor.

Per aquest motiu, des de la FAVB i Entrepobles, en relació fluida amb l’AV de Ciutat Meridiana, busquen difondre aquesta problemàtica mitjançant una sèrie de vídeos per poder traslladar unes reivindicacions concretes.

En aquesta vessant es cercarà donar a conèixer la situació del barri pel que fa a l’accés a l’habitatge i les reivindicacions des de les organitzacions i les associacions veïnals del barri.

L’autoorganització veïnal i les lluites col·lectives són l’única via per garantir els nostres drets. A banda del suport mutu en el dia a dia, aquestes també permeten forçar a les administracions competents a complir amb les seves obligacions. En aquest context es traslladaran tres reclamacions:

  • Compliment i pròrroga indefinida de la moratòria dels desnonaments
  • Ampliació de la borsa d’emergència. Cura material i mental de les persones afectades
  • Regular el mercat de l’habitatge amb més habitatge públic

 

El movimiento indígena de Ecuador se levanta ante las medidas neoliberales del presidente Lasso

El movimiento indígena de Ecuador se levanta ante las medidas neoliberales del presidente Lasso

Los pueblos indígenas de Ecuador se han movilizado una vez más, como ya lo vienen haciendo desde el histórico levantamiento indígena de los 90, desde este 13 de junio de 2022, para rechazar las políticas neoliberales del Gobierno ecuatoriano que atentan contra el bienestar de la población ecuatoriana en general.

Tal y como resalta la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) que, junto con otras organizaciones indígenas y movimientos sociales (feministas, movimiento estudiantil, ecologistas) está liderando las protestas, el paro nacional es la única vía que ha dejado el gobierno neoliberal de Guillermo Lasso para avanzar en la consecución de derechos colectivos y en la consolidación de una democracia real en el país.

La movilización social comenzó en los territorios a nivel nacional, para trasladarse en la noche del 19 de junio a Quito, donde fue recibida multitudinariamente por los sectores populares de la ciudad al grito de ¡fuera Lasso fuera!

El último levantamiento social con gran alcance registrado en Ecuador fue el también liderado por el movimiento indígena en octubre de 2019, año de movilización social en América Latina. Ecuador no resultó ajeno a esta circunstancia regional y durante el mes de octubre presentó fuertes manifestaciones en respuesta al llamado “paquetazo económico” que incluía la eliminación de los subsidios a los combustibles, entre otras medidas.

Estas movilizaciones sociales del 2019 fueron fuertemente reprimidas por fuerzas policiales y militares, en el entonces gobierno de Lenin Moreno, dejando un saldo de 11 personas fallecidas y cerca de 100 personas con pérdida de ojos por el impacto de perdigones y bombas lacrimógenas. Según el informe elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “se cometieron graves violaciones de Derechos Humanos en contra del movimiento indígena”, sin embargo, a día de hoy, estos hechos continúan en la impunidad.

En un contexto de crisis social y económica en Ecuador, las políticas del gobierno de Guillermo Lasso, dirigidas en gran parte por el acuerdo suscrito con el FMI por el anterior gobierno de Lenin Moreno, suponen la aplicación de drásticos recortes a servicios sociales básicos y gasto público, especialmente en salud y educación. La firma de Tratados de Libre Comercio (recientemente con México en preparación para la entrada a la Alianza del Pacífico, y actualmente en fase de preparación del TLC con China), la promoción de la agroindustria y la falta de cadenas de comercialización que garanticen condiciones justas para pequeñas productoras y productores, ahogan a la agricultura campesina e indígena que, paradójicamente, sustenta el 70% de la demanda de alimentos en el país.

Por otra parte, el aumento del precio de los combustibles desde la entrada del gobierno de Lasso, agudizado por la guerra de Ucrania, ha incrementado el coste de la vida y las condiciones de pobreza de la población. De esta forma, el Ecuador del 2022 es un país donde las desigualdades son cada vez más hirientes, el coste de la vida y la canasta básica sigue subiendo, y esta carestía de la vida no encuentra una correspondencia en un incremento salarial de la gran mayoría de la población, que difícilmente llega a cubrir sus necesidades básicas. A esto se suma la carencia de medicinas en hospitales, la deficitaria educación, y unos niveles de inseguridad ciudadana en aumento.

Además, el gobierno de Guillermo Lasso ha intensificado el modelo económico extractivista, con el pretexto de paliar la crisis económica. Así, durante su primer año de mandato, se propuso duplicar la producción petrolera y promover la inversión en proyectos megamineros en el país. Sin embargo, gran parte de las concesiones mineras otorgadas por el gobierno ecuatoriano se encuentran en territorios de pueblos y nacionalidades indígenas, y no han pasado por un proceso de consulta previa, libre e informada, a pesar de que este derecho está recogido en convenios internacionales ratificados por Ecuador y en la propia Constitución ecuatoriana. En el informe a la nación de mayo 2022, el presidente afirmaba que “ahora que la tendencia mundial es el abandono de los combustibles fósiles, llegó el momento de extraer hasta la última gota de nuestro petróleo”, lo que augura una mayor presión sobre los territorios y un aumento de la conflictividad socioambiental.

A pesar de ser promovido como la solución para el desarrollo y para la salida a la crisis económica por parte del Gobierno ecuatoriano, la imposición del modelo extractivista genera y agudiza las condiciones de pobreza en las comunidades indígenas y rurales por sus nefastas consecuencias. La situación es especialmente grave en el caso de los pueblos y nacionalidades indígenas, que tienen con sus territorios ancestrales no sólo un vínculo material, como proveedor de medios de vida y sustento, sino también un vínculo identitario y espiritual.

A su vez, las recurrentes masacres en las cárceles del país, que en 2021 costaron la vida al menos a 316 personas privadas de libertad, han dado lugar a la peor crisis carcelaria de la historia de Ecuador. En este contexto, la criminalización y judicialización de personas defensoras de derechos y de la naturaleza es doblemente amenazadora, ya que las personas encarceladas, aún en prisión preventiva y sin sentencia firme, sufren el riesgo de ser asesinadas en las cárceles, como sucedió con el defensor Víctor Guaillas, detenido durante las protestas sociales de octubre 2019 por delito de “sabotaje” y asesinado en la masacre de la Penitenciaría del Litoral en Guayaquil, en noviembre de 2021.

Estas circunstancias se configuran como el detonante del paro nacional que se está desarrollando en Ecuador desde el 13 de junio. El movimiento indígena, que se constituye como el actor con mayor poder de convocatoria y de organización en las protestas sociales en el país, y reivindica no sólo los derechos de los pueblos indígenas sino también de los sectores populares, campesinos y empobrecidos, ha concretado sus demandas y solicitudes en 10 puntos prioritarios en materia económica y de derechos.

Las demandas incluyen aspectos como la congelación del precio de los combustibles; el establecimiento de precios justos en los productos del campo y no firmas de TLC que destruyen la producción nacional; la mejora del empleo y derechos laborales; la no ampliación de la frontera extractiva minera / petrolera, y reparación integral por los impactos socioambientales; el respeto a los 21 derechos colectivos de pueblos indígenas; y el aumento de presupuesto urgente para salud y educación, entre otras.

Estas demandas han sido reivindicadas durante más de un año por la CONAIE, sin respuesta por parte del gobierno nacional. De hecho, la CONAIE reclama las burlas, engaños, deslegitimación y narrativa racista y colonial, que se ha instalado en el país como respuesta a sus legítimas reivindicaciones, razón por la que han puesto en marcha la medida de hecho del Paro Nacional.

La respuesta del gobierno nacional del Ecuador a la protesta social ha sido la represión y criminalización, mediante detenciones ilegales y arbitrarias de manifestantes, incluida la de Leónidas Iza, presidente de la CONAIE, que mantuvo en vilo a gran parte del país hasta su liberación; el uso abusivo de la fuerza por parte de la policía nacional y fuerzas armadas, amparado en un Estado de Excepción decretado de forma ilegítima por el presidente Guillermo Lasso, con la práctica sistemática de torturas y el empleo de bombas lacrimógenas y balas de perdigones directas al cuerpo de las y los manifestantes; el ataque con bombas lacrimógenas a universidades que han sido establecidas como centros humanitarios y de acogida; así como la campaña de estigmatización, racismo y odio en contra de los y las manifestantes indígenas, tachados de vándalos, salvajes y terroristas por parte de los discursos oficiales y medios de comunicación mayoritarios. Esta escalada de violencia tuvo su culmen el 24 de junio, cuando el Ministro de Interior, Patricio Carrillo, anunciaba el paso por parte de policía y fuerzas armadas de repeler las protestas a su represión, incluyendo el uso de carabinas con munición múltiple (perdigones).

De esta forma, según los últimos datos que ofrece la Alianza por los Derechos Humanos del Ecuador, a fecha 24 de junio se registran 68 reportes que suponen violaciones de derechos humanos, 5 muertos, 6 desaparecidos, al menos 166 heridos y 123 detenciones. En este contexto de represión, se considera especialmente preocupante el proceso judicial que enfrentará a partir del 4 de julio el presidente de la CONAIE, Leónidas Iza, que se encuentra en libertad preventiva con cargos por paralización de servicio público, ya que en la actualidad ingresar en el sistema carcelario ecuatoriano constituye un serio riesgo de muerte.

En el momento de cierre de este artículo, la Asamblea Nacional de Ecuador está debatiendo la destitución del presidente Gobierno Lasso, tras la solicitud de la bancada correísta de UNES, para la aplicación del artículo 130 de la Constitución ecuatoriana, que incluye la posibilidad de destitución del presidente de la República en caso de “grave crisis conmoción interna”. Desde el 27 de junio el movimiento indígena ha empezado un diálogo con el gobierno.

Ante la impunidad de la vulneración de derechos, se ha puesto en marcha una campaña de contribución solidaria de personas y organizaciones a la Asociación de Víctimas Inocencio Tucumbi, para el apoyo de víctimas y familiares de la represión estatal ejercida por el Gobierno ecuatoriano. Para más información entra en este enlace.

Por los derechos LGTBIQ+: ¡Por una vida digna que merezca ser vivida, no dejar a nadie atrás!

DERECHOS LGTBIQ+: ¡POR UNA VIDA DIGNA QUE MEREZCA SER VIVIDA, NO DEJAR A NADIE ATRÁS!

28 de junio, Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+, es un día “no oficial” que se celebra mundialmente cada 28 de junio en conmemoración de los disturbios de Stonewall -New York, de 1969 (en que la policía reprimió con dureza a la comunidad LGTB), para reafirmar el sentimiento de orgullo sobre las identidades y orientaciones sexuales y de género tradicionalmente marginadas y reprimidas, para visibilizar su presencia en la sociedad y sus reivindicaciones.


En todo el mundo se impulsan movilizaciones y acciones desde la sociedad civil para visibilizar graves violaciones de derechos humanos de las personas LGTBIQ+, evidenciar la impunidad y hacer un llamado a los estados en su obligación de impartir justicia y reparación libre de discriminación. En el mundo hay aproximadamente 69 países que persiguen legalmente a las personas LGTBIQ+, en 11 se aplica directamente la pena de muerte. La población LGTBIQ+ en la mayor parte de los países tiene dificultades para el acceso a la justicia, pues casi en el 90% de los casos de violencia y discriminación sufridos, no se reportan ni generan denuncias.

Diversos informes de ACNUR relatan las violencias, detenciones y torturas, y la necesidad de protección internacional como personas refugiadas, con acceso a todos los derechos sociales, salud, educación, etc.

Desde Entrepueblos siempre nos hemos comprometido con el trabajo de nuestras organizaciones aliadas en los diferentes países (en los que acompañamos procesos), que en su día a día enfrentan la impunidad en los casos de discriminación y violencia por orientación sexual y de género que afecta a la población LGTBIQ+, ejerciendo su derecho a la justicia y la reparación, así como disminuir la arbitrariedad que acompaña sus denuncias.

Hacemos nuestras las campañas de sensibilización y de incidencia política para:

  • Lograr que operadores responsables de proteger, otorgar justicia y reparación a las personas LGTBIQ+ víctimas de discriminación, apliquen fundamentos jurídicos de derechos humanos en el procesamiento de casos, y se impida la discriminación en función de prejuicios y estereotipos. Para ello se propone la formación de magistrados/as en violencia de género y derechos humanos de las personas LGTBIQ+, así como mecanismos de interlocución entre representantes estos colectivos y las autoridades de justicia.
  • Promover y defender el ejercicio efectivo de los derechos humanos y de los DESC en el ámbito local, y de los derechos de las mujeres y del colectivo LGTBIQ+ en condiciones de igualdad. Fortalecer los sistemas públicos (o con vocación de servicio público) de provisión de bienes públicos en el ámbito local, con un énfasis en los colectivos más vulnerables como la infancia.
  • Enfrentar la impunidad en los casos de discriminación y violencia por orientación sexual y de género que afecta a la población LGTBIQ+, ejerciendo su derecho a la justicia y la reparación, así como disminuir la arbitrariedad que acompaña sus denuncias


También estamos apoyando las acciones de incidencia que realizan para ir cambiando los prejuicios y estereotipos de la opinión pública hacia las personas LGTBIQ+

En coherencia con este trabajo de cooperación y solidaridad internacional, también en el Estado español, damos nuestro apoyo a las organizaciones y a las movilizaciones que se impulsan con motivo de la celebración del 28 de junio, DÍA INTERNACIONAL POR LA LIBERACIÓN AFECTIVA, SEXUAL Y DE GÉNERO (ver en cada territorio). En Entrepueblos hay activistas que son parte de la comunidad LGTBIQ+ y es necesario esta acogida colectiva.

Por todos estos motivos DENUNCIAMOS:

  • Un sistema que nos condena a vidas precarias, a discriminaciones y a desigualdades. Las sucesivas crisis han agraviado una situación ya de por sí precaria para las personas LGTBIQ+Un sistema laboral que discrimina y que ejerce homofobia, lesbofobia, bifobia y transfobia. Todavía hoy se limita el acceso a según qué trabajos en función de si formas parte o no de la comunidad LGTBIQ+.
  • Una ley de extranjería, ley racista y patriarcal, que criminaliza las personas migradas, vulnera derechos de ciudadanía y precariza especialmente las mujeres y personas transmigradas. ¡Ninguna persona es ilegal!

¡Todas estas discriminaciones y violencias vulneran derechos!

Por eso, EXIGIMOS:

  • Acabemos con la LGTBIQ+-fobia. Exigimos el fin de cualquier tipo de discriminación por motivo de opción sexual, identidad de género o expresión de género. Y para hacerlo efectivo, pedimos inspección laboral, protocolos y herramientas efectivas en el sistema educativo, en el sistema público de salud, en el ocio… En definitiva, son necesarias medidas en todos los ámbitos de nuestras vidas que vayan a las raíces de las violencias.
  • ¡Acoger a las personas que huyen de la represión y la violencia LGTBIQ+-fóbica!
  • La derogación de la ley de extranjería, ¡Ninguna persona es ilegal!
  • Exigimos la regularización inmediata de todas las personas migradas y el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y de los Centros de atención Temporal para Extranjeros (CATE); espacios de detención y privación de libertad, disfrazados de atención a inmigrantes.
  • Que el sistema educativo y todos los espacios escolares y extraescolares sean seguros, libres de odio, violencia, discriminación y LGTBIQ+-fobia. Para ello es necesaria la formación al profesorado, alumnado y demás colectivos educativos, en la concienciación sobre la diversidad afectivo-sexual, familiar y de género, por una educación inclusiva.
  • Hacer frente a las campañas de desinformación y discurso de odio que promueven sectores conservadores y fundamentalistas de nuestro país y que provocan violencias, acosos, fobias y hasta asesinatos contra las personas LGTBIQ+

¡Incluir significa mejorar el bienestar de todas las personas!

Construyamos juntas una sociedad que, como reivindican los feminismos, pongan la vida y los cuidados en el centro. Una sociedad antipatriarcal, antirracista, anticolonial, y libre de LGTBIQ+-fobia. Una sociedad libre de todo tipo de opresiones,respetuosa con la diversidad, que reconozca derechos, para poder vivir en libertad. Queremos estar con las gentes que en todo el mundo trabajan infatigablemente para hacer de este planeta un lugar mejor.

¡LOS DERECHOS LGTBIQ+ SON DERECHOS HUMANOS!

¡SISTEMAS DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL PARA PERSONAS LGTBIQ+!

¡DERECHO A UNA VIDA DIGNA QUE MEREZCA SER VIVIDA, SIN DEJAR A NADIE ATRÁS!


Fuente: Articulación Feminista Marcosur participan organizaciones de América Latina : Argentina, Bolivia Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, República Dominicana y Uruguay

Fuente: Demus Perú. Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer en Perú
Sesión histórica: Por primera vez mamás lesbianas acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sus reivindicaciones

A través de este enlace puedes descargar el informe “Ataques defensoras y defensorxs LGTBIQ de derechos humanos 2020 – 2021″

Campaña de contribución solidaria para el apoyo y acompañamiento de víctimas de la represión estatal ejercida por el Gobierno ecuatoriano

Campaña de contribución solidaria para el apoyo y acompañamiento de víctimas de la represión estatal ejercida por el Gobierno ecuatoriano

El pasado 13 de junio iniciaba en Ecuador una movilización social liderada por el movimiento indígena y sus principales organizaciones (CONAIE, FENOCIN, FEINE) y secundada por otros sectores sociales (estudiantes, movimiento feminista, trabajadores/as), en protesta contra las políticas neoliberales del gobierno ecuatoriano que están agudizando el encarecimiento de la canasta básica, la precarización laboral y el desempleo, la disminución de presupuestos y garantías de acceso a derechos de salud y educación, el incremento de inseguridad y violencia en varias zonas del país y la imposición de actividades extractivas (minería y petróleo) en clara violación del derecho a la consulta previa, libre e informada.

Las demandas sociales de las y los manifestantes, se sintetizan en diez puntos presentados al gobierno ecuatoriano, que constituyen exigencias legítimas de cumplimiento de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales gravemente vulnerados, demandas que han sido sistemáticamente ignoradas por el Gobierno nacional en diálogos previos a las protestas.

Como respuesta a este paro nacional, el Gobierno ecuatoriano ha instaurado la violencia estatal y la represión en el país que, en el marco de un estado de excepción decretado de forma ilegítima por el presidente de la República, a fecha del 22 de junio ha causado ya 81 detenciones ilegales y arbitrarias (incluida la de Leónidas Iza, presidente de la CONAIE, la mayor organización del movimiento indígena a nivel nacional) y el uso desproporcionado de la fuerza a través del ejército y policía, con la práctica sistemática de torturas y el empleo de bombas lacrimógenas y balas de perdigones directas al cuerpo de las y los manifestantes de manera letal, reportándose hasta la fecha 3 muertos, 65 personas heridas (de las cuales 2 están en estado crítico, 5 con pronóstico grave, 11 con lesiones en el rostro y ojo y una con amputación parcial de extremidad superior), así como un menor de edad de 15 años desaparecido.

La toma de la Casa de la Cultura Ecuatoriana por parte de fuerzas policiales, institución autónoma de gestión cultural que es tradicionalmente empleada en las movilizaciones como espacio de ayuda humanitaria; el ataque con bombas lacrimógenas a universidades que han sido establecidas como centros humanitarios y de acogida; el allanamiento de la sede de la organización indígena FENOCIN; así como la campaña sistemática de estigmatización, racismo y odio en contra de los y las manifestantes indígenas, tachados de vándalos, salvajes y terroristas por parte de los discursos oficiales y medios de comunicación mayoritarios; se suman a la larga lista de vulneraciones de derechos humanos y del derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del gobierno recogido en el artículo 98 de la Constitución de Ecuador.

En este contexto, y ante la previsible impunidad de la vulneración de derechos ejercida por parte del estado ecuatoriano, tal y como sucedió tras las protestas de octubre de 2019 acontecidas durante el gobierno de Lenin Moreno, solicitamos la contribución solidaria de personas y organizaciones a la Asociación de Víctimas Inocencio Tucumbi para el apoyo y acompañamiento de víctimas y familiares de víctimas de la represión estatal ejercida por el Gobierno ecuatoriano.

La cuenta corriente a la que pueden depositar sus donaciones es:
ES05 1491 0001 21 30 0007 9938 (concepto: donación emergencia Ecuador, nombre y DNI)

Para más información, comunicado del 21 de junio la Alianza por los Derechos Humanos, constituida por organizaciones sociales para la defensa de los Derechos Humanos en Ecuador.

COMUNICADO de Organizaciones Sociales del Estado Español frente a la represión del Gobierno Ecuatoriano

COMUNICADO de Organizaciones Sociales del Estado Español frente a la represión del Gobierno Ecuatoriano

Barcelona, 15 de junio de 2022

En el marco del paro nacional que la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y otras organizaciones sociales sostienen desde el día lunes 13 de junio en el país, en protesta contra las políticas neoliberales del gobierno ecuatoriano que están agudizando el encarecimiento de la canasta básica, la precarización laboral y el desempleo, la disminución de presupuestos y garantías de acceso a derechos de salud y educación, el incremento de inseguridad y violencia en varias zonas del país y la imposición de actividades extractivas (minería y petróleo) en clara violación del derecho a la consulta previa, libre e informada, las organizaciones firmantes denunciamos la detención ilegal y arbitraria de Leónidas Iza Salazar, actual presidente de la CONAIE, y exigimos la retirada de los cargos y medidas preventivas impuestas tras su liberación a la espera del juicio por el delito de paralización de servicios públicos. 

Así mismo, exigimos al gobierno ecuatoriano que garantice los derechos a la protesta social y a la resistencia, derechos protegidos en la Constitución ecuatoriana, y rechazamos la criminalización, hostigamiento y persecución a líderes, lideresas, defensoras y defensores de Derechos Humanos, organizaciones sociales e indígenas en un claro ejercicio de criminalización y estigmatización de la protesta social.

Nos solidarizamos con el movimiento indígena y las nacionalidades y pueblos de Ecuador, actores indispensables en la lucha social por la garantía de los derechos humanos y colectivos, tanto de los pueblos indígenas como de los sectores empobrecidos y excluidos del país. Desde las organizaciones firmantes nos mantendremos vigilantes ante cualquier vulneración de derechos y represión violenta de la protesta social por parte del Gobierno ecuatoriano.

 

Organizaciones firmantes:

Entrepueblos-Entrepobles-Entrepobos-Herriarte

Colectivo Maloka

alterNativa Intercanvi amb Pobles Indígenes

Perifèries del món

SUDS – Associació Internacional de Solidaritat i Cooperació

Fundación Paz y Solidaridad Euskadi

Fundació Pau i Solidaritat PV 

Parque Central sin Especulación ( Valencia)

Asociación Mujeres Migrantes Diversas 

Sobirania Alimentaria 

Observatori del Deute en la Globalització-ODG-

ONGD Ensenyants Solidaris

Ecosol

Paz y Desarrollo

CooperAcció

Taula per Mèxic

Plataforma unitària contra les violències de gènere

Komun.org

Ateneu La Torna

Baladre-Coordinación contra la precariedad, el empobrecimiento y la exclusión

Ecologistas en Acción

Plataforma de Solidaridad por Honduras en Madrid

Associació Amics i Amigues Poble Sahrauí de Menorca 

S’Altra Senalla

Mundu Bakean

Mugarik Gabe

Enginyeria Sense Fronteres de les Illes Balears

Campaña No a los Tratados de Comercio e Inversión 

STEI Intersindical

Sindicato CCOO Euskadi

Izquierda Unida

Esquerra Unida del País Valencià

Catalunya en Comú

Fundación de los Comunes

Federació d’Associacions de Veïnals de Barcelona (FAVB)

Fundación Mundubat

Grupo Intercultural ALMÁCIGA

Soldepaz Pachakuti

Associació d’amics i amigues del poble Saharauí

STEI intersindical Illes Balears

Càritas Menorca

Fundació Vicente Ferrer

Xarxa de Consum Solidari

ATIM (Asociación de Trabajadores e Inmigrantes Marroquíes)

Coordinación por los Derechos de los Pueblos Indígenas (CODPI)

Asamblea Moza d’Asturies

Intersindical Valenciana

Grupo de educadores de calle y trabajo con menores

Coordinadora Valenciana de ONGD

Plataforma Burgos

Colectivo Alerta Amazónica

Col.lectiu per la Comunicació Lliure i Comunitària-La Mosca Tv

Ingeniería Sin Fronteras del País Vasco – Euskal Herriko Mugarik Gabeko Ingeniaritza

Coordinadora Estatal de Organizaciones para el Desarrollo

 

DESCARGA A TRAVÉS DE ESTE ENLACE EL COMUNICADO

Denuncia pública urgente tras la detención de Leónidas Iza, presidente de la CONAIE Ecuador

DENUNCIA PÚBLICA URGENTE

En el marco del Paro Nacional convocado por el Movimiento Indígena de Ecuador, Leonidas
Iza, presidente de la CONAIE es detenido-desaparecido por miembros de FFAA y Policía
Nacional. Los hechos constituyen una nueva acción estatal de criminalización y persecución
del derecho a protesta social y movilización.

Ecuador, 14 de junio de 2022

La CONAIE, Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, denuncia que el día de hoy 14 de junio de 2022, en horas de la madrugada (00:30 aproximadamente), agentes no identificados, presumiblemente de comandos élite de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional detuvieron a Segundo Leónidas Iza Salazar, Kichwa panzaleo y actual presidente de la CONAIE. La detención es ilegal, arbitraria e ilegítima. Cuatro horas después de su detención su paradero sigue siendo desconocido y no se ha presentado ante ninguna autoridad competente a efectos de garantizar su derecho a legítima defensa y tutela judicial. El dirigente Iza permanece desaparecido, incomunicado de sus familiares y sin patrocinio legal. Durante el procedimiento, según quedó registrado, no fue debidamente informado de las razones para su detención ni de los derechos que lo asisten. Este estado de detención en indefensión constituye un trato cruel y degradante.

Según se observa en videos grabados por la ciudadanía y difundidos en redes sociales, la detención se llevó a cabo por individuos vestidos como miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, quienes detuvieron el vehículo de uso personal de Iza, irrumpieron con forcejeos, abuso de fuerza, y sin exhibir orden legal de detención, extrajeron al dirigente indígena. Se lo llevaron sin rumbo conocido en una camioneta marca Chevrolet de color blanco, de placa ordinaria PTR-3246. El vehículo no presenta distintivo de uso oficial y la placa no aparece registrada en servicios consultados, incluidos el Servicio de Rentas Internas (SRI), Agencia Nacional de Tránsito y Agencia Metropolitana de Tránsito.

Todo lo anterior ha ocurrido en el marco del paro nacional que la CONAIE y otras organizaciones sostienen desde el lunes 13 de junio. El paro, convocado con anticipación por el Movimiento indígena y respaldado por otros movimientos, organizaciones y colectivos sociales, es una medida legitima de protesta contra el gobierno por el encarecimiento de la vida, la especulación de precios de la canasta básica, la precarización laboral y el desempleo, la disminución de presupuesto y garantías de acceso a derechos de salud y educación, el incremento de la inseguridad y la violencia en varias zonas del país, la imposición de actividades extractivas (minería y petróleo) en violación de derechos colectivos, entre otros puntos. La convocatoria al paro ha sido respaldada por otras organizaciones y movimientos como el Frente Popular, la Unión Nacional de Educadores (UNE), la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, movimiento sindical; y, movimientos feministas y LGBTIQ, entre otros.

DESCARGA LA DENUNCIA PÚBLICA A TRAVÉS DE ESTE ENLACE

 

Oferta de treball: Tècnic/a de comunicació de l’Associació Entrepobles

Oferta de treball: Tècnic/a de comunicació de l’Associació Entrepobles

Entrepobles necessita contractar una persona responsable de desenvolupar la comunicació de l’entitat d’acord amb l’estratègia de comunicació ja construïda i l’estratègia general de l’entitat, donant visibilitat a la missió, visió i valors d’Entrepobles, d’acord amb la coordinació de l’associació i treballant conjuntament amb la comissió de comunicació i els serveis tècnics contractats. L’oficina tècnica d’Entrepobles es troba ubicada a Barcelona.

Funcions a realitzar per la persona

  • Planificar, dissenyar i executar les accions comunicatives d’acord amb l’estratègia de comunicació, elaborant un POA de comunicació mesurable i valorable, que assenyali les accions concretes d’EpD, projectes de cooperació i solidaritat, i de les activistes de la base social, tant aquí com a Amèrica Llatina, a més de les fites pròpies d’Entrepobles i de la comunicació en si.
  • Gestió estratègica d’una àrea de comunicació en una organització que integra persones alliberades tècniques i també alt potencial comunicador en persones activistes, a més de professionals externes que realitzen la comunicació d’alguns projectes i de les accions d’Educació Emancipatòria.
  • Creació, execució i avaluació de campanyes de comunicació específiques amb l’objectiu de donar a conèixer el treball de Entrepobles i augmentar-ne la base social.
  • Elaborar i gestionar el web d’Entrepobles i Cultopies (WordPress usuari avançat) i les xarxes socials (Twitter, Instagram, Facebook, Youtube, Telegram…) i els seus continguts/publicacions establint un calendari de publicacions, amb l’objectiu d’aconseguir un creixement de seguidores i correcció del llenguatge cooperanto (juntament amb els serveis tècnics i activistes que donen suport i realitzen algunes de les tasques)
  • Creació de relat comunicatiu, amb llenguatge comunicatiu dinàmic que apropi a noves bases socials i nous públics, adaptant-se a cadascun dels instruments comunicatius.
  • Establir criteris de noticiabilitat i de priorització, d’acord a l’estratègia d’Entrepobles, apropant-los a l’actualitat.
  • Elaborar el butlletí electrònic “newsletter” de notícies mensual (o amb la periodicitat que defineixi el POA)
  • Promoure i mantenir aliances estratègiques amb premsa i mitjans de comunicació, estatals, autonòmiques i internacionals, per al posicionament de l’entitat en aquestes temàtiques. Elaborar continguts (notes de premsa, dossiers, convocatòries, …) i crear una base de dades de mitjans.
  • Proposar i organitzar canals de comunicació interna per facilitar l’arribada dels continguts que cal comunicar.
  • Monitoritzar, fer seguiment i avaluar els resultats de les actuacions, elaborant els informes necessaris.
  • Realització de materials comunicatius necessaris, gràfics i audiovisuals adaptats a xarxes socials i youtube.
  • Suport a les activistes d’Entrepobles als diferents territoris en l’elaboració de materials comunicatius per a les activitats, seguint les recomanacions de l’estratègia.
  • Suport tècnic i gestió de la plataforma per a reunions virtuals (zoom) i webinar
  • Reunió setmanal, segons calgui, de planificació i informar dels progressos en l’execució, en què participaran coordinació i/o la comissió de comunicació, depenent del moment organitzatiu.

Perfil necessari

  • Formació universitària superior en ciències de la comunicació, periodisme o afins. Experiència mínima de 5 anys en un lloc similar.
  • Formació/experiència en planificació estratègica de comunicació i avaluació a través d’indicadors, mètriques i en definició i execució de campanyes de comunicació
  • Experiència en establir relacions amb els mitjans de comunicació i fer accions de comunicació: redacció d’articles, rodes de premsa, entrevistes a ràdio i televisió, xarxes socials, etc
  • Formació/experiència en gestió i dinamització de xarxes socials i mitjans de comunicació, i els seus continguts amb un llenguatge adaptat.
  • Coneixement sobre comunicació amb enfocament feminista i inclusiu, vinculada a moviments socials i temàtiques com la justícia social, DDHH, ecologista, entre d’altres.
  • Imprescindible castellà i es valorarà positivament el domini del català. Bona comunicació verbal i escrita en totes dues llengües.  
  • Elevada capacitat de redacció i comunicació. Flexibilitat a l’estil i l’enfocament per adaptar materials a diferents audiències. Domini del llenguatge comunicatiu de RRSS i premsa.
  • Domini del maneig de gestors de continguts digitals (especialment WordPress), xarxes socials, mailings, i Google Analytics, valorant-se la gestió de campanyes publicitàries en xarxes socials.
  • Coneixements i experiència en màrqueting digital, disseny gràfic i edició d’imatge i vídeos per a xarxes socials.

Competències

  • Capacitats per a la visió estratègica comunicativa, amb capacitats de resposta ràpida i flexible, que facilitin la planificació i, alhora, l’adaptació davant dels contextos.
  • Experiència i capacitat de treball en equips multidisciplinaris i diversos, de gestió horitzontal i activistes.
  • Capacitat d’autonomia, organització, i planificació del propi treball, i comunicació fluida amb l’equip de treball vinculat.

Presentació de candidatures

Les candidatures es presentaran per correu electrònic amb l’assumpte “Plaça tècnic@ de comunicació” a montse.carrillo@entrepueblos.org abans del 30 de juny de 2022, adjuntant els documents següents:

Currículum amb el detall de l’experiència segons els requisits establerts (s’agrairà si inclou alguns exemples de les campanyes realitzades) i carta de presentació que ha d’incloure la resposta a aquestes preguntes (màxim 5 línies per pregunta):

  • Coneixements sobre les temàtiques estratègiques de treball d’Entrepobles: Sobiranies, Feminismes i Justícies, i activismes
  • Vinculació/coneixement d’Entrepobles
  • Activitats relacionades amb la comunicació estratègica, premsa, multimèdia, campanyes a RRSS i sensibilització.
  • Organització, coordinació i treball en equip.
  • Altres requisits o implicacions del lloc de treball enumerats anteriorment que vulguis destacar.

Només es respondrà a candidatures preseleccionades que reuneixin els requisits establerts. Un cop feta la selecció prèvia, es podrà sol·licitar la realització d’entrevistes presencials i acreditació documental de les competències.

Tipus de contractació

− Jornada: 30 hores/setmanals

− Inici: Juliol

− Retribució: segons barem de l’organització

Descarrega a través d’aquest enllaç la informació

Historias de resistencia frente a la pandemia y la violencia de género en Perú

Historias de resistencia frente a la pandemia y la violencia de género en Perú

Perú. Equipo Entrepueblos: Agustina Daguerre García, Elena Fraile del Río

En el norte de Lima, por la carretera que lleva a las montañas, se encuentra Carabayllo, un distrito histórico de unos 300 mil habitantes, que gracias a los procesos de migración interna fue creciendo en extensión de manera errática e informal. Precarias viviendas construidas sobre lomas de arena por miles de familias que, desde los años 60 y 80, buscaban dejar atrás primero la pobreza y luego la violencia extrema generada por el conflicto armado interno.

Carabayllo, a pesar de la precariedad y al igual que otros distritos de la periferia de la ciudad, ha salido adelante por la fuerza de su gente organizada. Personas que trabajando en comunidad lograron poco a poco mejorar la situación de extrema precariedad de sus pobladores; luchando y exigiendo a gobiernos locales y nacionales de turno el acceso a servicios básicos en esta zona de accidentada geografía cercada por el río Chillón.

En 2017, fruto de esa tradición de vecinos y vecinas preocupadas por el bien común de su distrito, ocho organizaciones sociales de base decidieron unirse. Nacía entonces la Red de Mujeres Organizadas de Carabayllo, una alianza que trabaja por la mejora de la calidad de vida de las mujeres y de su posición en la toma de decisiones sobre sus derechos y situaciones de violencia que enfrentan.

Solo las cifras de 2020, cuando se produjeron 135 feminicidios, 97.926 casos de violencia y 5.521 mujeres desaparecidas, dan cuenta de la grave situación a la que se enfrenta la Red. Eso teniendo en cuenta que las denuncias son ínfimas en relación a todos los casos que se producen. Según datos de Endes de 2019, sol 289 de cada 1.000 mujeres agredidas físicamente acudieron a alguna institución en busca de apoyo. El dato no extraña: ¿quién quiere acudir a un sistema que revictimiza, descree e incluso culpabiliza a la propia víctima?

En un contexto donde cada espacio vacío es ocupado a una velocidad vertiginosa por iglesias de todo tipo con las que disputamos el sentido de palabras tan importantes como vida, familia o comunidad, la apuesta de estas mujeres organizadas en red para prevenir las violencias es un paso fundamental para fortalecer un tejido social profundamente dañado por las lógicas del neoliberalismo, y la ceguera estatal hacia los problemas que atentan contra la vida misma.

Frente a ello, “¿puede ser el feminismo o los feminismos una respuesta real para el día a día de las mujeres peruanas o, por el contrario, dejaremos que el apoyo comunitario llegue atravesado de nuevos mandatos de sumisión, fundamentalismos, control de nuestros cuerpos?” Esta pregunta enunciada por el equipo de la organización feminista peruana, DEMUS– Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer y la Asociación Kallpa-, fue el germen que dio sentido a la alianza de Entrepueblos, Aieti y Enraiza Derechos, en el marco del Convenio de AECID:  Por el derecho de las mujeres, adolescentes y niñas a una vida libre de violencias, que desde el año 2019 trabaja en este barrio periurbano de Lima Norte (además de en Acomayo, zona rural de la región de Cusco).

La pandemia

Es marzo del 2020 y ante nuestra incredulidad inicial frente al paciente cero peruano, de un día para otro acabamos confinadas sin entender muy bien lo que está ocurriendo en el país. Las alas de ¿un murciélago? aletearon en Wuhan a cientos de miles de kilómetros y desencadenaron una crisis sanitaria letal para todo el planeta. Según los datos oficiales, el Perú ocupó, la mayor tasa de mortalidad en Sudamérica al finalizar el 2020[1]. Con su sistema de salud colapsado, con personal médico, paramédico, de fuerzas policiales y militares sin equipos de protección personal, con una crisis de suministro de oxígeno, sin respiradores mecánicos, sin Unidades de Cuidados Intensivos… el coronavirus puso en evidencia los graves problemas que el Perú escondía detrás de sus cifras macroeconómicas. Uno de los países con mayor desigualdad en Latinoamérica, con un sistema de salud precario y al borde del colapso. En Perú, la inversión pública en Salud es del 3,2% del PIB, la mitad de lo que se invierte por ejemplo en Uruguay o Costa Rica y la tercera parte de lo que se invierte en Cuba.

Movilización por una vida libre de violencias. Foto: Entrepueblos.

Por si fuera poco, de acuerdo con el índice elaborado por la Universidad de Oxford, Perú fue uno de los países del mundo que impuso medidas de distanciamiento social más estrictas para hacer frente a la pandemia. Desde esta Lima cerrada a cal y canto, más allá del miedo al contagio, nos quitaba el sueño imaginar los miles de mujeres obligadas a convivir con sus agresores a lo largo de cuatro ininterrumpidos meses que duraría la primera fase de inmovilización social obligatoria. Ante la imposibilidad de desplazarnos a los territorios y comunidades solo nos quedaba difundir los canales de denuncia del Centro de Emergencia Mujer, aún sabiendo que era insuficiente; estaban colapsados y no podían atender al teléfono o responder a conversaciones de chats. El Ministerio de la Mujer, a través de su línea de atención telefónica, recibió cerca de 235.791 llamadas de casos de violencia de género, de las cuales un 25% las hicieron niñas, niños, adolescentes. La sensación de impotencia fue enorme.

Las ollas comunes

Aunque la mayor parte de la población acató las normas de inmovilización, un elevado segmento, altamente dependiente de ingresos generados a diario, solo pudo cumplir las normas de manera parcial. El 57% de la población señaló tener fuertes problemas económicos debido a la falta total de ingresos, pese a los esfuerzos del Gobierno peruano por distribuir subsidios a las familias más necesitadas. Apoyo que, de llegar, eran insuficientes para sortear el hambre y las necesidades básicas de la población más empobrecida.

Pero las mujeres no se quedaron paradas. Nunca lo han hecho. Ante la inoperancia del Estado, cientos de ellas se organizan en barrios para hacer frente al hambre que asolaba al pueblo. Durante la pandemia solo en Lima la sociedad civil organizada impulsó 762 ollas en 31 distritos de Lima. 87.000 personas lograron beneficiarse de ello y, por tanto, hacer frente a la crisis alimentaria.

Las mujeres de la Red de Carabayllo son el motor en este distrito de Lima Norte, ellas ponen el cuerpo y la fuerza de trabajo para sacar esta inmensa tarea adelante que son las ollas comunes en los asentamientos de Torreblanca, El Mirador y Andy. Mediante colectas, desbordaron el confinamiento doméstico para cocinar en común y alimentar a familias hacinadas en casas sobre las que ondeaban banderas blancas con las que anunciaban la falta de comida.

“Para tener un alimento con dignidad, en solidaridad se han juntado estas mujeres” cuenta Fortunata Palomino, dirigenta de la Red de Mujeres y de la Red de ollas de Lima en un pequeño cortometraje que retrata y da voz a las protagonistas de la historia.

Las endebles casitas donde se cocina a leña para alimentar a 180 personas al día se han convertido también en un espacio seguro para compartir, identificar y acompañar los diferentes casos de violencias que muchas de ellas viven. Aire fresco frente las medidas de inmovilización social obligatoria. “Nosotras estamos organizando talleres en todas las comunidades de Carabayllo para prevenir la violencia contra la mujer porque los feminicidios no paran, nos siguen matando” recuerdan Fortunata y Carmen Ramírez.

Mujeres de la comunidad de Carabayllo.
Foto: Entrepueblos.

Es indudable que la pandemia ha agudizado la situación de desprotección económica de las mujeres; ha acentuado la división sexual del trabajo, recargando a las mujeres con más trabajo de cuidados, sostenido de manera gratuita y autogestionaria. Frente a esta situación DEMUS, las mujeres de la Red y las ollas se movilizan en concentraciones, pasacalles y banderolazos para interpelar al Gobierno. Quieren saber si la nueva normalidad seguirá sosteniéndose a costa de la fuerza de trabajo de las mujeres. Exigen debatir sobre la importancia de dotar a las ollas de un presupuesto sostenido y adecuado, y de garantizar un sistema nacional de cuidados.

Una campaña para transformar imaginarios

En noviembre de 2020, seis meses después del inicio de esta crisis, nos damos cuenta de que necesitamos ir un más allá. Necesitamos repensar nuestras posibilidades para hacer ruido y generar impacto por encima de movimientos peligrosos que cuestionan los derechos de las mujeres. Cuando preguntamos a las mujeres del norte de Lima y del interior de Cusco, cuál era la principal barrera que encontraban en sus vidas para enfrentar las situaciones de violencia de género el “miedo” apareció en todas las respuestas. Miedo a perder a sus criaturas, miedo a no tener un techo donde vivir, miedo a sufrir represalias, miedo a la violencia sexual, a ser juzgada por el entorno, a ser revictimizada por el sistema.

Siglos de represión y dominación patriarcal habían logrado que el miedo atravesara los cuerpos de las mujeres; una emoción reactiva que, aunque ayuda a protegernos ante situaciones de peligro, también paraliza, inmoviliza, nos hace pequeñas, perdiendo en ese mar de sensaciones atenazantes nuestra capacidad de agencia para romper cadenas, para dar paso a vidas nuevas.

Eso nos llevó a buscar un lema para prevenir las violencias machistas y transformar los imaginarios que la reproducen y la sostienen. Fue la comunicadora afroperuano Sofía Carrillo, quien en una de nuestras reuniones pronunció la frase “Vivir sin miedo es nuestro derecho”. Y así nació esta campaña que busca parar la violencia contra las mujeres en Perú con poder, alegría, sororidad y música. Así se creó la canción Mujer montaña que, de la mano de artistas peruanas, hace referencia a las montañas de Acomayo en Cuzco y los cerros de Carabayllo en Lima, al mundo andino, a la migración, a esta idea que soñamos germinar: que las mujeres juntas podemos hacerle frente a todo, que allí donde el Estado no llega las mujeres organizadas podemos parar y poner freno a la violencia.

 

 

La voz de Susana Baca, cantante afroperuana, ex ministra de cultura y ganadora de un premio Gramy, retumba en la habitación y nuestro corazón se estremece escuchando las voces de estas mujeres coreando: “Si tocan a una nos tocan a todas porque despertamos, ya nunca más solas”. No hay duda que el arte es un gran vehículo para cambiar imaginarios, y los rostros reales de estas potentísimas mujeres que desde Carabayllo y Cusco sostienen la vida cada día, se comen la pantalla y demuestran que es posible. Esta canción constituirá poco después, un hito en este camino que emprendimos junto a Demus y Kallpa, la Red de mujeres organizadas de Carabayllo y la Red Kuskaya de mujeres de Acomayo.

Feminizando la famosísima frase del poeta César Vallejo, podemos decir que “aún queda mucho por hacer, hermanas”. Las caravanas y acciones feministas llegan a los territorios para seguir dando vida a estos procesos que se construyen de a poco, en diálogo y desde abajo. “Ya nunca más solas”.

Crónica publicada en coordinadoraongd.org

Crida ciutadana al Parlament de Catalunya pel reconeixement legal del crim d’ecocidi

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Els ecocidis comesos durant dècades a través del dany i la destrucció massiva d‘ecosistemes han catalitzat la crisi ecològica i climàtica actual. El dany ambiental i la pèrdua de biodiversitat a escala global, resultat d’activitats humanes irresponsables, continua creixent a un ritme vertiginós malgrat el coneixement dels seus riscos per part d’empreses, governs i la resta d’actors responsables. Aquesta situació posa en risc el nostre futur i el de milions d’éssers vius més, i debilita la base física i biològica que sosté la vida al planeta.

Per la seguretat de la nostra generació i de les generacions futures, és responsabilitat tant de la ciutadania com de les entitats socials, sector privat i institucions públiques del nostre país preservar els espais naturals i serveis ecosistèmics que sustenten les nostres vides. De la mateixa manera, és la nostra responsabilitat la de vetllar perquè la petjada ecològica de la nostra economia no comporti cap destrucció o greu dany ambiental.

Els actuals tractats, acords i ordenaments jurídics estatals interns no preveuen la correcció o compensació del crim d’ecocidi. Malgrat les contínues demandes de la societat civil, la destrucció de la naturalesa queda impune de forma reiterada. Cal canviar les regles per acabar amb la impunitat. És urgent crear una norma internacional que prohibeixi i sancioni penalment causar danys massius al nostre planeta.

En els darrers temps s’han produït avenços molt significatius al respecte en l’esfera política internacional. Diversos països com França, Bèlgica, Vanuatu i les Maldives ja s’han compromès a donar suport a l’esmena a l’Estatut de Roma per la incorporació del crim d’ecocidi. Fa tan sols dues setmanes, el Parlament Europeu va donar suport ferm a aquesta iniciativa a través de l’aprovació de dos informes clau. També són nombroses les figures públiques internacionals que donen suport al reconeixement internacional del crim d’ecocidi.

Tenint en compte tot l’anterior, les entitats sotasignants ens adrecem a les forces polítiques democràtiques del Parlament de Catalunya amb la finalitat que aproveu la “Proposta per presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei de l’Estat 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal, per reconèixer al nostre ordenament legal el crim d’ecocidi i donar suport a la iniciativa adreçada a l’Estatut de Roma per incorporar-lo al Tribunal Penal Internacional”.

Barcelona, ​​maig de 2022

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