Centroamérica es una de las regiones más privilegiadas, y duras al mismo tiempo, del planeta. Su ubicación, conectando el Norte y el  Sur de Abya Yala –tierra en plena madurez, como llamó el pueblo kuna a América-, entre el Caribe y el Pacífico, surcada por cordilleras y volcanes, bosques y selvas tropicales, sacudida por huracanes y terremotos, convirtió a esta estrecha cintura en un paisaje original rebosante de agua y biodiversidad, además de riquezas minerales.

En lo que hoy son Guatemala y Honduras, se asentaron los pueblos que dieron origen a la civilización maya, una de las más complejas y avanzadas de la antigüedad. Sin embargo estos pueblos vieron bruscamente truncado su devenir hace unos 500 años, con la llegada de los galeones, la pólvora, el caballo, la viruela y la cruz de la colonización española. A partir de entonces se interrumpió el desarrollo endógeno de su economía, sociedad y cultura, y se impuso otro tipo de desarrollo orientado al servicio de las sucesivas potencias coloniales que los parasitaron.

Estas potencias utilizaron también del secuestro de centenares de miles de personas en África para esclavizarlas en minas, plantaciones y servitudes domésticas, cuya descendencia encontramos hoy principalmente en la costa atlántica de la región.

Bajo formas y actores diferentes, y hasta nuestros días, el colonialismo tuvo como finalidad principal la apropiación de esas materias primas que la región ofrecía, y sigue ofreciendo, en abundancia.

Precisamente es a esto a lo que el economista ecuatoriano Alberto Acosta denomina “la maldición de la abundancia”. Actualmente las regiones más ricas en bienes naturales, parecen condenadas a vivir en las sociedades más desiguales y violentas. Y hoy esa maldición tiene un diagnóstico: extractivismo.

Vivimos en un mundo en el que el 1% de la población mundial posee tanto dinero líquido o invertido como el 99% restante. En el que el valor nominal de los derivados financieros supera en mucho más de 10 veces el valor del PIB mundial. Y en el que una gran parte de estas inversiones financieras, demandan la extracción a gran escala de materias primas, para exportarlas en cadenas transnacionales para su transformación industrial en energía y “bienes de consumo”, y, por tanto, en beneficios lucrativos, una gran parte de los cuales acaba cobijado en paraísos fiscales. Al mismo tiempo muchas de estas materias primas son cada vez más escasas, es decir, tienen un horizonte de agotamiento más cercano, lo que acentúa su avidez, en lugar de su protección.

Si en otros tiempos la apropiación de los bienes naturales se hizo mediante un régimen colonial directo, ahora este papel lo cumplen los llamados “tratados de comercio e inversión”, entramados jurídicos que blindan los derechos de los inversores, empresas o grupos transnacionales, por encima del resto de derechos implicados.

Y es que el desarrollo pleno del extractivismo acaba requiriendo modelos políticos coercitivos y autoritarios, sin mecanismos de control, diálogo o compensación. Requiere la eliminación de trabas a su desarrollo, como son las instituciones y leyes que regulan la protección de la naturaleza, las libertades ciudadanas, la vida libre de violencias para las mujeres o el control de la corrupción.

Centroamérica es una de esas regiones del mundo en que la presión de los intereses extractivos sobre los ecosistemas, sobre las comunidades humanas y sobre la gobernabilidad democrática es tan intensa que crea una atmósfera irrespirable.

Tan irrespirable que miles de familias se ven abocadas a un éxodo de alto riesgo: más de 3 millones y medio han logrado sortear los muros de Estados Unidos y 800 mil han solicitado asilo en Europa -a las que se suman otros centenares de miles de rechazadas o invisibilizadas-. Irrespirable especialmente para las mujeres, blanco de todas las formas de violencia patriarcal, con los más altos índices de feminicidios e impunidad en el mundo. Irrespirable para cualquier persona que se empeñe en defender sus derechos, los de su comunidad o los de la naturaleza, como atestiguan las cifras de defensoras criminalizadas, acosadas y asesinadas en la última década.

Pero tendríamos una visión muy parcial de lo que está ocurriendo en Centroamérica si solamente dirigiéramos nuestra mirada hacia estas tendencias destructivas. Como acostumbra a decir el ambientalista mexicano Gustavo Castro, si hay conflicto es porque hay resistencia.

Al mismo tiempo que todo lo anteriormente descrito, hoy, tanto en Honduras como en Guatemala, vemos a cientos de comunidades indígenas y campesinas plantándose en sus territorios frente a poderosos intereses y conseguir en muchos casos protegerlos. Vemos también a las mujeres jugando un papel cualitativamente decisivo en estas resistencias y haciéndose valer frente a todo tipo de hostigamientos patriarcales. Vemos comunidades definiendo sus proyectos de vida, basados tanto en las cosmovisiones ancestrales herederas de sus matrices culturales originarias, como en conceptos y prácticas acuñadas por movimientos sociales de las últimas décadas como la soberanía alimentaria, la agroecología, la economía social, la autogestión territorial o los feminismos. O dando a pie a conceptos mixtos como el del feminismo comunitario.

La vida se expresa a través de estas personas y comunidades diversas que, contra pronóstico, lo arriesgan todo tratando de convertir en oxígeno socialmente respirable la atmósfera tóxica del extractivismo. Tal como dicen, “somos la naturaleza defendiéndose”… Y defendiéndonos a toda la humanidad, habría que añadirles.

En estos tiempos en que en los países industrializados despierta la conciencia sobre la emergencia climática y ecológica, estos rostros y voces que nos llegan desde Centroamérica plantean la necesidad de cuestionar el modelo de crecimiento ilimitado del consumo material como base del bienestar. Su mensaje nos advierte de que, agotando los bienes naturales y la biodiversidad de estos territorios, estamos socavando las mismas bases de nuestra propia supervivencia.

Nos invitan a responder a la cadena transnacional del extractivismo con la cadena internacional de la solidaridad, es decir, de la conciencia de que en este mundo social y ecológicamente interconectado, cada agresión a una persona defensora, cada extinción de una nueva especie, cada hectárea de bosque incendiado, cada río secuestrado, sea donde sea, nos afecta cada vez más directamente.

Proteger a las comunidades que defienden sus territorios y sus culturas es, pues, proteger la cadena global de la vida. Y podemos hacerlo de varias formas, entre ellas:

– Intencionando nuestros hábitos personales y familiares, para disminuir el consumo, apostando por los circuitos de cercanía y el reciclaje, evitando alimentar las cadenas transnacionales del extractivismo y las vulneraciones de derechos.

– Exigiendo a nuestros gobiernos que promuevan mecanismos internacionales vinculantes de defensa de los derechos humanos y de la naturaleza, frente a la impunidad con que demasiadas inversiones transnacionales evaden hoy sus responsabilidades.

– Abriendo nuestros ojos a los rostros y nombres de las personas y comunidades que están siendo amenazadas por defender sus territorios. Acercándolas, para hacerles presente nuestra compañía. Con acciones de presión para que las instituciones nacionales e internacionales no se desentiendan de la obligación de proteger la vida por encima de todo. Rechazando el acoso, el uso de la violencia y el asesinato como recursos válidos en la inversión empresarial.

– Apoyando en nuestro país los derechos de las personas inmigrantes-refugiadas, que han tenido que huir de la violencia y la destrucción de condiciones de vida digna, frente a las leyes y prejuicios xenófobos y racistas.

Es por esa contribución que queremos agradecer en primer lugar al fotoperiodista y amigo Gervasio Sánchez que haya puesto su ojo y su cámara, su profesionalidad solidaria y su tan solicitado tiempo a disposición de este proyecto de “Activistas por la Vida”, que, articulado en torno a una exposición fotográfica, despliega una serie de formatos audiovisuales, comunicativos  y didácticos para tender un puente de solidaridad con las personas defensoras y sus comunidades. Y, por supuesto, a todas las personas protagonistas de esta historia, a las que aparecen y a las que han preferido no aparecer, a las queridas organizaciones y comunidades de Guatemala y Honduras que nos han brindado su confianza y su colaboración para que este proyecto fuera posible. Al Institut de Drets Humans de Catalunya que nos acompaña en el proyecto. Y a la Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament que creyó y apostó desde el primer momento por esta propuesta.

Ahora la continuidad de esta historia está también en tus manos.

Àlex Guillamón. Entrepobles

Las cuentas impagadas por alquileres y servicios de luz, agua, gas y acceso a conectividad crecieron a ritmo acelerado en estos meses de aislamiento social para protegerse del coronavirus. El carácter feminizado de las economías precarizadas son hoy objeto preferido de endeudamiento.

La cuarentena puede leerse desde el punto de vista de cuáles son los movimientos que generan deudas y cuáles los que generan rentas. Con ese método, no solo se evidencia quién puede quedarse en casa y quién no. También cómo moverse o fijarse tiene efectos diferenciales en términos de ingresos y deudas.

Por eso, no hay manera de pensar la crisis habitacional, sin la deuda creciente de inquilinas e inquilinos, así como no se logró poner de relieve la falta de acceso a conectividad en los barrios más precarizados hasta que la deuda por celulares se evidenció como un costo exorbitante en plena pandemia. La renta inmobiliaria y la renta financiera aprovechan la inmovilidad.

¿Qué papel está jugando el endeudamiento a nivel global y a nivel doméstico en este momento de crisis? En nuestra investigación Una lectura feminista de la deuda (2019) hemos desarrollado cómo el endeudamiento público, acelerado exponencialmente en los últimos cuatro años, se tradujo en políticas de ajuste que se derramaron en los hogares como deuda doméstica.

Junto a la inflación galopante y la consecuente pérdida de poder adquisitivo de subsidios y salarios, se produjo una realidad en la cual se volvió obligatorio el endeudamiento para acceder a bienes tan básicos como alimentos y medicamentos. Aquí la deuda doméstica aparece en su dimensión más política: como modo de metabolizar los efectos del ajuste, lo cual obliga a completar los ingresos siempre insuficientes para un consumo de productos a su vez cada vez más dolarizados (alimentos, medicamentos, alquileres).

De esta manera, la deuda en las familias opera también como mecanismo que obliga a la precarización: a la aceptación de trabajos cada vez peor pagados. Esto hace que las deudas terminen organizando y comandando las formas laborales, siendo un motor interno a la flexibilidad sin límites y una manera de explotación que logra intensificarse y adaptarse a realidades laborales cada vez más heterogéneas.

Las finanzas, despojadas del puro tecnicismo y pensadas en su impacto cotidiano, deben comprenderse en términos de una lógica extractiva del capital, organizando lo que llamamos “extractivismo financiero”.

Vivienda y alquiler

 En los meses de aislamiento social, preventivo y obligatorio se constata el aumento acelerado de la pobreza y situaciones de precariedad generalizada y, en consecuencia, el incremento muy fuerte de deudas en los hogares. La disminución de ingresos para la gran parte de la población que no tiene empleo asalariado fijo, el recorte de sueldos incluso para quienes sí lo tienen, y los despidos forman parte del paisaje de veloz pauperización y el suplemento de la deuda a la hora de “salvar” el momento.

Queremos puntualizar aquí las nuevas formas de endeudamiento que se están produciendo en la crisis, a partir de un trabajo de encuestas y entrevistas que realizamos sumado a otras fuentes que venimos sistematizando. Uno de los centros del conflicto actual es la vivienda.

A partir del imperativo #QuedateEnCasa se ha revelado la dificultad de lo que esto significa en el contexto actual y, en particular, con el aumento de violencia de género que se registra en condiciones de confinamiento. Hacinamiento, barrios enteros sin agua y alquileres que se vuelven impagables. Esto es efecto del acelerado proceso de financiarización del acceso a la vivienda (cada vez más cara y escasa) y que tiene en la toma de tierras uno de sus eslabones evidentes.

Según una encuesta realizada mensualmente por la Federación de Inquilinos, más del 60 por ciento de quienes alquilan se endeudaron de alguna manera (con préstamos bancarios y no bancarios o con familiares o amistades) frente a la imposibilidad de pagar el alquiler desde mayo.

La deuda por razón de la vivienda expresa lo que denominamos violencia propietaria:. que se concreta en el abuso directo de dueños e inmobiliarias que aprovechan la situación crítica para amenazar, amedrentar, no renovar contratos o directamente desalojar. Sobre todo, es caldo de cultivo para forzar al endeudamiento y, en la medida que los meses pasan, a financiar deuda con más deuda.

Sabemos que para muchos hogares, la deuda es la antesala del desalojo y, a la vez, la manera de aplazarlo, de postergarlo. Pero esa violencia propietaria también recrudece en el mercado inmobiliario informal, cuando las casas son habitaciones de hotel o cuartos alquilados en una villa o casas compartidas en asentamientos, donde en general no hay contrato ni recibo de pago de por medio, pero los costos y el ajuste inflacionario de los montos son iguales o mayores a los que implica el alquiler de un departamento pequeño.

Es una novedad de las tomas de tierras de estos meses que la mayoría de quienes explican su situación lo refieren a la imposibilidad de seguir pagando alquileres y a deudas acumuladas por vivienda.

Estas deudas, además, buscan confiscar desde ahora ingresos a futuro: sean sueldos o subsidios venideros; o, directamente, obligan a la toma de nuevas deudas con circuitos familiares e informales. Esto también se convierte en un botín para las financieras que están comprando propiedades con deudas. Lo cual, a su vez, plantea una analogía con un circuito global de fondos de inversión que en varios países del mundo hoy están haciendo grandes negocios con los desahucios y desalojos.

Feminización de la pobreza

 Es además necesario analizar cómo interviene la situación de endeudamiento doméstico sobre la realidad de esa brecha entre trabajo no remunerado y trabajo remunerado. La coyuntura de emergencia por la crisis acelerada por la covid-19 intensificó el endeudamiento de mujeres que ya se venía observando durante los últimos años. Según datos de la Dirección de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía, 1.900.000 de las receptoras de la Asignación Universal por Hijo (AUH) tienen deuda con la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Este fenómeno se diversificó e incrementó durante la pandemia, donde las deudas “no bancarias” por alquileres y servicios de luz, agua, gas y acceso a conectividad crecieron a ritmo acelerado, lo cual se hace aún más fuerte en los hogares monomarentales, convirtiendo al endeudamiento en otra de las formas de intensificación de las desigualdades de género.

Según una encuesta mensual de la organización Inquilinos Agrupados, el endeudamiento por alquileres crece exponencialmente en los hogares donde hay un único ingreso o donde viven madres solteras con hijos e hijas.

En los barrios populares, donde la emergencia sanitaria y la restricción de ingresos impactó más fuerte, las deudas por conectividad -es decir, para comprar datos para sostener la educación pública a distancia- se incrementaron notablemente, absorbiendo incluso buena parte del IFE.

La situación es paradójica en su dramatismo: el incremento de las tareas de cuidado, además de intensificar el trabajo no remunerado que implica hacerse cargo de la escolaridad de las hijas e hijos al interior de los hogares, genera más deuda.

El trabajo no reconocido en los hogares se traduce en una desigualdad de ingresos que, a la vez, se transforma en engranaje de endeudamiento. Es esta situación de endeudamiento compulsivo y reiterado, además, la que produce una relación directa con el crecimiento de las economías ilegales como oferentes de empleo en situaciones de alta vulnerabilidad.

Si algunos analistas hablan del trabajador actual como un “recolector de ingresos”, que ya no puede garantizar su reproducción a través de un salario único y estable, podemos hablar de la “recolectora de deudas” como una figura expresiva de la profundización del despojo y la precarización que se suele nombrar como feminización de la pobreza.

En esta línea, es fundamental subrayar el carácter feminizado de las economías precarizadas que son hoy objeto preferido de endeudamiento. Una lectura feminista del problema financiero, tal como lo venimos desarrollando, confronta la dinámica abstracta de las finanzas en su relación con la vida cotidiana, con las formas de la violencia en los hogares y en los diversos territorios y con las modalidades actuales de explotación del trabajo, remunerado y no remunerado.

¿Quién pagará la crisis?

Esta situación no se generó de un día para el otro. Hay una genealogía que muy rápidamente se puede sintetizar para nuestra región. Si en los años 80 el endeudamiento disciplinó las transiciones democráticas en América Latina, como vía de salida de las dictaduras; luego, en los 90, la forma Consenso de Washington de las reformas neoliberales impusieron nuevos umbrales de deuda; y estos últimos años se asiste a un fuerte relanzamiento de la penetración financiera sobre nuestros países, combinada con situaciones de pobreza y despojo de recursos cada vez más intensivas.

Esta colonización financiera derramada en términos de deuda doméstica tomó como territorio de conquista a las poblaciones más empobrecidas y precarizadas. Esto se vincula a su vez, en términos retroactivos, con el modo en que se han conectado los subsidios sociales con la bancarización masiva, en un proceso que lleva más de una década en la región.

Cuando la relación de deuda se derrama hacia abajo, se difunden los efectos de la deuda tomada por los Estados a modo de cascada. Es decir, los despojos y privatizaciones a los que obliga el endeudamiento estatal se traducen como endeudamiento compulsivo hacia los sectores subalternos, que pasan a acceder a bienes y servicios a través de la mediación de la deuda. Esto tiene el efecto, tanto de modificar la relación entre ingreso y deuda, como también entre deuda y acceso a derechos.

Y aún más: esta cartografía específica permite ver sobre qué cuerpos, economías y territorios esa deuda se produce. Esta es la metodología feminista que venimos desplegando, que va de las finanzas a los cuerpos. ¿A quiénes se endeuda? ¿Cómo? ¿Con qué tasas de interés? ¿Qué tipo de trabajo, remunerado y no remunerado, caracteriza a la población más endeudada? Estas fueron algunas preguntas que en los últimos años hemos desarrollado, tanto en términos de acción política como de producción de conocimiento e información.

La investigación en la pandemia empieza relevando la multiplicación de las deudas privadas en la crisis y los trabajos y territorios domésticos y comunitarios que explota y permite trazar, a la vez, los dilemas políticos del momento.

Por un lado, se constata cómo gran parte del IFE otorgado por el gobierno nacional y los ingresos por subsidios y salarios son absorbidos por los bancos, supermercados, empresas de telecomunicación, empresas de plataformas y pago de deudas. Y, por otro, que las formas de la precarización laboral que vemos acelerarse expresan las disputas al interior de la crisis.

El capital -y las ofensivas patronales y financieras en las que se expresa- aprovechará la situación de crisis para reconfigurar las formas de trabajo, los modos de consumo, los parámetros de ingreso y las relaciones sexo-genéricas. Más concretamente, podemos pensar que estamos ante una reestructuración de las relaciones de clase que toma como escena principal el ámbito de la reproducción social. Esto incluye a los hogares, pero también a los trabajos reproductivos que se hacen más allá de los muros de la vivienda.

Sin dudas, hay sectores para los cuales el momento actual no solo no significa una detención de sus actividades debido a la cuarentena, sino que representa por el contrario una oportunidad para acelerar su propia lógica de ganancias, la cual saca provecho de la inmovilidad endeudada, esa que toma cuerpo en una domesticidad cada vez más explotada y precaria.

Luci Cavallero y Verónica Gago, Investigadoras GIIF-UBA-Conicet (Argentina)

Fuente: Boletín 74, Activistas por la vida

25 de Noviembre. Día Internacional Por la Eliminación de las Violencias hacia las Mujeres

[Foto de portada: https://www.marcha.org.ar]

Este año 2020, la pandemia de la Covid-19 ha azotado nuestra sociedad y nuestras vidas. Esta crisis sanitaria y social sin precedentes ha golpeado especialmente la vida de muchas mujeres, que además de la precariedad y la desigualdad, han sufrido los maltratos cotidianos y las agresiones sexuales que el terrorismo machista ha multiplicado con el confinamiento.

Entrepueblos-Entrepobles-Entrepobos-Herriarte nos sumamos al clamor feminista internacional de las concentraciones, acciones y manifestaciones,  por una vida libre de violencias machistas en cualquier parte del mundo. La visibilización de la rebeldía feminista en las calles, reivindicando un cambio social en las políticas públicas, es en estos momentos fundamental para erradicar las violencias machistas, junto con el compromiso y corresponsabilidad de toda la sociedad.

✊🏽 EXIGIMOS cambios estructurales claves para la prevención, la atención, la recuperación y la eliminación de todo tipo de violencias machistas.

✊🏽 EXIGIMOS incorporar en el currículum de todas las etapas educativas la educación afectiva-sexual como forma de abordaje de las violencias machistas.

✊🏽 EXIGIMOS políticas públicas que pongan la vida y los cuidados en el centro, luchando contra la violencia que suponen la pobreza y la exclusión social, con una asignación presupuestaria que garantice una vida digna para las mujeres.

✊🏽 EXIGIMOS la derogación de la Ley de Extranjería, que ejerce violencia sobre las mujeres migradas y subordina sus vidas al patriarcado, así como el cierre definitivo de los CIES.

✊🏽 EXIGIMOS la regularización de las personas migrantes, en especial de las mujeres migradas,  como única vía para revertir los procesos de violencias machistas.

#JuntasSomosMásFuertes

⭐ SI NOS TOCAN A UNA, RESPONDEMOS TODAS

⭐ QUEREMOS CAMINAR TRANQUILAS DE NOCHE Y DE DÍA

⭐ NUESTRA COMPLICIDAD, LA MEJOR ESTRATEGIA: FEMINISMO INTERNACIONALISTA

⭐ NINGUNA AGRESIÓN SIN RESPUESTA

⭐ FUERA LA VIOLENCIA MACHISTA DE NUESTROS CUERPOS Y NUESTRAS VIDAS

Manifestamos nuestro apoyo a las convocatorias de movilizaciones feministas a nivel internacional en torno al 25 de noviembre de 2020 del que se hacen eco en http://www.feministas.org/movilizaciones-2020-25noviembre.html y en otros medios

Subscribimos el manifiesto publicado por la Coordinadora de ONGD del Estado Español, bajo el lema “nos queremos diversas, libres, rebeldes, seguras y vivas para asegurar nuestros derechos y transformar la realidad”, y exigimos medidas concretas que pongan fin a esta grave violación de los derechos humanos: https://coordinadoraongd.org/2020/11/manifiesto-dia-internacional-de-eliminacion-de-las-violencias-contras-las-mujeres/

Damos difusión al video publicado por la Red EU-LAT, donde se ponen de relieve las violencias contra las mujeres, el feminicidio y la criminalización de las defensoras como problema global en Europa y América Latina, y se alienta a que su erradicación sea incluida como prioridad dentro de la cooperación bilateral y regional, las relaciones económicas y el diálogo político. Así mismo, insta a la Unión Europea y a sus Estados miembros a reforzar su compromiso con los derechos de las mujeres y con la lucha contra la violencia de género en el marco de la crisis sanitaria, combatiendo el impacto diferenciado de la crisis por la Covid-19: https://www.youtube.com/watch?v=Pwnyq1Ai35E

Llamada a la solidaridad pueblo a pueblo ante la catástrofe climática en Centroamérica
¡Justicia climática!

Este año 2020 no solamente pasará a la historia por la pandemia del COVID-19. Además, a estas horas ya ha batido el récord de huracanes en el Océano Atlántico y Caribe. Una vez agotado el alfabeto latino seguimos avanzando en la octava letra del alfabeto griego, sumando un total de 29, y todavía no hemos terminado.

No nos cansaremos de repetir que la emergencia climática no es un fenómeno del futuro, sino que millones de personas sufren ya sus consecuencias de forma dramática, como está sucediendo ahora en Centroamérica con la devastación del huracán número 28: el Eta.

Será porque la opinión publicada quedó absorta con las elecciones en los EE.UU., será porque hay regiones del globo mediáticamente desechables y una de ellas es Centroamérica, nos da la impresión de que el mundo no se ha enterado de la enorme magnitud de la catástrofe humanitaria que ha supuesto en estos días el paso de este huracán por la región, solamente comparable al impacto del Mitch, que la asoló en 1998.

La emergencia climática acentúa la frecuencia y la violencia de los fenómenos como las largas épocas de sequía, que sufría hasta hace poco Centroamérica, a la que siguen huracanes como el Eta. Los huracanes, a su vez encuentran territorios y poblaciones extremadamente vulnerables, debido a la gran deforestación por la tala de áreas boscosas y selváticas, el avance de los monocultivos, la erosión de los suelos y el acaparamiento de ríos por parte de las grandes empresas, que provocan la erosión y saturación de los suelos y en consecuencia derrumbes como los que en estos días se producen en diferentes puntos, enterrando gran cantidad de viviendas, comunidades, infraestructuras y cultivos.

Pero aún hay otro factor grave de vulnerabilidad: los estados fallidos, cooptados por la corrupción institucionalizada, la ausencia de políticas y servicios públicos.

Según análisis muy preliminares se habla de más de 3.000.000 de personas afectadas en sus viviendas y formas de vida. En cuanto al número de personas fallecidas, nadie se atreve a aventurar aún una aproximación, dado que las fuentes gubernamentales siguen sumidas en el silencio al respecto. Hay centenares de comunidades a las que aún no se ha podido llegar.

Entrepueblos no es una organización especializada en ayuda de emergencia y no acostumbramos a hacer este tipo de convocatorias, pero, ante los llamados que nos llegan de organizaciones sociales y populares aliadas, y ante la plena confianza de que nuestro apoyo llegará directamente para los objetivos y para las comunidades que lo requieren, os convocamos a un gesto solidario en un doble sentido:

– A difundir la gravedad de la situación climática, causada por la suma de vulnerabilidades en Centroamérica, para lograr que los medios de comunicación y las instituciones se hagan cargo de la misma y respondan con la agilidad y los medios que se requieren. El bajo tono de la información mediática es un factor más que desincentiva esta necesaria reacción. Especialmente, nos dirigimos a sumar fuerzas en este sentido a las organizaciones de cooperación y a las coordinadoras, a concertar acciones y hacer la urgente incidencia hacia las instituciones públicas para una ayuda humanitaria de calidad, que no alimente los circuitos de la corrupción política y económica.

– A que las personas y entidades que tengan capacidad de hacerlo, contribuyan con donaciones a alimentar la cadena de solidaridad “pueblo a pueblo”, con las comunidades campesinas, indígenas, urbanas, grupos de mujeres, etc., a través de las organizaciones populares y los movimientos sociales de Guatemala y Honduras. Porque en este contexto es más cierta que nunca la afirmación de que “solo el pueblo salva al pueblo”. Para ello ponemos a vuestra disposición la cuenta:

Triodos Bank ES05 1491 0001 21 3000079938

Guatemala es un país con 17 millones de habitantes, de los cuales más del 50% viven en situación de pobreza, porcentaje que supera el 80% en el caso de la población indígena. A una situación de extrema exclusión y violencia estructural contra las comunidades campesinas indígenas, sumidas en una situación sin precedentes debido a los efectos de la pandemia, se suman ahora los efectos del Huracán Eta, que ha dejado incuantificables daños y pérdidas (humanas y materiales) en toda la región norte del país.

Las comunidades reportan que las pérdidas son totales (viviendas, ropa, utensilios de primera necesidad, ganado, la producción tanto almacenada como recién sembrada, etc.), lo que deja a la población en una situación de extrema vulnerabilidad. Grandes áreas se encuentran sin suministro de agua potable y electricidad. Un gran número de familias y comunidades han tenido que abandonar sus hogares y están temporalmente reubicadas en albergues provisionales totalmente precarios y en otros casos sin posibilidad de refugio. Otras comunidades siguen aisladas, sin posibilidad de acceso terrestre y sin suministro de servicios básicos, situación que nos preocupa gravemente.

Ante un estado totalmente ausente y un sistema de salud precario y desabastecido incapaz de atender a la población, la solidaridad de los pueblos y la organización comunitaria es fundamental. Desde Entrepueblos hace años que venimos acompañando el trabajo de las organizaciones amigas, como el Colectivo MadreSelva o el Comité de Unidad Campesina. Ambas tienen una amplia trayectoria de trabajo comunitario apoyando a las comunidades indígenas y campesinas en la defensa de sus derechos, del territorio y el cuidado de los bienes naturales. En conjunto, hace años trabajamos con las comunidades de Alta Verapaz, hoy las principales afectadas por los efectos del huracán. Desde ambas organizaciones hacen un llamado a la solidaridad para poder acompañar a las comunidades y contribuir para dotar a las familias de atención de emergencia de primera necesidad priorizando el apoyo para reubicar a las familias en albergues y/o espacios seguros, adquisición de alimentos, medicinas, kits de higiene, alimentación y ropa. Se solicita apoyo para atender concretamente a las comunidades del Valle del Polochic y de Cahabón en el departamento de Alta Verapaz, en las que cientos de compañeros, compañeras, ya gravemente afectadas por los desalojos ilegales, la criminalización y las agresiones por parte de las grandes empresas, el estado y los sectores militares, han perdido no solo sus hogares sino también sus medios de vida.

Honduras un país con aproximadamente 11 millones de habitantes, donde más del 60% de su población está bajo la línea de pobreza. Durante el año 1998 se calcula que hubieron cerca de 9 mil muertes a causa del huracán Mitch, dejando al país en extrema vulnerabilidad. 22 años después y con consecuencias visibles por los efectos del cambio climático en Honduras, la llegada del huracán Eta, posteriormente convertido en tormenta tropical está provocando daños incuantificables, siendo la zona norte del país la más afectada por ese fenómeno natural que ya reporta cientos de personas desaparecidas, pérdida de vidas humanas y miles de familias que han perdido sus casas y bienes personales y muchas comunidades y ciudades enteras están incomunicadas por la destrucción de puentes y carreteras.  Sumado a todo ese panorama desolador, está la situación de emergencia por la COVID-19, lo que agrava aún más la situación del país, debido a los múltiples contactos entre personas, las dificultades logísticas en los centros de acopio y refugios para las víctimas, así como el colapso de los hospitales y centros de salud, la falta de insumos y bienes de primera necesidad, así como insumos de bioseguridad. Además, los efectos posteriores aún son incuantificables: pérdida de siembras, negocios y medios de subsistencia de comunidades enteras.

Ante todo este panorama, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) y el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) nos urgen a convocar la solidaridad y la asistencia internacional para el pueblo hondureño, para aportar recursos y que estos lleguen directamente a las personas afectadas por la tormenta.

El COPINH es una organización social y política, de carácter indígena, sin fines de lucro, pluralista, amplia, solidaria y unitaria de la zona sur-occidental de Honduras con incidencia nacional. Es una instancia que facilita la reivindicación y reconocimiento de los derechos políticos, sociales, culturales y económicos, impulsando el mejoramiento de las condiciones de vida de los pueblos y comunidades indígenas lencas y de Honduras.

OFRANEH es una organización garífuna (población afrodescendiente) de base comunitaria con más de 40 años de trabajo y con reconocido prestigio nacional e internacional y altos niveles de transparencia en el manejo de fondos.

El MADJ es un movimiento social y político comprometido en la lucha por construir y desarrollar, en Honduras, una propuesta popular en contra de la corrupción y el mal manejo de los bienes públicos y a favor de una sociedad que crezca desde la transparencia, la dignidad y el respeto a los derechos humanos y al ambiente

Los fondos serán utilizados para labores de rescate, compra y donación de alimentos, ropa y productos de primera necesidad, así como medicamentos e insumos de bioseguridad.