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5 de febrero de 2021

Casi un mes después de que el mundo se pusiera nuevamente en jaque por el tsunami del volcán submarino del pacifico sur, un líquido, negro, hediondo, impregna los mares y playas de las costas peruanas, atrapando en su viscosidad todo lo que se encuentra a su paso.

Lo que está ocurriendo ya es de sobra conocido: responsabilidades múltiples no asumidas de la marina mercante, -una institución profundamente corrupta- que no dio ningún tipo de alarma sobre los posibles peligros que podía implicar la erupción de Tonga; la empresa petrolera Repsol comunicando ridículamente un “vertido limitado” de 0,16 barriles (unos 25 litros) en un espacio de 2,5 metros cuadrados; y un gobierno peruano, que independientemente de su color político, flexibiliza sus normas ambientales hasta su mínima expresión con tal de seguir atrayendo inversiones de transnacionales extranjeras.

Las últimas estimaciones de las autoridades peruanas señalan que en realidad fueron unos 11.900 barriles -casi 2 millones de litros-. En terreno ha supuesto una afectación sobre 1,8 km² de 24 playas, de 5 municipios y cerca de 7 km² de aguas; sobre dos zonas naturales protegidas, sobre todas las especies de plantas y animales de estos ecosistemas y sobre los lugares de trabajo de unas 3.000 familias pescadoras y miles de otras que vivían del comercio y los servicios en las playas y en los balnearios de Ancón.

El desastre ecológico más devastador de las últimas décadas es tan solo una expresión más de una larga lista de crímenes ambientales impunes en uno de los 10 países más megadiversos del mundo, y que no deja de evidenciar los impactos catastróficos de seguir manteniendo matrices energéticas de mirada cortoplacista basadas en combustibles fósiles. Decenas de organizaciones ambientalistas, recuerdan en redes y medios alternativos que, lo que hoy la población de Lima vive con espanto, es el pan de cada día de miles de comunidades amazónicas, que en los últimos 25 años han sido receptoras de más del 50% de vertidos de hidrocarburos, lamentando la desigualdad, abandono y brecha de justicia social que viven.

Asistimos pues, a un desastre más de la larga lista de ecocidios provocados por el ciclo de extracción, refinado y distribución de la industria petrolera desde hace décadas y en todos los continentes. Sin ir más lejos la semana pasada se ha producido otro derrame en la Amazonía ecuatoriana por una ruptura en el Oleoducto de Crudos Pesados que transporta el petróleo de la selva hasta la costa del Pacífico, afectando a 21.000 m2 del Parque Nacional Cayambe Coca y los ríos Coca y Napo.

No existe la industria petrolera segura. Es una industria con altos riesgos y contaminantes en todo su ciclo. Es una de las principales responsables de la emergencia climática. Por eso el mejor petróleo es el que se queda en su sitio, en sus yacimientos.

Indignación y movilización social

El hecho ha producido también una oleada de indignación en la opinión pública y de movilización social: tanto por su magnitud como por la gestión indolente de Repsol, que se ha vivido como un menosprecio, no solo a las víctimas directas, sino a todo el país. A pesar de que el monopolio de medios de El Comercio trató a toda costa de borrar de la información pública las siglas de la empresa responsable, la indignación no cesa, y un logo de Repsol teñido de chapapote se multiplica en todo tipo de canales de información no oficiales, clamando por justicia y responsabilidad a la petrolera española. En estos días se han convocado decenas de movilizaciones, incluidas las de Ancón denunciando que más de 1500 familias dedicadas a la pesca artesanal han perdido sus medios de vida.

Más de 300 organizaciones de toda la geografía peruana piden en un pronunciamiento liderazgo por parte del gobierno peruano y exigen “que Repsol asuma de inmediato las acciones de reparación, contención y compensación”. La Plataforma de la Sociedad Civil peruana sobre empresas y derechos humanos señala que Repsol nunca “ha presentado su proceso de diligencia debida en materia de derechos humanos para identificar, mitigar y rendir cuentas de sus impactos” y reclama “sanciones administrativas como multas , exclusión de la contratación pública, denegación de otorgamiento de medidas de apoyo público, y acciones civiles o penales según corresponda”. Piden al Congreso apruebe el Acuerdo de Escazú,  cuyo marco normativo “tiene como objetivo garantizar la implementación plena y efectiva de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales.”

“¡Repsol, hazte cargo!” la demanda de justícia ambiental

Pero ¿por qué vías se podrá acceder a estas exigencias de justicia ambiental?

Por un lado, tenemos el nuevo y errático gobierno de Pedro Castillo, un presidente inesperado, proveniente de una aldea rural en Perú andino, maestro militante de izquierda, pero con posicionamientos conservadores patriarcales e inclinaciones nada críticas hacia el modelo extractivista del país. Tenemos también la prematura dimisión de su primera ministra, Mirtha Vásquez -abogada de defensoras comunitarias con quien Entrepueblos hemos colaborado muchos años cuando trabajó en GRUFIDES, entidad ambientalista de Cajamarca- expresando su decepción por la falta de claridad en la lucha contra la corrupción de Castillo.

A partir de este cambio, el gobierno se ha mostrado mucho más conciliador con Repsol y, tras una fuerte campaña de prensa alertando sobre el peligro de desabastecimiento para el país si el gobierno persiste en la paralización de las actividades de Repsol, finalmente le ha permitido reanudar, sin garantías de que la empresa afronte sus responsabilidades.

Y es que no sería el primer caso de gobierno precozmente devorado por una maquinaria estatal acostumbrada durante décadas a abrir las venas del territorio y las comunidades que lo habitan en el extractivismo, minimizando los estándares ambientales y sociales, para generar una riqueza que siempre vuela lejos y alimenta la corrupción de los gestores públicos y privados nacionales.

Y del otro lado tenemos un estado español que, independientemente del color político del gobierno, funciona como una empresa de servicios diplomáticos, comerciales, financieros y de todo tipo para las multinacionales del IBEX35. Sin ir más lejos, la Refinería de Ventanilla se amplió con créditos asegurados por la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE). Es decir, la ciudadanía del Reino de España hemos avalado la inversión en ese desastre.

Según el último informe del Observatorio de la Sostenibilidad, Repsol es la principal empresa emisora ​​de gases de efecto invernadero del Estado español. Además, en el contexto actual de gran concentración del poder económico global, Repsol es una empresa “española” -con sede en Madrid- pero sus principales accionistas son -por este orden- JP Morgan, Black Rock, Amundi, Sacyr, Banco de Santander y Norges Bank.

Acabar con el blindaje de la impunidad del ecocidio

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU lleva desde junio de 2014 negociando la elaboración de un tratado vinculante por las empresas transnacionales. Este tratado debería llenar un vacío legal que hoy permite a estas empresas eludir sus obligaciones en materia de derechos humanos y ambientales, y gozar en la práctica de impunidad. Pero las delegaciones de EE.UU. y la UE han seguido una estrategia constante para eternizar el debate y tratar de rebajar sus contenidos.

La Unión Europea inició los trámites para la aprobación de una ley europea sobre “debida diligencia” atendiendo a la presión social creciente en este mismo sentido. Pero, en una dinámica sin precedentes en las instituciones europeas, el trámite de la ley se ha suspendido desde septiembre del año pasado.

El debate parlamentario sobre la ley española de responsabilidad extraterritorial de las empresas con respecto a los derechos humanos y ambientales lleva meses esperando a las puertas del Congreso, situando a España como uno de los pocos estados de Europa occidental donde aún no se ha iniciado.

Desde Entrepueblos consideramos que en este contexto de arquitectura de la impunidad la lucha por la justicia ambiental en el caso de Ventanilla tiene como principal camino la solidaridad pueblo a pueblo, que ya ha empezado a activarse apuntando a convertirlo en un caso emblemático, ejemplificador de cómo no queremos que sigan funcionando este mundo y esta sociedad.

Ante la emergencia climática, ecológica y energética en la que nos encontramos, cada vez más gente reclama que el ecocidio debe ser reconocido como un delito universal y que la impunidad corporativa debe ser considerada una práctica tan odiosa e intolerable como ahora vemos la esclavitud. Y en las próximas semanas y meses nos proponemos articular las alianzas para hacerlo posible.

Desde el Foro de ONGS española en Perú, pedimos acciones inmediatas a Repsol y al Estado español en cumplimiento de principios rectores de Empresas y DDHH

– Lima, a 20 de enero de 2022 –

Desde el Foro de ONGD Españolas en Perú, plataforma que agrupa a 17 organizaciones que desarrollamos proyectos de cooperación al desarrollo en el Perú, manifestamos nuestra profunda preocupación y alarma ante el reciente vertido de petróleo en las costas de Lima, responsabilidad de la empresa española Repsol, y su refinería en el distrito de Ventanilla: La Pampilla. Saludamos el comunicado de la Embajada de España en Perú solicitando acciones de reparación y las investigaciones correspondientes y, por todo ello, pedimos al Ministerio de Asuntos Exteriores, y dentro de él a la Embajada española y la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo, además de a la Cámara de Comercio que hagan todas las acciones posibles para hacer cumplir los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos (resolución 17/4 del Consejo de DD.HH. de NNUU) que el propio Estado español ha suscrito con la aprobación del Plan de Acción Nacional de Empresas y DD.HH. en 2017 y el cual establece, entre otros “el compromiso de España de proteger los derechos humanos, también frente a cualquier impacto negativo que la actividad empresarial pudiera tener sobre ellos, y de proporcionar a las eventuales víctimas de los mismos un remedio efectivo”.  La actuación de Repsol previa y posterior al desastre ecológico generado por el vertido de varios miles de barriles de petróleo, que ha derivado en la contaminación de litoral peruano, los cuales abarcan áreas naturales del país e importantes núcleos de población, podría constituir un delito ambiental que debe ser oportunamente investigado; y muestra la falta del cumplimiento por su parte del principio de debida diligencia que busca evitar la violación de los derechos de terceros y hacer frente a los impactos adversos de su actividad. Por todo ello, exigimos se tomen las medidas efectivas para cumplir los principios de “proteger, respetar y remediar”, que descansan, como es de su conocimiento, en tres pilares fundamentales:

1. la obligación del Estado de proteger frente a las violaciones de los derechos humanos por parte de terceros, incluidas las empresas;
2. la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos; y
3. la necesidad de mejorar el acceso de las víctimas a vías de remedio efectivas, judiciales y no judiciales.

En base a ello, pedimos al Estado español, al Ministerio de Asuntos Exteriores, la Embajada de España en Perú y la Agencia Española de Cooperación que en cumplimiento del principio rector 1: “Los Estados deben proteger contra las violaciones de los derechos humanos cometidas en su territorio y/o jurisdicción por terceros, incluidas las empresas. A tal efecto deben adoptar las medidas apropiadas para prevenir, investigar, castigar y reparar esos abusos mediante políticas adecuadas, actividades de reglamentación y sometimiento a la justicia”, insten a tomar todas las medidas necesarias a Repsol para reparar el ecocidio generado en las costas peruanas, remediar a la población aledaña impactada y afectada en sus medios de subsistencia y los ecosistemas circundantes, así como la urgente adecuación de los procesos de la Refinería La Pampilla a estándares medioambientales internacionales que pongan fin a daños ambientales que durante décadas llevan generando en su zona de intervención. Asimismo, instamos a la Cámara de Comercio a pronunciarse de manera crítica sobre esta situación y a reforzar sus compromisos para que todos sus miembros trabajen para respetar, proteger y remediar cualquier posible impacto en materia ambiental, laboral y de DD.HH. de sus actuaciones en el país. Adicionalmente, hacemos un llamado a poner la atención y prevenir todo tipo de impactos en la selva del país – zona que ha sufrido 566 derrames desde 1997 y donde la citada empresa también tiene operaciones- debido a la corrosión de ductos y fallas operativas causadas por terceros, que no han sido remediados ni indemnizados a la población afectada.  Más allá de cualquier actividad de lucro, en un contexto de crisis climática como el actual, la protección de los ecosistemas en un país megadiverso como Perú debe ser una prioridad para los estados a nivel global. Es una responsabilidad fundamental con las generaciones actuales y futuras actuar de manera coherente y en cumplimiento de los compromisos suscritos en materia de desarrollo (ODS), empresas y DD.HH. y lucha contra el cambio climático, así como caminar hacia un modelo de transición social y energética que abandone el extractivismo y la dependencia de combustibles fósiles de alto impacto ecológico, y se base en el uso de las energías renovables, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y la creación de empleo verde de manera que respondan a los retos de salud poblacional, neutralidad climática y seguridad energética actuales. Por nuestra parte, desde la sociedad civil organizada seguiremos desarrollando nuestra labor de vigilancia sobre la situación acontecida, e instando a la aprobación de un Tratado  jurídicamente Vinculante en el marco de la ONU para regular, en el derecho internacional, las actividades de las empresas transnacionales (ETN), incluidas todas las entidades de sus cadenas de producción mundiales, así como la Ley de debida diligencia en la UE que obliguen a las empresas a respetar los DD.HH. y a reparar los daños de sus acciones. 

Foro de ONGDs Españolas

Fotografía de portada de Adan Calatayud del mar de Santa Rosa 21/01/2022