‘Brilla’ es una canción en español y quechua de la cantante Renata Flores y el músico Tayta Bird que defiende la vida sin violencias de las niñas peruanas, sus cuerpos y sus territorios.
En un contexto en donde las autoridades vienen arremetiendo cada vez más contra los derechos de la ciudadanía de manera altamente discriminatoria y racista, el coro de las Niñeces de Carabayllo (Lima) y Acomayo (Cusco) se unen a Renata Flores, considerada la reina del rap en quechua, y el músico Tayta Bird para levantar las voces de las diversas niñeces del Perú en ‘Brilla’ y así hacer que sus opiniones sean tomadas en cuenta para garantizar su derecho a vivir libres de todo tipo de violencias.
La canción y el videoclip forman parte de la campaña ‘Vivir sin Miedo’ en la que colaboramos desde Entrepueblos con Demus Perú y Asociación Kallpa, financiado por la Agencia Española de Cooperación Española (AECID). Es el tercer tema musical tras ‘Mujer Montaña‘ y ‘Juntas‘, protagonizado por una estrella de la música peruana.
Ya puedes acceder al repositorio web de ‘Vivir sin Miedo‘, con los hitos de la campaña en cada uno de estos 5 años, desde 2019 hasta 2023. Música, manuales de portavoces, informes, encuentros, manuales para periodistas,…encontrarás material muy interesante para trabajar la lucha contra las violencias y cambiar las narrativas desde los feminismos populares y comunitarios de Perú y toda Latinoamérica.
“Vivir sin Miedo es nuestro derecho” es el lema bajo el que se ha amparado todo un trabajo de transformación de patrones socioculturales que contribuyen a perpetuar relaciones desiguales entre mujeres y hombres de cualquier edad. De igual modo, la intervención, desarrollada en Lima y Cusco, ha tenido como objetivo desmentir y desmitificar supuestas diferencias entre ambos géneros que justifican, legitiman y exacerban las violencias contra las mujeres.
Para ello, las organizaciones peruanas Demus y Kallpa han colaborado estrechamente con la Red de Mujeres Organizadas de Carabayllo (Lima) y la Red Kuskalla de Acomayo. En su quehacer, han contado con el apoyo de las entidades españolas Entrepueblos, Enraíza Derechos y AIETI y el financiamiento de Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
“Las mujeres nos dimos cuenta de que para frenar la violencia era necesario hablarlo, intercambiar nuestras vivencias y organizarnos en espacios seguros para aprender y defender nuestros derechos, sobre todo en contextos de crisis donde el impacto de la violencia es más fuerte”, destaca en este sentido, una de las participantes en la intervención en Carabayllo.
La feminista comunitaria Adriana Guzmán, la periodista afro feminista y antirracista Sofía Carrillo y la adjunta de la Defensoría del Pueblo Diana Portal participaron el 26 de mayo en la jornada de cierre de este proyecto, orientada a compartir aprendizajes, estrategias y retos pendientes en la lucha por la prevención de la violencia de género. El evento puso punto y final a un trabajo orientado a promocionar y defender el derecho de mujeres, jóvenes, adolescentes y niñas a una vida libre de violencia en Perú. A sus intervenciones, le siguieron diversas actuaciones musicales de tintes reivindicativos protagonizadas por Batucada Yemayá, Karolinativa y Wendy Sulca.
Además, como resumen del trabajo comunicativo que se ha llevado a cabo, se ha publicado este manual acerca de cómo la comunicación puede trasformar las narrativas y prevenir las violencias machistas. Puedes descargártela aquí.
‘Juntas’, un grito de rebeldía
Uno de los hitos de este trabajo de largo recorrido ha sido el lanzamiento y difusión de diversas composiciones musicales como la titulada “Juntas”. El tema fue ideado en el año de 2022 de manera colectiva como un grito de rebeldía lanzado por las adolescentes del colegio José María Arguedas de Carabayllo y conducido por la cantante Naysha.
La canción visibiliza las violencias a las que pueden estar sujetas las jóvenes en el marco de una relación de pareja, buscando esclarecer la confusión entre amor y violencias de todo tipo (psicológica, verbal, física, etc.). Es, asimismo, una puesta en valor de los vínculos que unen a las mujeres y que les permiten romper con tales situaciones abusivas.
Esta muestra de artivismo está orientada, pues, a la prevención de las violencias contra la población femenina desde su más temprana edad, atacando los cimientos de esta sangrante realidad. Como destacaron las mismas protagonistas de esta creación colectiva: “Tiene un significado muy bonito que habla de nosotras como mujeres y cómo esta sociedad nos trata”, “Es importante porque la canción va a llegar a muchas jóvenes y mujeres”, “Puedo ayudar a mis amigas para que juntas podamos luchar contra la violencia y exigir vivir libres”.
Una injusta realidad persistente
El lunes 22 de mayo de 2023 Cajamarca amanecía con la triste noticia de un nuevo feminicidio. Esta vez el nombre de la víctima era Mirley. Pese a haber presentado cuatro denuncias ante las autoridades, su asesino pudo alcanzarla en la calle y acabar con su vida, dejando a tres niños/as huérfanos. Mirley no es una simple estadística.
A principios de mayo, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables daba a conocer que se han registrado 58 feminicidios en Perú en los primeros cuatro meses del año. En otras palabras, cada dos días una mujer es asesinada. De acuerdo con los últimos datos de la Defensoría del Pueblo, en abril de este año, se reportaron 191 desapariciones de mujeres adultas, 82 de las cuales, producidas en Lima, y 238 desapariciones de niñas y adolescentes mujeres (91 en Lima).
En este sentido, la Defensoría del Pueblo recalcaba “la relación entre el género y la edad de las víctimas como factores de vulnerabilidad”. No se tratan, sin embargo, de los únicos datos que delatan las persistentes brechas de género en el Perú. De acuerdo con el Servicio de Atención Urgente (SAU) del Observatorio Nacional de la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, en este 2023, se han registrado 2.475 casos de violencia familiar y sexual, entre otros considerados de alto riesgo. El 76,64%, esto es, 1971, afectaban a una mujer. Por su parte, los Centros de Emergencia Mujer (CEM) han atendido en lo que va de año 52.409 casos de víctimas de violencia.
Así, teniendo en cuenta este contexto, el trabajo implementado ha tenido como objetivo el empoderamiento de la población femenina, así como de sus organizaciones, el fortalecimiento de las autoridades involucradas en la implementación y cumplimiento de los derechos de las mujeres y la transformación de una cultura que naturaliza la violencia. Porque solo desde un enfoque integral y una mirada amplia, estamos convencidas de que será posible romper con una realidad machista que siega la vida de las mujeres.
El miércoles 10 de mayo recibimos la noticia de que la Corte Constitucional de Ecuador había aprobado la Consulta Popular por el Yasuní, impulsada por el colectivo YASunidos desde 2013 y que permitiría a los ecuatorianos y ecuatorianas frenar la explotación petrolera en una de las zonas con mayor riqueza biológica del planeta.
Una semana más tarde, se confirmaba que el 20 de agosto de 2023, coincidiendo con las elecciones legislativas y presidenciales tras la llamada ‘muerte cruzada’ (disolución de la Asamblea Nacional) del presidente Guillermo Lasso, tendrá lugar la consulta popular bajo la pregunta:
“¿Está usted de acuerdo en que el gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT, conocido como bloque 43, indefinidamente en el subsuelo?”.
En concreto, la ciudadanía decidirá acerca de la permanencia bajo tierra del crudo de los campos Ishpingo, Tiputini y Tambococha, el bloque petrolero 43 (que hace frontera con Perú), también llamado ITT, en el entorno del Parque Nacional Yasuní, declarado reserva de la biosfera por la Unesco en 1989.
“Aunque una gran parte de la infraestructura petrolera ya está construida, tocará decidir si el crudo que aún está en el subsuelo permanece allí y que con esto la frontera petrolera no se extienda sobre el Ispingo –campo que linda con la zona intangible–, territorio de los pueblos Tagaeri y Taromenane (en aislamiento voluntario)”, escribía Esperanza Martínez, de Acción Ecológica, una de las organizaciones que integran Yasunidos y con la que cooperamos en Entrepueblos, en su artículo para la Revista Entrepueblos 78.
El fallo judicial confirma que Petroecuador (petrolera estatal que opera ya en esta zona) tendría por tanto que salir de la zona ITT en el plazo de un año de forma ordenada y progresiva si la consulta tiene un resultado positivo, explicó Jorge Espinosa, integrante de Yasunidos, en una entrevista a Wambra Medio Comunitario.
Éxito para la democracia participativa
Además del reconocimiento de los derechos ambientales y la oportunidad histórica de no avanzar más en la destrucción del Yasuní, en su sentencia, la Corte Constitucional “reprocha el conjunto de acciones estatales que en su momento obstaculizaron el pleno ejercicio de los derechos de participación de los solicitantes”. En efecto, las integrantes de Yasunidos fueron acosadas y criminalizadas por su reivindicación de la consulta, boicoteada a lo largo de esta década por los sucesivos gobiernos de Correa, Moreno y Lasso.
“Todos estos actores políticos no se comprometían, en parte, porque el extractivismo encadena al sector político, no es posible hacerlo dentro de toda esta lógica del crecimiento absoluto del Estado a cambio de la extracción de los recursos. Por eso esta consulta es un ‘bypass’ a toda esta lógica de la corrupción y la abundancia, a todo el sistema. Por primera vez, en todo el Planeta, estamos decidiendo colectivamente dejar el petróleo, y es la única medida real de hacer frente al cambio climático”, añade Espinosa.
“El Yasuní llegó a ser una de las utopías más concretas del ecologismo ecuatoriano. Los últimos 12 años han sido una franca batalla por la utopía, por la comprensión de otras formas de pensar la existencia y por abrir fisuras con la participación ciudadana para conservar este territorio”, subraya también Esperanza Martínez.
Tras 10 años de lucha y activismo, esta decisión de la Corte supone un hecho histórico en Ecuador, ya que es la primera consulta popular de alcance nacional propuesta por la ciudadanía. Esto también marca un precedente mundial sobre la defensa de los derechos humanos y de la naturaleza.
Para Yasunidos, “esta consulta popular realza la importancia de la participación ciudadana y demuestra que podemos fiscalizar directamente al Estado e incluso detener actividades extractivas a través de procesos democráticos“.
“El haberla conseguido es una muestra clara de que la organización popular puede defender derechos, impulsar cambios significativos y frenar el extractivismo que está destruyendo al planeta. Este proceso democrático abrirá un importante debate sobre el modelo de desarrollo actual y plantea nuevas opciones para el futuro del Ecuador. Estamos seguros de que este será el primero de muchos casos impulsados por una ciudadanía que busca un mejor futuro para todos y todas“, concluye Yasunidos.
La pregunta que desde YASunidos se propone para la consulta es:
El pasado 5 de mayo, finalizó la caravana de 10 días por el sur de México, para recorrer las zonas afectadas por los megaproyectos del mal llamado Tren Maya y el Corredor Interoceánico. Una caminata que culminó en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, México. Allí tuvo lugar el encuentro internacional ‘El Sur Resiste 2023: Contra el capitalismo corporativo, patriarcado planetario, autonomías en rebeldía’, en el CIDECI, Universidad de la Tierra de Chiapas, los días 6 y 7 de mayo.
“Luchamos contra los megaproyectos que quieren poner aquí en Chiapas, y si no hacemos nada, entonces donde quedarán nuestros hijos el día de mañana cuando hayan hecho todo lo que dicen“.
Saludo a la Caravana “El Sur Resiste” de las compañeras de Palenque, Chiapas.
Durante el encuentro, más de 1.200 personas, entre ellas una representante de Entrepueblos, se encontraron para “visibilizar el despojo de territorios a nivel nacional y mundial por empresas y proyectos capitalistas, y extractivistas; la violencia que viven los Pueblos Originarios, las mujeres, las infancias como resultado de las guerras y la violencia del crimen organizado; y la imposición de megaproyectos que destruyen el medio ambiente en todo el mundo“, tal y como explica la organización de El Sur Resiste.
En la clausura del encuentro, se subrayaron el dolor y los destrozos que provoca en los cuerpos y los territorios la voracidad del gran capitalismo mundial y, más en concreto, de los daños del tren turístico y otros megaproyectos, así como la cultura de la violencia que ha permeado toda la sociedad, afectando especialmente a las mujeres, las jóvenes, las personas migrantes y los y las defensoras de derechos humanos y ambientales. “Esta infraestructura refleja la profundización de un modelo, basado en la extracción de hidrocarburos fósiles, que durante el siglo XX aceleró, de manera nunca antes vista, los indicadores de contaminación y del calentamiento global, reforzado por energías supuestamente limpias en manos del gran capital extranjero que no representa ninguna transición energética justa para los pueblos”, señalaron las portavoces en la lectura del pronunciamiento del Encuentro Internacional.
Las jornadas unieron en torno a este grito de resistencia a un total de 940 personas del Congreso Nacional Indígena pertenecientes a 38 pueblos originarios, así como a activistas y pensadores de varias partes de todo México y visitantes internacionales de América, Europa y otros lugares como Kurdistán.
El próximo lunes, 8 de mayo, arranca en Oviedo la gira de la Asociación de Mujeres Maya Kaqla, entidad de Guatemala con la que colaboramos desde Entrepueblos, y que ofrecerá varios talleres sobre autocuidados, sanación y prevención de violencias en Asturias, Burgos, Valencia (en el marco de nuestra Asamblea General 2023), Sevilla y Madrid, donde culminan su viaje por el Estado español el 18 de mayo.
Esta gira de talleres quiere promover un intercambio de conocimiento entre mujeres de diferentes culturas que tienen en común la defensa de los cuidados y la lucha contra las violencias patriarcales.
La Asociación Grupo de Mujeres Mayas Kaqla está compuesta por redes comunitarias de mujeres mayas expertas en acompañamiento psicológico a víctimas de violencia y racismo desde la propia cosmovisión maya.
Kaqla presenta una dilatada experiencia en procesos formativos y de sanación desde su creación, hace más de 25 años. Además, se ha especializado en construcción de conocimiento y en el diseño e implementación de metodologías de atención a sobrevivientes de violencia desde la visión de las mujeres mayas. El desempeño de Kaqla ha permitido la generación de conciencia colectiva e individual, así como cambios sustantivos en las personas beneficiarias de su trabajo, promoviendo el bienestar individual y colectivo de las mujeres que acompañan, de las comunidades y de los pueblos indígenas.
La red de incidencia EU-LAT, de la que formamos parte en Entrepueblos, ha emitido un nuevo comunicado en relación a la crisis social y política que atraviesa Perú, haciendo énfasis en la necesidad de proteger y respetar los derechos humanos de todos y todas las manifestantes. Así, en una Carta al Parlamento Europeo con fecha del 14 de abril, EU-LAT pide que la cámara representativa europea exija al Estado de Perú “poner fin a la criminalización de la protesta haciendo uso político del derecho penal, llegándose al extremo de utilizar el tipo penal terrorismo, para garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos al conjunto de la sociedad“.
De igual manera, EU-LAT y la Plataforma Europa Perú (PEP), demandan al Parlamento Europeo que en sus intercambios con el Gobierno peruano insista en que se ponga “fin a la estigmatización y la discriminación racial a las personas que se manifiestan activamente y a las acusaciones de “terrorismo”, y que se atienda y proteja a la población indígena, cumpliendo con el respeto de sus derechos individuales y colectivos así como los compromisos en el desarrollo del país“.
En la Carta, que puedes leer íntegramente aquí, EU-LAT insiste en que la urgencia de investigaciones “imparciales, diligentes, exhaustivas y transparentes“, que esclarezcan los
hechos y establezcan las responsabilidades penales derivadas de ellos, con un seguimiento de los mecanismos fundamentales; que se garantice una reparación integral a las víctimas de las graves violaciones a los derechos humanos y que la Fiscalía peruana destine personal suficiente para realizar todas las diligencias de forma exhaustiva con condiciones de seguridad para los testigos y familiares de las víctimas.
EU-LAT/EU-LAT Network, a la que pertenece Entrepueblos, es una red reconocida de más de 40 organizaciones europeas desde la que se incide en las políticas europeas respecto a América Latina. Se promueven, entre otros elementos, el respeto de los derechos humanos, la protección de personas defensoras y el medio ambiente en América Latina, para que sean incluidos de forma prioritaria en el diálogo político, la cooperación y el comercio de la UE con la región.
Racismo institucional y ataques a la libertad de información
Según la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), al menos 49 personas han sido asesinadas en ejecuciones extrajudiciales y uso excesivo de la fuerza durante la represión de las protestas. Por su parte, la Defensoría del Pueblo ha dado cuenta de 1.335 personas heridas (civiles y policías) en protestas, entre el 8 de diciembre de 2022 y el 10 de marzo de 2023.
Tras su misión a Perú a mediados de enero, el vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Stuardo Ralón, condenó el “exceso del uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad” y la “fuerte estigmatización por factores étnico, raciales y regionales por algunas autoridades que se han referido hacia todas la personas indígenas y campesinas como terroristas, terrucos, senderistas o indios, entre otras formas despectivas”. Asimismo, Amnistía Internacional alertó que esta violencia se ha desplegado mayoritariamente contra población indígena aymara y quechua, que hasta la fecha continúan su movilización demandando el cambio de las autoridades porque se sienten marginadas y excluidas. Es más, señaló que las fuerzas del orden hicieron uso indiscriminado de armas letales en contra de los manifestantes, que se puede vincular con el racismo sistémico arraigado en la sociedad peruana y en sus autoridades durante décadas.
Entre el estallido de las protestas y el 10 de enero de 2023, la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) también registró al menos 72 casos de violaciones al trabajo de los medios y agresiones a periodistas. La mayoría de estos ataques fueron perpetrados por la policía y el ejército.
“Nos va a servir para afrontar el contexto ultraconservador que estamos viviendo”, explicó Crissthian Olivera tras conocerse el fallo.
La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el ‘caso Crissthian Olivera Fuentes vs. Perú’ es histórica para la comunidad LGTBIQ+ en el país andino y tendrá implicaciones en las políticas y la regulación de los derechos humanos del colectivo.
Establece que el Estado peruano es responsable internacionalmente por haber discriminado a Olivera por su orientación sexual, debido a las respuestas administrativas y judiciales que brindó ante la denuncia que realizó, hace 18 años, cuando fue expulsado de un supermercado por, supuestamente, mostrar “afecto” a su pareja. Concretamente, determina que el Estado peruano violó los derechos a la libertad personal (Art.7.1), garantías judiciales (Art.8.1), vida privada (Art.11.2), igualdad ante la ley (Art.24) y protección judicial (Art.25.1) de la Convención Americana de Derechos Humanos.
Tal y como explica DEMUS, organización que lidera la campaña Justicia Arco Iris, en la que colaboramos desde Entrepueblos, el Estado peruano como responsable internacional deberá encargarse de:
Una campaña informativa anual para sensibilizar y concientizar sobre derechos LGTBIQ+
Un plan pedagógico integral en materia de diversidad sexual, de género, igualdad y no discriminación, con perspectiva de género y derechos humanos de personas LGTBIQ+ en el ámbito de consumo.
Una política pública para monitorear y fiscalizar a que las empresas y sus trabajadores cumplan con la legislación nacional así como los estándares interamericanos sobre igualdad y no discriminación.
Además, la CorteIDH reconoció que, como resultado de la denegación de justicia, se vio afectada la salud mental de Olivera, ya que “padeció un profundo sufrimiento y angustia en detrimento de su integridad psíquica y moral”. Así, como parte de las medidas de reparación, se estableció que el Estado peruano brinde tratamiento psicológico/psiquiátrico a la víctima.
Las comunidades de Intag han vuelto a derrotar a la minería. La Corte Provincial de Imbabura aceptó el pasado 29 de marzo la acción de protección interpuesta por los pobladores de esta región del norte de Ecuador, una de las más ricas del Planeta en recursos biológicos y ambientales, en contra del proyecto minero Llurimagua operado por la minera chilena CODELCO y la estatal ecuatoriana ENAMI.
La sentencia emitida por la corte, según la información del Frente Nacional Antiminero, anula la licencia ambiental otorgada hace ya casi 10 años a la empresa estatal minera, por considerarse vulnerados los derechos a la consulta previa ambiental y los derechos de la naturaleza en el estudio de impacto ambiental aprobado.
Con la decisión de la corte provincial, ya son 6 las empresas mineras transnacionales que han debido abandonar la zona de Intag. Desde 1997, cuando la japonesa Bishimetals, subsidiaria del gigante Mitsubishi, fuera expulsada, otras 5 empresas, incluyendo ahora CODELCO, han tenido que retirarse de una zona donde su población, de manera firme, organizada y pacífica, se ha enfrentado a los proyectos mineros que amenazan la naturaleza y las comunidades.
Intag se encuentra en la región del Chocó y los Andes Tropicales, las zonas con mayor biodiversidad del planeta, y es cuna de 21 ríos primigenios, más de 80 mil hectáreas de bosques, una importante producción agrícola y una rica cultura campesina. Esta sentencia, junto con la emitida a favor del Bosque Protector Los Cedros, también en esta misma zona, marcan un hito en el reconocimiento de los Derechos de la Naturaleza, enfoque pionero en el mundo, ante la depredación que sufren nuestros pueblos en manos del capitalismo.
El extractivismo es la explotación masiva e intensiva de la naturaleza para su exportación como materia prima a un precio muy bajo que no compensa el coste medioambiental asociado y que perjudica y amenaza la forma de vida de las comunidades y las personas que viven y cuidan de sus pueblos. A diferencia de la minería artesanal, la megaminería requiere inversiones muy elevadas y tiene impactos nocivos sobre el entorno natural y social de los territorios: acapara millones de hectáreas, contamina ríos, mares y lagunas, produce millones de desechos sólidos y líquidos y genera ganancias de millones de dólares para las empresas transnacionales.
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